La Paz, 24 de abril de 2026 (ANF).- A más de cinco años del informe defensorial sobre la situación del pueblo ayoreo en Santa Cruz, el contraste entre los avances reportados por el Estado y la realidad en las comunidades sigue siendo profundo. Mientras la Defensoría del Pueblo destaca progresos en educación, salud, identidad y servicios básicos, líderes indígenas como Benjamín Chiqueno, referente de la comunidad Garay, sostienen que esos logros no se traducen en mejoras tangibles en la vida cotidiana.
“El avance no existe. Es peor hoy día”, afirmó Chiqueno a ANF, quien describió un escenario marcado por la exclusión estructural, la discriminación persistente y una fuerte dependencia de organizaciones no gubernamentales para cubrir necesidades básicas. Su testimonio pone en duda la efectividad de las políticas públicas implementadas tras el informe de 2020 “Situación del pueblo indígena ayoreo en las comunidades Degüi y Garay de Santa Cruz de la Sierra”.
En el ámbito de la salud, la Defensoría reportó, en una solicitud de informe a ANF, la realización de ferias informativas en idioma ayoreo, la implementación de modelos de atención intercultural en centros médicos y programas preventivos, como campañas contra el VIH-SIDA y el pago del Bono Juana Azurduy. Sin embargo, Chiqueno refutó que estos esfuerzos hayan tenido impacto sostenido.
Denunció que la atención continúa siendo exclusivamente en castellano, sin personal que domine la lengua ayorea, lo que limita gravemente el acceso. A ello se suma, según relató, un trato discriminatorio y la entrega de medicamentos de baja calidad.
La situación sanitaria se agrava en un contexto más amplio. De acuerdo con datos recogidos por organizaciones como la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), al menos seis personas ayoreas fallecieron entre enero y marzo de 2026 por enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Estas afecciones, que ya alcanzan a jóvenes, evidencian la falta de atención integral y estudios clínicos adecuados, en un entorno donde incluso acceder a exámenes médicos resulta económicamente inviable.
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