La Paz, 5 de mayo de 2026 (ANF).- La minería ilegal en Bolivia ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una estructura que desafía abiertamente la autoridad del Estado. Así lo advirtió Jaime Sanabria, director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), durante el Foro Internacional “Minería ilegal, violencia y crimen organizado”, donde expuso un diagnóstico sobre la expansión de estas actividades con respaldo político y control territorial propio.
Según Sanabria, el problema no se limita al impacto ambiental o a la evasión de normas administrativas, sino que constituye una amenaza directa a la gobernabilidad y a la soberanía estatal. En su análisis, la minería ilegal ha logrado infiltrarse en distintos niveles del poder público, generando redes de protección que dificultan cualquier intento de control efectivo.
El director de la AJAM reveló que, en recientes intervenciones, se identificó la participación de exautoridades de alto nivel en operaciones mineras ilegales a gran escala. Entre los implicados —según señaló— figuran un exsenador, un expresidente de la Cámara de Diputados y un exgobernador de Potosí junto a su entorno familiar. Estos casos, afirmó, evidencian la profundidad de los vínculos entre esta actividad ilícita y el poder político.
A ello se suma la presunta complicidad en el tráfico de insumos clave, como el mercurio. Sanabria mencionó el ingreso de al menos cuatro toneladas de este material desde México, lo que —a su juicio— solo es posible con la participación o negligencia de instancias estatales encargadas del control aduanero y la fiscalización.
El fenómeno también tiene raíces en el ámbito local. Alcaldes, asambleístas y sectores comunitarios participan o protegen estas operaciones, muchas veces impulsados por la falta de alternativas económicas. Esta dinámica genera un entramado social que refuerza la permanencia de la minería ilegal en diversas regiones del país.
En el plano institucional, Sanabria cuestionó la falta de respaldo legislativo y judicial. Indicó que el Parlamento no ha acompañado reformas clave, como la prohibición del mercurio o la modificación de la ley minera, mientras que el Ministerio Público —según denunció— presenta altos niveles de inacción, con fiscales que dilatan procesos o permiten el rechazo de causas.
Uno de los aspectos más críticos es la pérdida de control territorial. El titular de la AJAM afirmó que existen zonas donde el Estado ha dejado de ejercer autoridad, configurando verdaderos espacios bajo dominio de redes ilegales. Entre estas áreas mencionó regiones del norte de La Paz, como Pelechuco, Curva, Sorata y Mapiri; zonas del Beni, particularmente en los ríos Beni y Madre de Dios; y sectores de Potosí como Tupiza y Chuy Chuy.
En estos territorios, la presencia de grupos armados es cada vez más evidente. Sanabria señaló que operativos estatales han sido repelidos con armamento moderno e incluso explosivos, incluyendo armas presuntamente sustraídas de instalaciones militares. En algunos casos, como en la comunidad de Lipichi, los intentos de restitución de derechos mineros legales derivaron en enfrentamientos con heridos por arma de fuego.
La situación es aún más preocupante en áreas protegidas, donde la minería ilegal se ha expandido sin control. La falta de un censo actualizado de operadores impide dimensionar el problema y limita la capacidad de fiscalización.
Sanabria concluyó que la magnitud de la minería ilegal ha superado la capacidad de respuesta del Estado, debilitado por procesos de desinstitucionalización y por la desventaja frente a organizaciones que manejan recursos financieros y tecnológicos superiores.
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