La Paz, 12 de abril del 2026 (ANF).- La marcha de indígenas y campesinos de Pando y Beni cumplió este domingo su quinto día de recorrido rumbo a La Paz, en protesta contra la Ley 157 que permite convertir la categoría de un pequeña propiedad a mediana.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó el miércoles la Ley 157 en un encuentro con empresarios agropecuarios. Ese mismo día, un centenar de campesinos decidió iniciar la caminata. A lo largo del recorrido, más representantes de comunidades se fueron sumando.
“Estamos partiendo de la ciudad de Riberalta, Beni, con destino a Australia a dar alcance a los hermanos de Pando que están esperando en Australia”, dijo un campesino hoy al partir junto a su comitiva.
Durante el cabildo convocado por el senador Nilton Condori, dirigentes de la Federación Campesina Tupac Katari indicaron que se sumarán a la protesta de sus pares de Pando y Beni cuando lleguen a La Paz.
El rechazo se centra en la disposición que habilita al Instituto Nacional de Reforma Agraria a reclasificar predios, lo que abre la posibilidad de su comercialización, acceso a financiamiento e incluso embargo.
Organizaciones indígenas de Pando advirtieron que la medida podría afectar territorios comunitarios de origen y propiciar la concentración de tierras. En respuesta, pueblos como los Yaminahua, Machineris, Esse Ejja, Tacana, Pacahuara y Cavineño definieron en una asamblea en Nanagua iniciar la protesta.
La protesta salió desde Porvenir y avanzó hasta El Sena en su segundo día. Los dirigentes también pusieron sobre la mesa la falta de respuesta estatal a demandas pendientes: aseguran que existen al menos 322 solicitudes de dotación de tierras que permanecen sin atención desde hace más de diez años.
Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, cuestionó el alcance de la Ley 157 de conversión de la pequeña propiedad a mediana y empresarial y advirtió que la norma favorecería principalmente a grandes agroempresarios, en lugar de beneficiar a campesinos e indígenas, como el Gobierno asegura.
Según el investigador, el problema central radica en que la ley se basa en una premisa que no se condice con la realidad. Aunque se presenta como un mecanismo para apoyar a pequeños productores que trabajan directamente la tierra, en la práctica los principales beneficiarios serían los grandes agroempresarios que durante años aprovecharon vacíos legales para titular sus tierras como si fueran pequeñas propiedades.
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