Renatto Cafferata internado por una enfermedad. Foto: RRSS
La Paz, 14 de diciembre (ANF).- La justicia boliviana incumple por casi cuatro años seguidos la sentencia constitucional que favorece con un nuevo juicio al ciudadano peruano Renatto Cafferata, luego de haberse evidenciado la vulneración de sus derechos fundamentales con una serie de hechos irregulares en el proceso, con denuncias de extorsión y tortura de por medio. Cafferata fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la muerte de su enamorada.
El 15 de febrero de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió mediante la sentencia SCP 0099/2016-S2 que el proceso en contra de Cafferata se retrotraiga hasta su primera instancia para un nuevo juicio, y se restituyan sus derechos vulnerados, al haberse acreditado que durante el proceso penal ante la justicia ordinaria, se vulneró su derecho a la defensa.
Desde entonces, la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz conformada por los vocales Sigfrido Soleto -que hizo noticia por dormirse en las audiencias- y Hugo Iquise, no cumple con el citado mandato.
La justicia ordinaria, en sus fallos emitidos en supuesto cumplimiento de la decisión del TCP, se limitó a justificar el razonamiento de sus sentencias anteriores, las mismas que el TCP ha determinado que han vulnerado el debido proceso de Cafferata.
Existen cuatro autos constitucionales (12 de septiembre de 2019; SCC II N° 11/28 de 18 de octubre de 2018, SCC II N° 05/2016 de 15 de mayo de 2018 y SCC II N° 17/2017 de 6 de septiembre de 2017) que han fallado a favor de Renatto Cafferata, declarando que la justicia ordinaria no ha dado cumplimiento a la sentencia del TCP.
La embajada del Perú lamentó que a lo largo de casi cuatro años, en los que se hizo pedidos concretos a la cancillería boliviana, así como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para transmitir la preocupación del Gobierno Peruano por la violación del debido proceso y los derechos fundamentales de su connacional, no se haya cumplido la sentencia.
Cafferata permanece cerca de nueve años como detenido preventivo y sin sentencia ejecutoriada en el penal de Palmasola, en un juicio en el que no se le permitió brindar su versión de los hechos en el juicio, ante el “apuro” de los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia Julio Nelson Alva y Adhemar Rueda Esquivel, y una serie de fiscales que acompañaron el proceso, por dictar sentencia en el caso, sin importar la vulneración de derechos.
En el proceso se perdieron pruebas y no se consideraron otras que favorecían a Cafferata, su familia fue extorsionada en varias oportunidades por funcionarios del Ministerio Público y de la Policía con pedidos de dinero a cambio de favorecerlo en el caso, peticiones que fueron rechazadas, según la denuncia.
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