La Paz, 14 de septiembre (ANF).- Pasaron 21 meses desde que el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz inició una auditoría jurídica al caso de Renatto Cafferata y hasta la fecha la posibilidad de conocer los resultados es incierta.
Los principios de la auditoría jurídica que debieran aplicar los auditores para la ejecución de sus labores como la responsabilidad, permanencia, integralidad, oportunidad, función preventiva, independencia, objetividad, racionalidad y legalidad no se aplicaron.
El funcionario que inició la auditoría y recibió toda la documentación en diciembre de 2018, Ernesto Vidaurre, fue cambiado. Todo el legajo solicitado “se encuentra abandonado en una caja en el piso del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz de la Sierra y sin ninguna intención (de los funcionarios) de hacer la auditoría jurídica, tantas veces solicitada”, se lee en la denuncia presentada por la madre de Renatto Cafferata al representante del Ministerio de Justicia de Santa Cruz, José Álvaro Yañez.
Renato Cafferata sentenciado a 30 años de prisión por el crimen de su novia, del que se declara inocente, en un proceso judicial irregular que fue cuestionado por una sentencia constitucional también incumplida por las autoridades, entregó al Consejo de la Magistratura de Santa Cruz toda la documentación requerida para la auditoría.
A esa instancia llegaron los cuadernillos de la investigación de la FELCC, pruebas del Ministerio Público en el juicio oral, la denuncia por prevaricato a los jueces del Tribunal Quinto en lo Penal de Santa Cruz, denuncia contra el vocal Sigfrido Soleto, copias de las acciones constitucionales y de los incumplimientos a sentencias constitucionales y las denuncias contra el policía Kent Ortiz que perdió pruebas importantes. También entregó 19 CDs sobre el desarrollo del juicio oral.
El Consejo de la Magistratura debía emitir un informe sobre el peritaje realizado, pero la valoración fue suspendida con el cambio del entonces auditor. La nueva auditora, Valeria Vidaurre, dijo que no tiene ninguna orden de las autoridades para realizar la revisión. Mientras lleva adelante otras auditorías.
“No he recibido ninguna orden para hacer su auditoría jurídica”, dijo Valeria, según refiere Gladys Centeno, madre de Cafferata.
Desde el Ministerio de Justicia se realizaron gestiones para que se retome la auditoría al caso. En recientes días llegó una hoja de ruta a manos de Vidaurre para que inicie la auditoría, pero ahora ella objeta que iniciará solo con documentos originales y no con los enviados hace casi dos años y que fueron recibidos por su colega de turno.
Para Centeno, se trata de una “falta de respeto a los derechos un ser humano” de parte de la funcionaria, que pretende dilatar una vez más la auditoría jurídica.
Valeria Vidaurre “se quedó dos años con esa documentación, pero como ya recibió la hoja de ruta, dice ahora que solo trabaja con documentos originales”, lamentó Centeno, que sabe por experiencia que los trámites se empantanan por el “capricho”, “la mala fe” e "intereses" de algunos funcionarios.
Hace más de cuatro años que las autoridades incumplen una sentencia constitucional que favorece a Cafferata al disponer un nuevo juicio luego de que se evidenciara la vulneración de sus derechos al haber excluido el juez pruebas clave, restricción indebida del derecho a la defensa, entre otros, que terminó con una sentencia de 30 años en su contra por asesinato. Él se declara inocente.
Centeno presentó denuncian ante el Ministerio Público contra los vocales Sigfrido Soleto Gualoa y David Valda Terán por incumplimiento de sentencia hace más de un año. La respuesta de las autoridades fue el silencio.
Según el índice de Estado de Derecho de la organización World Justice Project, Bolivia se encuentra en los últimos lugares como el país con la peor justicia del mundo.
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