La Paz, 27 de mayo (ANF).- En medio de la cuarentena y el incremento de casos de coronavirus (Covid-19) en el país, principalmente en el oriente, ayer se registraron enfrentamientos por conflictos de propiedad en la región de San Javier (Santa Cruz). La dirigencia de la Central Indígena Paikoneka de San Javier (CIP-SJ) y la Organización de Mujeres Indígenas Paikonekas (OMIP) dijeron que fueron víctimas de hechos de racismo y violencia en instalaciones de la sede de la Central.
Este sector denunció que se trató de un avasallamiento propiciado por autoridades del municipio de San Javier, funcionarios municipales, personas particulares y miembros del Comité Cívico municipal.
Instituciones como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) informaron que cerca del medio día se generó un enfrentamiento, en el cual el alcalde Armando Barbery Landivar “golpeó a varias compañeras indígenas, ocasionándoles serias lesiones. Estos hechos de racismo y violencia se generaron en el marco del conflicto que arrastra el municipio de San Javier y la organización indígena de San Javier por el Centro Prenatal Paikoneka”,señalan.
Se trata de una infraestructura con fines médicos construida en una parte del terreno de la CIP-SJ, a fin de brindar acceso al servicio de salud a las mujeres y niños de las comunidades, “pero que hasta la fecha no se encuentra en funcionamiento; y donde el municipio, sin consulta ni consentimiento previo, pretende habilitar un centro de aislamiento para tratar a las y los posibles enfermos de Covid-19”, detalla una nota del Cejis.
Esta situación generó preocupación en la dirigencia y las comunidades indígenas, debido a que la determinación de la Alcaldía no consideró que en el predio también funcionan las oficinas de la CIP-SJ, y donde a diario llegan mujeres y hombres de las distintas comunidades para proveerse de medicamentos y alimentos durante esta cuarentena, dado que tienen que afrontar la pandemia en situación de fragilidad ante la carencia de centros de salud comunitarios, medicamentos y servicios básicos, lo que los pone en evidente riesgo de contagio frente a la pandemia.
Sin embargo, el conflicto de fondo está vinculado al derecho propietario que tiene la CIP-SJ sobre el lote de terreno en el que está construido el Centro Prenatal y que la Alcaldía se niega a reconocer, alegando que es una propiedad municipal. De forma permanente, la autoridad edil ha evitado tratar el tema de fondo y, más al contrario, ha iniciado una campaña de desprestigio contra la Central, acusándola ante el pueblo de San Javier de oponerse al derecho a la salud que tiene toda la población.
“El accionar del Alcalde, funcionarios públicos, miembros de la policía boliviana, personas particulares y el Comité Cívico, no solo representa una vulneración a los derechos humanos de las mujeres indígenas paikonekas de San Javier, por atentar contra la salud de las comunidades que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad por la amenaza del Covid–19, así como el desconocimiento al derecho a la propiedad privada, sino que constituye un acto flagrante de racismo”, denunció el Cejis.
Videos que se obtuvieron tras el incidente muestran la denuncia de miembros de este sector que afirmaron que fueron víctimas de agresiones físicas e insultos discriminadores por parte de los funcionarios ediles.
Hasta esta hora no hubo pronunciamiento desde la alcaldía de San Javier. ANF intentó comunicarse con el Alcade de San Javier sin obtener respuesta a las llamadas.
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