La Paz, 26 de marzo de 2026 (ANF).- A más de cuatro meses de la promulgación de la Ley de Reparación Integral para víctimas de violaciones a derechos humanos, representantes de afectados por la crisis de 2019 denunciaron un estancamiento en su implementación y advirtieron sobre el riesgo de que la norma sea frenada o incluso anulada por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa.
Leonardo Jora, representante de las víctimas de Sacaba, expresó su preocupación por la falta de reglamentación de la ley, un paso indispensable para que las medidas de resarcimiento puedan hacerse efectivas. “Es el punto que más interesa a las más de 100 víctimas que represento, porque de eso depende que llegue la ayuda que necesitan”, afirmó en contacto con ANF.
Según Jora, la ausencia de avances responde a una “falta total de voluntad” del Ejecutivo. “No han movido ni un solo dedo. Hemos enviado varias solicitudes y no hemos recibido ninguna respuesta”, sostuvo, al señalar que este silencio administrativo evidencia, a su juicio, una intención de no cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El dirigente también alertó sobre un posible escenario más crítico: que la mayoría oficialista utilice su control legislativo para dejar sin efecto la norma. “Ya hubo amenazas de un legislador, ahora senador, de anular esta ley. Con los dos tercios que tienen, eso es posible”, advirtió.
Para Jora, la falta de reglamentación no solo implica un retraso administrativo, sino que constituye un acto de discriminación hacia sectores sociales, especialmente del área rural, y una forma de evitar el reconocimiento pleno de los hechos de violencia ocurridos en 2019.
“Las familias tenían mucha esperanza de que esto se concretara pronto, porque su situación económica es muy difícil”, añadió.
La Ley de Reparación Integral fue aprobada tras años de presión de víctimas y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, que exigían al Estado boliviano garantizar justicia, memoria y resarcimiento por los hechos de violencia de 2019.
No obstante, aunque la promulgación en noviembre de 2025 marcó un avance normativo, su aplicación efectiva sigue pendiente. La norma establece que sin reglamentación no pueden activarse mecanismos clave como la Comisión Nacional de Reparación, los programas de compensación económica, la atención médica y la rehabilitación integral.
Este vacío impide que las medidas previstas se materialicen y prolonga la incertidumbre de las víctimas, evidenciando una brecha entre el reconocimiento legal y su implementación.
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