La Paz, 28 de mayo de 2026 (ANF).- La crisis económica y social que atraviesa Bolivia golpea con dureza a las personas con discapacidad, un sector que enfrenta dificultades extremas para acceder a medicamentos, alimentos especializados y condiciones mínimas de subsistencia, de acuerdo a la denuncia de Javier Salguero, activista y exfuncionario del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, quien aseguró que este grupo poblacional está sufriendo “el doble o el triple” que el resto de la ciudadanía.
Según Salguero, uno de los problemas más urgentes es el desabastecimiento de medicamentos en hospitales y farmacias privadas, situación que pone en riesgo la salud de personas con discapacidad psíquica, mental e intelectual. Explicó que en centros médicos como el Hospital de Clínicas faltan incluso los insumos más básicos, mientras que las recetas derivadas a farmacias externas tampoco pueden ser cubiertas debido a la escasez provocada por los bloqueos y restricciones en las carreteras.
“El deterioro de la salud es evidente porque muchas personas necesitan consumir sus medicamentos de manera obligatoria y diaria para mantenerse estables”, advirtió el activista. Aunque indicó que hasta el momento no se registraron fallecimientos vinculados a esta situación, alertó que los cuadros clínicos se agravan progresivamente.
La crisis alimentaria también afecta de manera severa a este sector. Salguero señaló que muchas personas con discapacidad requieren dietas específicas que hoy resultan inaccesibles tanto en hogares como en centros de rehabilitación. Productos esenciales como huevo, leche y pollo han incrementado considerablemente sus precios o simplemente no se encuentran disponibles.
Las regiones más afectadas, dijo, son La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y parte de Chuquisaca, donde las dificultades para el abastecimiento se han profundizado durante las últimas semanas.
A ello se suma la precariedad económica. Salguero afirmó que muchas familias pasaron de la pobreza a la extrema pobreza debido al incremento del costo de vida y a la insuficiencia del bono mensual de discapacidad, que se mantiene en 250 bolivianos para personas con discapacidad grave y muy grave.
“El bono ya no alcanza para cubrir las necesidades mínimas”, sostuvo. Como ejemplo, explicó que las personas con discapacidad física suelen depender de taxis especiales porque no pueden utilizar minibuses o micros convencionales, lo que multiplica sus gastos diarios de transporte.
El activista también cuestionó la estructura estatal de atención al sector y criticó que las políticas públicas mantengan un enfoque predominantemente médico. Consideró que la discapacidad debe ser abordada desde la inclusión social y la eliminación de barreras, y no únicamente como una enfermedad o una condición clínica.
En ese sentido, lamentó que instituciones vinculadas al área hayan sido subordinadas al Ministerio de Salud, dejando de lado políticas integrales de inclusión laboral, accesibilidad y protección social.
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