La Paz, 14 de abril de 2026 (ANF). - La falta de alimentación, insumos médicos, personal de salud y desvío de recursos son algunas de las irregularidades que detectó la Defensoría del Pueblo en el Instituto Erick Boulter, el Instituto de Adaptación Infantil y en el Centro Niño Jesús administrados por la Gobernación de La Paz.
“Hay una vulneración sistemática en el tema de alimentación porque el Estado ha fallado en garantizar una provisión suficiente, continua, delegando las responsabilidades a donaciones externas y al aporte solidario, incluso del propio personal de estos institutos”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), de la Defensoría del Pueblo, presentó un informe de seguimiento al reporte ‘Población en Situación de Vulnerabilidad en Centros de Acogida’ en el que se evidenció que la Gobernación de La Paz no cumplió con las recomendaciones que se hizo en octubre de 2025.
Entre el 12 y 13 de marzo se realizó una intervención a los centros anteriormente señalados. En la inspección al Instituto Erick Boulter, para personas con discapacidad, se identificó una disminución en la alimentación y no se cumplió con la dieta de los internados.
El centro generalmente recibe donativos del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), de autoridades judiciales y organismos no gubernamentales; mientras que el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) no cumple con su rol y, si lo hace, es insuficiente.
Asimismo, se verificó la escasez de insumos médicos, precariedad de los equipos para la atención de las personas con discapacidad. Incluso se adaptaron botellas pet como bolsas de colostomía.
La misma situación se replica en el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI), que atiende a niños y adolescentes con discapacidad y no cuenta con médicos de turno. También se detectó que los juzgados de Niñez y Adolescencia remiten a algunos menores de edad que presentan problemas de conducta, no una discapacidad.
En el caso del centro Niño Jesús, que alberga a niños recién nacidos hasta los seis años en situación de vulnerabilidad, se evidenció que no existe un correcto registro de los donativos el cual genera dudas sobre su destino, tampoco cuenta con médicos de turno ni especialistas.
“Hay una irregularidad administrativa en la gobernanza interna, existen denuncias del uso indebido de los bonos destinados a las personas con discapacidad sin el consentimiento previo. Se está realizando una investigación en particular por parte de la Defensoría del Pueblo”, precisó Callisaya.
Finamente, recomendó a la Gobernación de La Paz y al Sedeges corregir esas irregularidades y evitar que genere consecuencias en el estado de salud de los internos.
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