La Paz, 12 Dic. (ANF).- La contaminación de la laguna Alalay con heces fecales y sustancias tóxicas está penada por ley y sus autores, cómplices y encubridores tienen pena de cárcel de uno a cuatro años, en cumplimiento del Artículo 107 de la Ley del Medio Ambiente y concordante con el Código Penal en vigencia.
Los conceptos corresponden al abogado ambientalista, Andrés Gilberto Gonzales, quien afirmó que llegó el momento de sancionar los delitos ambientales que están tipificados por la Ley 1333 del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario, y pese a existir las fiscalías medioambientales.
Dijo que la contaminación de la laguna Alalay, uno de los patrimonios naturales de la ciudad de Cochabamba, atraviesa una severa contaminación de sus aguas producto de la rotura del sistema de alcantarillado del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) y las sustancias tóxicas que vierten las textileras o fábricas de jeans que operan en sus alrededores.
“Los autores están identificados y nadie hace absolutamente nada. Las autoridades municipales ociosamente o por desconocimiento, se contentan con hacer anuncios o declarar en emergencia al espejo del agua, cuando debería iniciarse procesos legales a los autores, cómplices y encubridores del crimen ecológico”, agregó.
Asimismo, lamentó que las organizaciones ambientalistas o ecologistas, hayan recurrido equivocadamente a la Contraloría Departamental, cuando debían haber presentado la denuncia por delitos ambientales a la Fiscalía de Medio Ambiente, en cumplimiento de los alcances de la Ley 1333 que sanciona la “delincuencia ecológica”. Recordó que dicha Ley está vigente desde el 27 de abril de 1992 y su Decreto Reglamentario desde el 8 de diciembre de 1995.
Precisó que el artículo 107 sostiene: “El que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos o bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza, en los cauces de aguas, en las riberas, acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques de agua, capaces de contaminar o degradar las aguas que excedan los límites a establecerse en la reglamentación, será sancionada con la pena de privación de libertad de uno a cuatro años y con una multa del cien por ciento”.
El artículo 115 sostiene: ”Cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice de contravenciones o faltas tipificadas por la presente ley y disposiciones afines, sufrirán el doble de la pena fijada”.
Asimismo, dijo que según el artículo 114, lo delitos tipificados por la Ley del Medio Ambiente son de orden público y serán procesados por la justicia ordinaria con sujeción al Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, además de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en sus artículos 154 y 224 por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Gonzales afirmó que el desastre ecológico o ambiental de la laguna Alalay no sólo debe enfrentarse con planes de mitigación, cambio de aguas y otras medidas paliativas, sino que debe sentarse un gran precedente jurídico para que los gerentes de Semapa y los propietarios de las textileras, previa investigación de su identidades, sean procesados conforme a ley para que paguen sus culpas con la pena privativa de cárcel. No hacerlo es un saludo a la bandera, pues ya nada restablecerá los daños ocasionados a esa fuente de agua y donde a diario mueren peces y la fauna acuática y silvestre, agregó.
Según el abogado ambientalista, en varios puntos del departamento se cometen delitos ambientales ya sea por la tala indiscriminada de bosques, árboles ancestrales y la contaminación de ríos, afluentes, lagos y fuentes de agua.
Sostuvo que el Parque Nacional Tunari es víctima permanente de degradación a través de incendios, y nadie hace nada, excepto denuncias de las que no se hace seguimiento. Lo mismo dijo ocurre con los bosques de Covendo-Altamachi en la provincia Ayopaya donde los cultivos de coca y la explotación selectiva de madera van diezmando los recursos naturales.
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