La Paz, 15 de abril de 2026 (ANF).- Bolivia volvió a registrar una de las calificaciones más bajas en materia de transparencia fiscal al obtener 11 sobre 100 en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, manteniendo el mismo puntaje que en la medición anterior realizada en 2023). El resultado ubica al país muy por debajo del nivel considerado adecuado (61 puntos) y lo deja rezagado frente a otros países de la región evaluados en este estudio internacional, informó la Fundación Jubileo.
El informe, aplicado en 83 países, evalúa el acceso público a la información presupuestaria, la participación ciudadana en el proceso y el rol de instituciones de control como la Asamblea Legislativa y la Contraloría. En el caso boliviano, el estudio fue desarrollado por Jubileo, como entidad referente.
Uno de los factores centrales que explican la baja calificación es que el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) no se publica antes de su tratamiento en el Legislativo, lo que limita el acceso oportuno de la ciudadanía a información clave. Esta práctica reduce significativamente los estándares de transparencia y dificulta el control social sobre el uso de los recursos públicos.
El reporte también advierte debilidades en los mecanismos de fiscalización institucional. La vigilancia del Parlamento y de la Contraloría alcanza apenas 39 sobre 100, lo que evidencia limitaciones en el seguimiento y control del presupuesto estatal.
Además, el estudio señala que la evaluación se basa únicamente en documentos oficiales publicados y en actividades verificables, lo que implica que cualquier información no difundida públicamente no es considerada en la calificación final. En ese marco, se recomienda al país mejorar la publicación oportuna de información clave, especialmente antes del debate legislativo del presupuesto.
Pese a que el Gobierno revisa y realiza comentarios al informe antes de su difusión, los resultados reflejan que Bolivia mantiene un bajo nivel de apertura presupuestaria, lo que plantea desafíos importantes en términos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
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