La Paz, 13 de octubre de 2022 (ANF). – Un 3 de marzo de 2017, Edson España acabó con la vida de Alejandra, su pareja y madre de su hijo de dos años, asestándole 17 puñaladas. La escena desgarradora era observada por Óscar Eduardo, conocido como “Lalito” que en ese entonces tenía 10 años y clamaba por auxilio para salvar a su mamá. Su pedido no fue escuchado por ningún vecino de la zona y, para silenciarlo el agresor lo mató con 10 estocadas. Ese feminicidio dejó tres huérfanos, uno de ellos tiene discapacidad y hasta el momento la familia no consigue reparar el daño.
¿Cómo se repara el daño tras un feminicidio? Esa es una pregunta que a diario se hacen los familiares de las víctimas de feminicidios en el país que peregrinan por justicia para sus hijas, hermanas, sobrinas asesinadas, sobre todo para los huérfanos que quedan de estos crímenes y que es la población más afectada por los asesinatos debido a las secuelas emocionales y el grado de vulnerabilidad y desprotección en la que quedan.
De acuerdo a datos del Observatorio de la Exigibilidad, del 1enero al 30 de septiembre de esta gestión se reportaron 94 huérfanos por feminicidio, de esa cifra 84 son menores de edad. El mayor número se encuentra en Santa Cruz con 30, le sigue La Paz con 25, Cochabamba 22, Beni ocho, Potosí cuatro, Tarija tres, Oruro uno, Chuquisaca uno.
En el caso del feminicidio de Alejandra y el infanticidio de Lalito, el agresor fue sentenciado a 30 años de prisión. Incluso el juez otorgó una sentencia de reparación material. Pero para concretar ese “beneficio” la familia debía iniciar una demanda al Estado, pero la burocracia, la falta de recursos y el riesgo de una nueva revictimización y desgaste emocional para los huérfanos desanimaron a iniciar esa acción.
“En nuestro caso que es feminicidio e infanticidio está el resarcimiento de daños materiales, el juez ha dictado que dentro de la sentencia tendríamos que demandar al Estado para que haya un resarcimiento material y que se ponga el nombre de mi sobrino en una plaza o calle, pero hasta el momento solo tenemos la sentencia, no hay la ejecutoriada que es otro proceso desgastante”, afirma a la ANF Michelle Shaw, representante de familias de víctimas de feminicidio en Bolivia y hermana de Alejandra.
Shaw agrega que en territorio nacional no se conoce casos en el que se haya ejecutado las reparaciones para las familias de víctimas que van desde la reparación integral y económica.
“Las reparaciones son integral y económica, está última contempla cuál ha sido el tipo de afectación que ha dejado la muerte de la mujer, cuánto es el daño al proyecto de vida. En el caso de mi hermana era joven y ha dejado tres niños en la orfandad y una con discapacidad, el Gobierno debe asumir y aplicar la reparación sobre todo por los hijos que quedan afectados, pero nadie realiza nada. No hay reparación en el país”, señala.
Lo que más lamenta la activista es la falta de apoyo para toda la familia de las víctimas de feminicidio. Dice que muchos en su desesperación acudieron a organismos internacionales para buscar la reparación integral de daños, otros ponen su esperanza en las autoridades judiciales del país, pero no se cumple.
“No se cumple la reparación porque todo está a cargo de la familia y a veces no cuentan con el dinero ni el tiempo y se desaniman peor por la burocracia, incluso hay casos que se han enviado a comisiones internacionales, pero han quedado ahí”, señala.
¿Qué es la reparación integral del daño?De acuerdo a Shaw tiene como objetivo principal que las niñas y niños, así como sus abuelas que en muchos casos se convierten en sus madres, reconstruyan el proyecto de vida que les fue coartado por el feminicidio.
El Estado está obligado a reparar el daño integralmente a las víctimas indirectas del feminicidio por no prevenir los asesinatos y no atender a las mujeres en riesgo ni sancionar a los agresores.
Shaw afirma que urge crear un programa para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio, sobre todo la atención psicológica y la garantía de otros derechos como a la salud y la educación.
“En Bolivia no hay un tratamiento especial para las familias, hay hijas únicas que han sido asesinadas y las madres son las que más sufren, incluso atraviesan depresiones a tal punto que sus familias se disuelven. Lo que más falta es el apoyo psicológico tanto para la familia y los huérfanos que han visto morir a su madre y su vida ya no es la misma”, relata.
Para la abogada y defensora de los derechos humanos, Paola Barriga, el Estado carece de un registro oficial sobre la cantidad de huérfanos por feminicidio y por esa razón no existen políticas públicas para proteger a este sector vulnerable ni a las familias de las víctimas.
En un proyecto que realiza la jurista plantea que se tome como prioridad el bienestar y desarrollo de las familias e hijos de víctimas.
“Pido que se otorgue a todos los huérfanos de víctimas de feminicidios una asistencia mensual, hasta su mayoría de edad, tengan educación, seguro de salud y a los familiares que se hagan cargo de los huérfanos, gocen de inamovilidad funcionaria, si cuentan con algún cargo público o privado, puedan ser beneficiados con algún subsidio que sirva de apoyo, para el crecimiento y desarrollo de los menores que ahora forman parte de esta nueva familia ampliada”, dice.
