La Paz, 28 de abril de 2026 (ANF).- El proyecto de Ley 388 que plantea mecanismos estrictos para frenar el uso indebido de la inamovilidad laboral por discapacidad en el sector público, ha generado críticas de especialistas y representantes del sector, quienes advirtieron riesgos de retrocesos normativos y posibles efectos discriminatorios.
Jorge Salguero, exfuncionario de la Dirección General de Personas con Discapacidad, reconoció que existen distorsiones en la aplicación del beneficio, pero cuestionó el enfoque del proyecto.
“Se busca corregir la ‘viveza criolla’, pero se está poniendo en riesgo derechos fundamentales que han sido conquistados tras años de lucha”, sostuvo en contacto con ANF.
Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de un grado de discapacidad superior al 50% para acceder a la inamovilidad laboral cuando se trata de padres o tutores. Según Salguero, esta medida vulnera la protección integral de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
“La normativa vigente y las convenciones internacionales establecen que la protección no depende de si la discapacidad es moderada, grave o muy grave”, explicó. Añadió que este criterio podría ser aplicable únicamente en la etapa adulta, pero no en la niñez, por lo que su inclusión en la propuesta podría contradecir la Constitución Política del Estado.
La propuesta es impulsada por la diputada Claudia Bilbao Espinoza (PDC), que presentó la iniciativa en su calidad de presidenta de la Brigada Parlamentaria de La Paz. El proyecto fue remitido oficialmente a la Presidencia de la Cámara de Diputados el 8 de abril.
El proyecto también propone restringir el beneficio a un solo familiar por persona con discapacidad, exigir tutorías formalizadas mediante resolución judicial y establecer controles periódicos para verificar la vigencia de la condición. En estos aspectos, Jorge Salguero encontró coincidencias.
“Es necesario evitar que tres personas se beneficien por un mismo familiar o que existan tutores sin responsabilidad real”, señaló.
Sin embargo, criticó que la propuesta centre su carácter punitivo en las familias y omita responsabilidades empresariales. Denunció que muchas instituciones públicas y privadas incumplen con la inserción laboral, no eliminan barreras y, en algunos casos, ejercen acoso laboral para forzar la renuncia de trabajadores con discapacidad.
“No se puede hablar de control sin sancionar también a quienes incumplen la inclusión”, advirtió.
Por su parte, Mario Cerezo, exdirector ejecutivo del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis) y representante del sector, coincidió en la necesidad de regular abusos, pero cuestionó el enfoque conceptual del proyecto.
Consideró que la norma podría incurrir en un sesgo discriminatorio al centrarse en la “dependencia” y no en la autonomía de las personas con discapacidad.
“Parece que se enfoca en padres o tutores de personas con discapacidad intelectual, dejando de lado a quienes tienen discapacidad física, visual o auditiva y acceden al beneficio por sí mismos”, afirmó.
Cerezo también observó inconsistencias en el umbral del 50%. Recordó que la Ley 977 de Inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad permite acceder a beneficios desde la obtención del carnet de discapacidad, que se otorga a partir de un grado moderado, cercano al 26%.
“Subir el requisito al 50% es desconocer el marco vigente y limitar derechos ya reconocidos”, sostuvo en declaraciones a ANF.
En cuanto al uso indebido del beneficio, enfatizó que la inamovilidad no implica impunidad. Dijo que, si un servidor incumple sus funciones, puede ser sometido a procesos disciplinarios y eventualmente desvinculado. “La estabilidad laboral está condicionada al cumplimiento del trabajo”, aclaró.
En su criterio, el problema radica en la falta de conocimiento o aplicación de estas normas por parte de las unidades de recursos humanos.
El proyecto de Ley de Control, Regulación y Sanción contra el Abuso de Beneficios Laborales por Dependencia de Personas con Discapacidad en el Sector Público identifica prácticas como el uso del beneficio como fuero personal, la duplicidad de beneficiarios, certificaciones desactualizadas y vínculos familiares inexistentes, que generan —según el documento— un fraude al Estado. Para ello propone sanciones severas, incluyendo destitución, pérdida de beneficios y procesos penales.
No obstante, para Cerezo, la solución no pasa necesariamente por una nueva norma. “Sería más útil reformar y actualizar la Ley 977, fortaleciendo su aplicación, en lugar de crear un nuevo marco que podría generar más conflictos”, planteó.
Ambos entrevistados coincidieron en que cualquier modificación debe construirse con participación directa del sector. Salguero advirtió que una aprobación sin consenso podría desencadenar movilizaciones sociales.
“La población con discapacidad es altamente sensible a la vulneración de sus derechos. Se requiere diálogo, empatía y responsabilidad política”, enfatizó.
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