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Cuidado de la casa común

REPAM propone abrogar Ley 741 sobre desmontes porque intensifica el tráfico de tierras y de madera

La REPAM publicó su tercer informe sobre Vulneración de los Derechos Humanos en la Panamazonía en el que analiza el caso de Roboré, municipio afectado por los incendios forestales y avasallamientos.
22 de abril, 2024 - 16:52
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Tras los incendios. Foto:  Dico Solís
Tras los incendios. Foto: Dico Solís

La Paz, 22 de abril de 2024 (ANF).- Ante la vulneración de derechos ambientales y sociales de las comunidades indígenas y el avance feroz del desmonte de tierras a través de los incendios; la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) reabre el debate para que el Gobierno abrogue la Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para el desarrollo de actividades agrícolas aunque en el fondo estaría promoviendo el tráfico de tierras y de madera.

“Con la vigencia de esta ley en el 2015, se permite desmontar y quemar tierras con vocación forestal, intensificándose de esta manera no solo el tráfico de tierra, sino también el de madera. (...) Según las denuncias, se estaría incumpliendo la función económica social (de la norma), más bien, estarían envueltas en la venta ilegal de tierras y madera, generando enfrentamientos entre la población”, señala el tercer informe regional sobre Vulneración de los Derechos Humanos en la Panamazonía.

La Ley 741 fue promulgada por el expresidente Evo Morales en septiembre de 2015 junto a otras leyes para “potenciar al sector agropecuario”. La norma también establece como finalidad: “ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario para garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria”. 

En ese contexto, la REPAM analizó lo que ocurre en Roboré, región que forma parte de la Chiquitanía boliviana, donde el avasallamiento de tierras y los asentamientos humanos ilegales en Tucabaca generaron tensiones y deterioro del equilibrio ecológico. Asimismo identificaron que la falta de regulación y control efectivo permitieron que grupos de personas invadan y ocupen áreas protegidas. “Los territorios están siendo concesionados por el propio Estado, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”, dice el documento.

A la falta de regulación se suma, la presencia de los interculturales que “son, en proporciones cada vez más importantes, productores que tienen una serie de vínculos e intereses comunes con los medianos y grandes empresarios y que se alejan, cada vez más, de los intereses de los campesinos pobres que, en determinados momentos del año, son sus peones temporales asalariados” como afirma el investigador Gonzalo Colque de Fundación Tierra, citado por REPAM.

La Red Panamazónica también señala que las regiones de Roboré y Chochis enfrentan una batalla judicial en defensa de la propiedad de sus terrenos. Pese a que la comunidad El Portón recuperó el título colectivo de 321 hectáreas, personas ajenas a la comunidad continúan reclamando derechos propietarios. 

“Los avasallamientos no se detienen a pesar del título. Los incendios también están causando grandes daños. Les están dejando sin agua, sin comida, sin nada. La expansión de la frontera agrícola que deforesta en nombre del famoso desarrollo social, es otro problema más”, recalca la institución eclesial.

Los derechos vulnerados que identifica la REPAM son: Derecho al territorio, derecho a tener un ambiente sano (afectado por los incendios forestales), derecho al agua (vulnerado por las sequías como consecuencia de la deforestación) y los derechos de libertad y expresión (atropellado cuando los dirigentes y líderes indígenas se ponen al frente para que las comunidades fantasmas afines al gobierno no penetren a los bosques y Áreas Protegidas en Roboré). 

Ante este panorama adverso para las comunidades indígenas de la Chiquitanía, la REPAM propone además de abrogar la Ley 741, prohibir los asentamientos en las áreas afectadas y promover su regeneración impidiendo que se cambie el tipo de uso de suelo; promulgar la nueva ley del medio ambiente y cambios en la ley forestal que proteja la aptitud del bosque; y anular las resoluciones de asentamientos de las tierras fiscales por no cumplir con los requisitos de la actividad económica dentro de los parámetros ambientales.

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