Para la investigadora Marlene Choque, que realizó un estudio sobre feminicidio, sus situaciones procesos y consecuencias en La Paz y El Alto, aclara que el delito no acaba con la muerte de la víctima, sino perdura con los huérfanos del feminicidio y que la reparación para este sector debe ser prioridad.
“Estos niños quedan solos, sin mamá, con el papá en la cárcel o que fuga y los más triste es que atraviesan la separación de hermanos porque cuando son numerosos se disuelven con varios familiares. Muchas veces estas familias que los reciben no tienen los recursos para criarlos y no saben cómo apoyarlos. Los desafíos son grandes”, añade.
Violencia en ascenso
Los datos del Ministerio Público reflejan que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento cada año, desde la gestión 2018. A tres meses de cerrar la gestión 2022, se registra 33.453 casos de maltrato que representa el 72% de los registrados en la gestión 2021 que sumaron 46.840. Mientras que los casos de feminicidio a la fecha suman 74 en todo el país.
Ante las cifras elevadas, la Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno a priorizar las acciones en contra de este delito y abordarlas de forma y generar “las condiciones y garantizar a las niñas, niños y adolescentes con madres víctimas de feminicidio, el acceso a servicios que coadyuven en su recuperación emocional”.
También piden que se implemente políticas integrales, una mayor asignación de recursos por parte de todas las entidades territoriales autónomas para la prevención, atención y protección por hechos de violencia, pero sobre todo, generar las acciones afirmativas que permitan la construcción plena de sus proyectos de vida.
Sumatoria de penas
La activista Michelle Shaw y la abogada Paola Barriga coinciden en que se debe endurecer los castigos penales en contra de los delitos de gravedad, sobre todo apoyan que se aplique la sumatoria de condenas para feminicidas e infanticidas como parte de un resarcimiento al daño ocasionado a las familias.
Shaw se refirió a la cuarta sentencia de 30 años que recibió el asesino serial Richard Choque por el delito de feminicidio y considera que esta sanción es una burla, además de ser un riesgo para las familias de las víctimas ya que solo permanecerá 30 años privado de libertad, pese a que cometió cuatro asesinatos a sangre fría.
“Como familiares y víctimas nos encontramos alarmadas e impotentes porque en este caso debería aplicar una sentencia con sumatoria de condena por los distintos crímenes que ha cometido este señor y que se lo minimice a solo 30 años sin derecho a indulto no compensa todo el daño que ha ocasionado. Esto debería ser un llamado de atención a todas las autoridades y legislar todos los proyectos que se han presentando para aplicar la sumatoria de penas”, indica Shaw.
Refiere que en el caso del feminicida es probable que a sus 57 años cumpla los 30 años de sanción y que al quedar libre vuelva a cometer los asesinatos porque en los penales no se trabaja en la rehabilitación de estos criminales.
“Creo que tiene 27 y va a salir a los 57 años y quién sabe que por buena conducta salga antes y va ser un riesgo para la sociedad, para las familias que están en riesgo de vulnerabilidad. Este señor ha matado hasta su propio familiar, es un riesgo, no existe un avance normativo, tiene que existir una cadena perpetua en resarcimiento al tipo de daño que ha cometido porque ellos ya han matado y no van a tener miedo de hacer daño”, remarca.
Barriga comenta que es urgente la aplicación de la cadena perpetua ante el incremento desmedido de asesinatos de mujeres y niños en territorio nacional.
“Todos los días advertimos el ascenso, en muertes de mujeres a manos de sus parejas, constituyéndose en feminicidios como también infanticidios, crímenes que después de una agresión sexual, viene el ataque contra la vida, entonces estamos advirtiendo en el 80% de casos, dos tipos de delitos violación y feminicidio, violación e infanticidio, pero la máxima condena actualmente es de 30 años. Pero si tuviéramos la sumatoria de delitos, se obtendría 60 años de cárcel, con lo que se garantizaría la seguridad de la sociedad en su conjunto y que este tipo de delitos, sea objetivamente sancionado”, dice.
De acuerdo a la jurista el Régimen Penitenciario por el hacinamiento carcelario contabiliza día y noche las condenas, es decir que un sentenciado a 30 años, podría salir de prisión los 15 años.
La abogada cree que es posible aplicar esa propuesta y que solo se requiere “la voluntad política” de las autoridades y propiciar un referendo, mediante el cual se haga la pregunta, si están de acuerdo en aplicar la sumatoria de delitos y la aplicación de cadena perpetua para de esta manera modificar la Constitución Política del Estado e incorporar la máxima sanción para los criminales.
Tanto Shaw como Barriga exigen a las autoridades que se realice acciones concretas para frenar la violencia en contra de mujeres y niños. Sobre todo se otorgue la reparación de daño integral y garantías para proteger a las familias e hijos de víctimas de feminicidio que no tienen acompañamiento para afrontar el duelo, ya que estos niños o adolescentes vivieron en un entorno de violencia y cuando quedan solos atraviesan cambios fuertes y a veces no lo pueden superar.
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