La Paz, 16 de abril de 2026 (ANF).- La protección de los animales en Bolivia enfrenta serios obstáculos estructurales que van desde limitaciones constitucionales hasta la falta de compromiso de las autoridades locales. Así lo advirtió Susana del Carpio, representante de Animales SOS, quien sostuvo que la reforma de la Ley 700 es urgente, pero insuficiente sin voluntad política para aplicarla.
Del Carpio explicó que uno de los principales problemas de la normativa actual es su falta de operatividad en situaciones de emergencia. “Hoy no existe una reglamentación clara que permita a la Policía o a funcionarios municipales ingresar a un domicilio cuando la vida de un animal está en riesgo inminente”, señaló en entrevista con ANF.
Casos de animales encadenados, sin alimento o sometidos a violencia suelen quedar sin intervención inmediata debido a trabas burocráticas.
En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar mecanismos similares a los de la Ley 348, que permite acciones rápidas ante riesgos de feminicidio. La activista propone que la reforma de la Ley 700 habilite allanamientos inmediatos en casos de flagrancia, evitando demoras que pueden resultar fatales.
El diputado Manolo Rojas propone modificar la Ley 700 para fortalecer la protección animal. La iniciativa plantea endurecer sanciones por maltrato y biocidio, incorporar cárcel efectiva, implementar carnetización de mascotas y una estrategia nacional vinculada a salud pública. También impulsa campañas de esterilización para controlar la sobrepoblación y reducir riesgos sanitarios.
Otro punto crítico es la falta de obligatoriedad para los gobiernos municipales. Según Del Carpio, actualmente muchas alcaldías se niegan a intervenir en rescates de animales heridos o víctimas de faenado clandestino.
“La ley debe obligar a los municipios a actuar, no dejarlo a su discreción”, afirmó.
Pese a sus limitaciones, reconoció que la Ley 700 ha tenido un impacto importante al visibilizar el maltrato animal en el país, de forma similar a lo ocurrido con normativas sobre niñez o violencia de género. Sin embargo, advirtió que las leyes por sí solas no transforman prácticas culturales arraigadas.
En cuanto a su alcance, Del Carpio cuestionó que la norma excluya a la fauna silvestre, limitando su protección únicamente a animales domésticos. Atribuyó esta decisión a intereses políticos que marcaron su aprobación.
No obstante, el principal freno es de carácter constitucional. La activista explicó que, según el artículo 302 de la Constitución, la protección animal es competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Esto impide, dijo, que una ley nacional sea más amplia sin correr el riesgo de ser anulada por invadir competencias locales.
Como resultado, la Ley 700 se reduce principalmente a la tipificación de delitos como el biocidio y los tratos crueles en el Código Penal, dejando vacíos en materia de prevención y acción administrativa.
Para Del Carpio, la solución pasa por fortalecer las leyes municipales, que —aunque más completas— no se aplican de manera efectiva.
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