La Paz, 13 de agosto de 2025 (ANF).- El capítulo Análisis de los derechos identificados como vulnerados de la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia Boliviana, “Escuchen nuestras voces, para proteger nuestros derechos”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, expone un diagnóstico preocupante: en Bolivia, múltiples derechos de niñas, niños y adolescentes son vulnerados de forma sistemática, afectando su desarrollo integral y bienestar.
El estudio identifica que la violencia, en todas sus manifestaciones, sigue siendo una de las principales amenazas. Los casos de maltrato físico, psicológico y sexual se presentan en el hogar, la escuela y la comunidad, con una respuesta institucional insuficiente para prevenir, atender y sancionar a los responsables.
El derecho a la educación también aparece severamente afectado. Persisten altos índices de deserción escolar, especialmente en áreas rurales e indígenas, donde la falta de infraestructura, materiales y personal capacitado impide garantizar una enseñanza inclusiva y de calidad. La pobreza y la necesidad de trabajar son factores que profundizan esta situación.
En materia de salud, el informe destaca la limitada cobertura de servicios y la falta de atención especializada en salud mental y sexual y reproductiva. Muchas comunidades carecen de centros de salud cercanos, lo que obliga a niñas y adolescentes, especialmente embarazadas, a recorrer largas distancias para recibir atención.
La situación de la justicia es otro punto crítico. Las demoras procesales, la revictimización y la ausencia de mecanismos adaptados a la niñez y adolescencia generan desconfianza en el sistema. Casos de abuso sexual y violencia tardan años en resolverse, dejando a las víctimas sin protección efectiva.
El derecho a la identidad, que debería garantizar el acceso a documentos personales, enfrenta obstáculos por trámites burocráticos y costos. Esta carencia limita el acceso a servicios básicos, la matrícula escolar y el ejercicio pleno de otros derechos.
El informe también alerta sobre la persistencia del trabajo infantil y adolescente en condiciones peligrosas, tanto en el campo como en las ciudades. Aunque existen normativas para erradicarlo, la debilidad en la fiscalización y la falta de alternativas económicas para las familias impiden avances reales.
En el ámbito de la participación, se evidencia que las opiniones de niñas, niños y adolescentes no siempre son tomadas en cuenta por autoridades, familias o instituciones. Esto limita su capacidad de incidir en decisiones que afectan sus vidas, contrariando principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El derecho al juego y a un medio ambiente sano también está en riesgo. La inseguridad en espacios públicos, la contaminación y la falta de áreas recreativas afectan directamente el esparcimiento y desarrollo saludable de la niñez.
La discriminación hacia niñas, niños y adolescentes indígenas, con discapacidad o en situación de pobreza sigue siendo una realidad cotidiana. Actitudes excluyentes y estigmatizantes en la escuela, el trabajo y la comunidad profundizan las desigualdades.
El documento subraya que estas vulneraciones no son hechos aislados, sino el resultado de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la débil presencia estatal en zonas alejadas. La Defensoría del Pueblo advierte que, sin políticas integrales y sostenidas, será imposible revertir esta situación.
En conclusión, el informe insta a las autoridades de todos los niveles a priorizar la protección integral de la niñez y adolescencia, destinando recursos suficientes, fortaleciendo las instituciones y asegurando que las políticas públicas respondan a las realidades y demandas expresadas por los propios niños, niñas y adolescentes del país.
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