10 de octubre, 2016 - 15:50
Autoridades de gobierno y de Acobol anuncian la aprobación dell reglamento de la Ley 243. Foto: ANF
La Paz, 10 de octubre (ANF).- A nivel nacional se procesan 272 causas por acoso y violencia política hacia mujeres en ejercicio de la función pública, informó la ministra de Justicia, Virginia Velasco, al anunciar la aprobación del reglamento de la Ley 243.
El decreto reglamentario de la ley fue puesto en vigencia este lunes después de cuatro años de aprobada la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
La participación política de las mujeres ha alcanzado porcentajes inéditos en Bolivia, 51% en la Asamblea Legislativa Plurinacional, 45% en las asambleas departamentales y 51% en los concejos municipales; esos avances, sin embargo, han venido aparejados de niveles extremos de violencia y acoso político especialmente en los niveles subnacionales.
Según el reporte de la ministra Velasco, de las 272 causas por violencia política, los departamentos que registran el mayor número de ellas son Chuquisaca (64 causas), La Paz (54), Potosí (48), Santa Cruz (37) y Cochabamba (16).
La Ley Contra el Acoso y la Violencia Política fue aprobada como emergencia del asesinato de la concejala Juana Quispe, ocurrido el 12 de marzo de 2012, pero a la fecha no se emite sentencia contra quienes han sido señalados como los responsables de su muerte.
Antes de esa fecha, Celia Sillus Muni, del municipio de Inquisivi, fue atropellada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas; Herminia Mamani, del municipio de Viacha, y que denunció acoso político por parte de un diputado, falleció en junio de este año como consecuencias de otro atropellamiento; la alcaldesa de Collana, Bertha Quispe, electa con el 52% de los votos, fue destituida de manera ilegal. Cindi Paniagua, del municipio de Villa Rivero, abortó como consecuencia de una golpiza que le propinaron para evitar que cumpla sus funciones de fiscalización.
El ministro de Autonomías, Hugo Siles, aseguró que la aprobación del reglamento constituye un homenaje a todas las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados en el ejercicio de sus funciones y recordó que actualmente ejercer funciones 1007 concejalas, 19 alcaldesas y 120 asambleístas departamentales electas por voto popular.
El decreto reglamentario de la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que fue consensuado con la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), define procesos sumarísimos a los que deben sujetarse las comisiones de ética de los órganos deliberativos como instancias encargadas de conocer y resolver las denuncias de acoso y violencia política en la vía administrativa, en un plazo que no debe exceder los 15 días. Establece que una denuncia formulada por la vía administrativa puede presentarse de manera simultánea por la penal.
Estipula la obligación de implementar sistemas de monitoreo y registro audiovisual de las sesiones de los órganos deliberativos de todos los municipios del país “para evidenciar los casos de acoso o discriminación que se cometan en contra de las mujeres en el ejercicio de sus funciones”, explicó Velasco.
Según la Ley 243 quienes cometan acoso o violencia política podrán ser sancionados por la vía administrativa con amonestación escrita en caso de faltas leves, con amonestación escrita y descuento del 20% en caso de faltas graves, y con suspensión temporal sin goce de haberes hasta 30 días en casos de faltas gravísimas.
La ley incorpora en el Código Penal los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres y establece que quien impida el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres será pasible a una pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Las sanciones se agravarán con un tercio de la pena en caso de que la víctima esté embarazada o le provocan un aborto, sea mayor de sesenta años, no tenga instrucción escolarizada, sea persona con discapacidad, e involucre a sus hijos para presionarla, o los actos de acoso y violencia sean cometidos por dos más personas.
/ZA/RPU/
