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Economía

Crisis del combustible: Experto de la UMSA apunta a fallas de custodia; choferes piden garantías

Víctor Tarqui afirmó que los choferes ya no aceptarán garantías verbales del Gobierno y demandó pruebas técnicas concluyentes sobre la calidad del combustible.
25 de mayo, 2026 - 16:41
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Imagen: captura de video
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La Paz, 25 de mayo de 2026 (ANF).- La crisis por la calidad del combustible en Bolivia sumó nuevas observaciones técnicas y presiones desde el sector del transporte. El ingeniero químico Diego Alejandro Miranda, investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos (IIDEPROQ) de la Universidad Mayor de San Andrés, afirmó que existen evidencias de procesos de oxidación y formación de resinas en la gasolina comercializada, mientras que el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, exigió certificaciones técnicas independientes que garanticen que el combustible no dañará los motores de los vehículos.

Las declaraciones surgen en medio de una controversia que evolucionó desde la negación inicial del problema por parte de YPFB hasta el reconocimiento de fallas y el pago de compensaciones económicas a miles de afectados por la denominada “gasolina desestabilizada”.

Miranda sostuvo que los análisis realizados mediante espectroscopía infrarroja ¬-distinto a los análisis fisicoquímicos realizado por el Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA- detectaron una “huella dactilar” química compatible con la presencia de resinas o gomas, compuestos que no deberían encontrarse en niveles críticos en combustibles de alta calidad. Según explicó, estas sustancias son producto de procesos de oxidación acelerada de las olefinas presentes en la gasolina y, con el tiempo, pueden afectar el funcionamiento de los motores.

“El problema no es solamente el combustible como producto final, sino toda la cadena de custodia”, señaló el especialista a ANF, quien atribuyó la degradación a múltiples factores relacionados con almacenamiento, transporte y control de calidad.

Entre las hipótesis planteadas por Miranda se encuentra la exposición prolongada del combustible a altas temperaturas durante el transporte, especialmente en regiones cálidas como el Chaco boliviano, lo que aceleraría las reacciones químicas con el oxígeno. A ello se suma la posible presencia de metales de transición, como manganeso, que actuarían como catalizadores capaces de disparar la oxidación de manera extrema incluso en concentraciones mínimas.

El investigador también vinculó el problema a los periodos de escasez registrados en meses anteriores. Explicó que los tanques vacíos de almacenamiento quedan llenos de aire y oxígeno, y que, si no se ejecutan protocolos adecuados de limpieza y remoción de óxidos antes de ser reutilizados, el combustible nuevo puede contaminarse inmediatamente.

“El combustible debería mantenerse estable durante meses, pero con agentes oxidantes presentes puede degradarse en cuestión de días”, advirtió.

Miranda aclaró además que el etanol no constituye el problema principal. Por el contrario, afirmó que puede ayudar a diluir ciertos residuos. Sin embargo, indicó que el mal manejo del almacenamiento permite que el etanol absorba humedad del ambiente, favoreciendo la corrosión de los tanques y liberando metales que aceleran la formación de gomas y resinas.

El especialista cuestionó también los mecanismos estatales de verificación y control. Aunque reconoció que los proveedores internacionales pueden contar con certificaciones, remarcó que corresponde al Estado boliviano comprobar la calidad del combustible tanto en frontera como antes de su distribución al mercado interno.

En ese sentido, señaló posibles deficiencias en los protocolos de limpieza de tanques y en la homogeneización de mezclas en plantas de YPFB. Asimismo, criticó la falta de apertura hacia instituciones académicas y centros de investigación que, según dijo, cuentan con equipos capaces de realizar análisis rápidos y de bajo costo.

“Las universidades no deberían estar excluidas de estos controles técnicos cuando existe incertidumbre en la población”, sostuvo.

Desde el sector del transporte, la reacción fue de desconfianza frente a las explicaciones oficiales. Víctor Tarqui afirmó que los choferes ya no aceptarán garantías verbales del Gobierno y demandó pruebas técnicas concluyentes sobre la calidad del combustible.

“El Gobierno decía que el combustible era bueno y definitivamente nunca ocurrió eso”, cuestionó el dirigente, quien insistió en la necesidad de que laboratorios de la UMSA emitan informes independientes para demostrar que la gasolina está “totalmente pura” y libre de adulteraciones.

Tarqui aseguró que el sector transportista espera una garantía real de que los motores ya no sufrirán daños y advirtió que no permitirán que continúe la distribución de “gasolina basura”. También criticó la respuesta política del Ejecutivo y sostuvo que las autoridades debieron reconocer errores de manera más clara y transparente.

“El Gobierno central ha fallado y tiene que corregir la situación”, afirmó. Incluso planteó la necesidad de cambiar ministros y designar autoridades “probas” que puedan resolver la crisis y recuperar la confianza del sector.

La posición oficial, sin embargo, fue variando con el paso de las semanas. El 20 de febrero de 2026, YPFB aseguró públicamente que el combustible comercializado cumplía con las especificaciones técnicas vigentes y rechazó las denuncias del transporte cochabambino sobre gasolina de mala calidad.

Víctor Tarqui, dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia. Foto: El Alteño

No obstante, el 3 de febrero de ese mismo año, la estatal ya había admitido la existencia de “gasolina desestabilizada”. En un comunicado, informó que el combustible observado había sido aislado y sometido a tratamiento de estabilización, asegurando que la situación estaba bajo control.

El entonces presidente de YPFB, Yussef Akly, reconoció posteriormente que se encontraron residuos de “magnesio y goma” en tanques de almacenamiento, aunque señaló que esos contaminantes no habían sido detectados en los análisis iniciales.

Con el avance de las denuncias, la estatal pasó de desmentir los problemas a implementar compensaciones económicas. El 31 de marzo informó que cerca de 3.000 propietarios ya habían recibido indemnizaciones por daños vinculados a la gasolina desestabilizada. Un mes después, el 29 de abril de 2026, YPFB reportó que las compensaciones alcanzaban Bs 20,3 millones y que más de 9.300 vehículos habían sido atendidos.

/FC/AJA
 

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