Dos guardaparques son procesados por un operador minero de nombre Ramiro Cuevas, quien ingresó de manera ilegal al Madidi haciendo caso omiso al jefe de Protección de ese parque.
Dino Franco, presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, dijo a la ANF que están en “alerta” y “emergencia”, no solo por la deforestación en Bajo Paraguá, sino por la ocupación ilegal.
Los guardaparques enfrentan solos el proceso que interpuso un minero, sin el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pese a que cumplieron sus funciones.
El proceso está en su etapa final y el 20 de febrero se instalará la audiencia de juicio oral, el demandante pide al menos tres años de cárcel para los guardaparques.
Pese a existir una resolución que confirma que se intentó ingresar maquinaria al Madidi, un juez del juzgado penal de Apolo aceptó la denuncia de Cuevas e inició un proceso penal por difamación y calumnia contra los guardaparques.
Mamani llegó desde Tipuani a La Paz para denunciar la actividad extractivistas que tiene en vilo al municipio, ya que agregó que debido a la minería irresponsable se registran los desastres naturales.
El Cedib difundió un estudio el año pasado y atribuyó los recurrentes desastres por riadas en el norte paceño al incremento e intensificación de las actividades de explotación de oro aluvial.
El viceministro Política Minera informó que concluyeron la etapa de diagnóstico para elaborar el plan de uso de reducción de uso mercurio, ahora viene el trabajo de elaboración.
El Gobierno de Suriname aprobó la llegada de 50 familias para un proyecto agrícola que arranca con 30 mil hectáreas (dos veces la tasa de deforestación anual de Suriname) y se proyecta hasta las 300 mil, según Terra Invest.
El alcalde de Entre Ríos, Teodoro Suruguay, afirmó que respetarán y apoyarán la decisión de los comunarios, tomando en cuenta los problemas que han expuesto en el encuentro.
El subprocurador de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa, Gustavo Medina, resaltó que esos incendios afectaron y vulneraron varios derechos de la población boliviana.
El viernes pasado, el Gobierno remitió un memorial a la Asamblea Departamental de Santa Cruz para derogar varios artículos de la Ley Departamental 208 de creación de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Güenda – Urubó
