La Paz, 11 de septiembre de 2025 (ANF).- Con el inminente cambio de gobierno en noviembre de este año, las víctimas de la masacre de Senkata denunciaron un clima de hostigamiento y amenazas, mientras que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) alertó sobre el riesgo de que la justicia se utilice como un instrumento de revancha.
David Inca, activista de derechos humanos y representante de las víctimas de Senkata, relató que en las últimas semanas tanto él como otros familiares de fallecidos y heridos en los hechos de 2019 han recibido mensajes intimidatorios. Según asegura, los textos contienen insultos y advertencias de cárcel o incluso de muerte.
“A nosotros igual ya nos están amenazando, a mí ya me llegan mensajes donde me dicen: ‘vas a morir perro, perro masista, cuando entre el (nuevo) gobierno te vamos a sentar la mano, te vamos a meter a la cárcel’; y no solo a mí me llegan esos mensajes, a las verdaderas víctimas las están amenazando”, denunció Inca en contacto con ANF.
El activista explicó que las amenazas no provienen únicamente de perfiles anónimos en redes sociales, sino también de vecinos de El Alto que, según él, reaparecieron en el escenario político con simbología de partidos opositores.
“Los mismos vecinos que estaban calladitos, ahora aparecen con el gorrito del Tuto Quiroga o con el gorrito de campaña del Rodrigo Paz; entonces, sí, estamos sintiendo esa revancha”, afirmó.
En octubre se realizará la segunda vuelta de las elecciones generales para elegir al nuevo presidente del país entre Jorge Tuto Quiroga, considerado de extrema derecha, y Rodrigo Paz Pereira, de centro derecha.
Ante esta situación, Inca sostuvo que ya puso en conocimiento a la Defensoría del Pueblo y pidió a las instancias internacionales activar los protocolos de protección tanto para víctimas como para defensores de derechos humanos.
Yolanda Herrera, vicepresidenta de la APDHB, coincidió en que el clima social muestra señales de polarización, pero remarcó que el fondo del problema está en la forma en que la justicia ha sido utilizada en las últimas décadas.
“Tenemos antecedentes e historias nefastas vistas en todos los momentos del cómo la justicia ha actuado, y en estos 20 años hacia atrás y también mucho más atrás, entonces, la población va observando como que la justicia es más un instrumento de poder político, de oportunismo y no como un garante de derechos humanos”, señaló a ANF.
Herrera apuntó que este uso político de la justicia genera un círculo de resentimiento difícil de romper, por lo que es en alguna medida comprensible la reacción de la gente, “entendible, por las heridas que deja el actuar de la justicia al servicio de un gobierno, el nivel de sufrimiento, el exilio entre comillas que dicen que muchos han sufrido, el tiempo que han tenido que estar en centros penitenciarios, por todo eso es muy entendible que tengan estas narrativas”.
Pero, agregó, de ser así “creemos que lo único que van a hacer es nada más seguir profundizando el manoseo de la justicia, porque el tema de la revancha es siempre como un juego del ping pong, va y vuelve”, advirtió.
Para Herrera, el desafío actual es cortar con esa lógica, y considera que hoy el país tiene la oportunidad y el desafío de “cortar y apegarse al estado de derecho, porque es cierto que no se puede permitir impunidad”. “La impunidad debilita el estado democrático, y lo que hace es dejar a la gente que ha cometido delitos con este sabor de triunfo, y generar en la gente que ha sido víctima una situación de indefensión y un acumulo de resentimiento”, sostuvo.
La activista resaltó además que el respeto a los derechos humanos y la independencia judicial son condiciones innegociables para reconstruir la confianza ciudadana.
Mientras tanto, David Inca narró situaciones de hostigamiento más directas que, asegura, demuestran que la tensión no es solo virtual. “El sábado pasado, estaba almorzando, y ha aparecido un señor que no lo conozco, nunca lo he visto, pero abiertamente ha dicho que Tuto va ser presidente y que ningún abogadillo de los terroristas de Senkata tiene que estar en esta zona, lo vamos a expulsar. Entonces, están así las cosas, es decir, no es un temor, sino algo ya real, palpable”, relató.
Inca expresó su preocupación por la falta de pronunciamiento de los líderes políticos frente a estos incidentes y los exhortó a emitir mensajes de pacificación. “Por eso también en alguna entrevista yo he exhortado a los dos líderes -Tuto Quiroga y Rodrigo Paz- a que instruyan a su militancia, a su fanaticada, que no entren en actitudes racistas y discriminadoras, una vez que alguno de ellos jure como presidente, porque si no hay esa convocatoria de uno de los dos, va a ser vía libre para hacer lo que les dé la gana”, advirtió.
El activista insistió en que organismos nacionales e internacionales ya están en alerta por la situación y reiteró que el riesgo es tangible. “Ahorita es momento de que ellos lo pongan así, en preaviso. Nosotros ya lo hemos puesto en preaviso a la Defensoría del Pueblo, al Alto Comisionado de la ONU, a la CIDH, y ellos van a activar sus protocolos”, aseguró.
Frente a este panorama, Yolanda Herrera recordó que las heridas abiertas del pasado reciente no pueden resolverse con más persecución política, y si se apegan al estado de derecho, si se manejan en el marco del respeto de los derechos humanos, “yo creo que podríamos avanzar y dejar de utilizar estos grupos de choque, grupos que se utilizan para presionar, porque muchas veces la justicia ha actuado más que por justicia, solo por presión, por cuidar la fuente laboral o lo que fuera, más por ese nivel que realmente por la administración de justicia”.
Herrera remarcó que, si bien la indignación social puede ser comprensible, no se debe permitir que la justicia sea un mecanismo de revancha. “Entonces, si bien es entendible la reacción, no se puede aceptar esa tónica de revancha que se está queriendo establecer en la ciudadanía”, afirmó.
Alertó además que el discurso de revancha suele ir acompañado de narrativas racistas y discriminatorias que profundizan las divisiones. “Es una mirada de que esto realmente no continúe, no se dé estas narrativas, con este tinte también discriminatorio y racista, porque un partido político es un partido político, el MAS es un partido político y punto, y está en el marco de los derechos políticos y civiles, y la gente que ha sido masista no puede ser calificada como si fuera un sinónimo de corruptos o lo que fuera”.
Dijo que hay que poner las cosas en su justa dimensión, y sancionar a quienes efectivamente han tenido el poder de decisión, el poder de manipulación, el poder para que ocurran situaciones como las de 2019, como las de Llallagua y como se ha dado en varios lugares, “donde lamentablemente han tenido niveles de protección de la policía, niveles de impunidad en el ámbito de la justicia”.
La vicepresidenta de la APDHB subrayó que el proceso será complejo, pero necesario para reconstruir la institucionalidad democrática, pero, dijo, “ojalá no se retroceda, sino, se mantenga en la firmeza de encontrar una justicia reparadora, una justicia que efectivamente sea accesible, sea transparente y que la ciudadanía tenga credibilidad nuevamente en la administración de justicia”.
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