La Paz, 29 de abril (ANF).- El aumento de casos de feminicidio y violencia contra la mujer y menores de edad ha generado un sentimiento social e institucional sancionador que busca encarcelar a quienes cometen este tipo de delitos, sin embargo, esta situación también genera “procesos sin derecho a un juicio justo” contra quienes muchas veces resultan involucrados a sola denuncia. La presión popular y mediática demanda resultados inmediatos. Las autoridades legislativas modifican leyes y los ministros presentan “chivos expiatorios” como muestra de su “eficiente gestión”, según el criterio de tres juristas que advierten que toda esta situación va debilitando la ya afectada institucionalidad democrática.
“Hemos vuelto a la etapa inquisitiva en que la sola acusación o sospecha en contra de un hombre por el delito de feminicidio va a significar su procesamiento y su encarcelamiento inmediato, y lo más probable, es que al margen de cualquier investigación, de la prueba que pueda existir y del debido proceso, los hombres van a ser victimas sistemáticamente de esta persecución judicial, de esta presión mediática, porque cuando muera una mujer forzosamente deba existir un hombre en la cárcel”, dijo a ANF el abogado constitucionalista, Paul Tolavi.
El jurista advirtió que la presión mediática y popular contra de este tipo de procesos, al que se suman la presión institucional provenientes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacen que “quien sea acusado de feminicidio y de este tipo de hechos tenga la mínima posibilidad de salir libre”.
Refirió que esta situación es tomada como una “oportunidad” por las autoridades de gobierno que aprovechan para decir: “Estamos haciendo justicia, ya tenemos un hombre en la cárcel”.
Sin embargo, detrás de estos tribunales mediáticos y populares, que son aprovechados por las autoridades, existen víctimas que engrosan las estadísticas de la injusticia por presentar “buenos resultados”.
“La violencia no tiene género, las víctimas tampoco, pero las víctimas son de dos tipos: las que son verdaderamente víctimas y las que se hacen”, dijo a ANF el abogado Jorge Quiroz quien estima de acuerdo a su experiencia profesional como litigante, que al menos un 40% de los acusados por violencia contra la mujer son inocentes, y pese a haber demostrado esta calidad con pruebas, recibieron sentencias condenatorias.
Explicó que en uno de los casos que atendió, en el área rural, no coincidían la hora ni el lugar del supuesto hecho en que el acusado habría cometido el delito, sin embargo, fue condenado a 15 años de cárcel.
En otro caso, un varón de profesión albañil fue condenado a 20 años de cárcel, pese a que una prueba científica forense lo liberaba de culpa. Cuando tuvo la sentencia en primera instancia, uno de los jueces le dijo que es inocente y que saldría con la apelación restringida. Sin embargo, lleva siete años en la cárcel.
Quiroz indicó que los políticos capitalizan esta situación de presión popular y mediática “buscando resultados abultados para que hagan conocer y cumplan con los compromisos tanto nacionales como internacionales en torno al supuesto castigo a la violencia”.
Tolavi añadió que, en su caso, como abogado defensor de Renatto Cafferata, acusado por la muerte de su enamorada, su defendido es víctima de esta presión popular e institucional. Dijo que pese a existir una sentencia constitucional que pide un nuevo juicio para su defendido por haberse vulnerado de manera flagrante el derecho a la defensa y a presentar pruebas, no es cumplida. Incluso existe una auditoría jurídica que evidencia más de 50 actos concretos de perjuicio en el avance del mismo, sin embargo, nunca fue tomado en cuenta en el proceso.
“Renatto es víctima de esta situación y no tiene ninguna posibilidad de obtener una resolución judicial que tome en cuenta los elementos de su defensa, que tome en cuenta sus derechos fundamentales, a tener un juicio justo, a que en el juicio se presenten las pruebas y se le posibilite presentar pruebas que es lo que se le ha imposibilitado en el juicio, y es lo que ha dicho la sentencia constitucional”, explicó.
Con la ratificación de sentencia a 30 años de cárcel sin derecho a indulto y sin hacer efectiva la sentencia constitucional, dijo, las autoridades “le siguen negando sistemáticamente un juicio justo por esta presión mediática, por esta presión institucional, porque en este tipo de casos (siempre) salga un hombre sancionado y exista un hombre en la cárcel”.
Para el jurista Marcial Huanca, la presión mediática “es demasiada y ahora más con las redes sociales”. Dijo que los operadores de Justicia están presionados socialmente para tener una sentencia de manera rápida y efectiva.
Advirtió la abierta intromisión del Órgano Ejecutivo en las decisiones judiciales de casos de violencia, con el propósito de ganar respaldo de la población y conseguir la aprobación para “imaginariamente mostrar a la sociedad que estamos avanzado en tema de justicia”.
“Los índices de aceptación deben crecer, al Poder Ejecutivo le interesa que la sociedad califique de manera adecuada el trabajo del Ministro de Justicia, del Ministro de Gobierno, y la sociedad esté satisfecha con el trabajo de ellos, estas autoridades van a presionar para que el sistema judicial actúe de acuerdo a lo que ellos quieren”, enfatizó.
El jurista Tolavi dijo al respecto que esta situación en la justicia es parte de la “sistemática depauperación” de la institucionalidad del país, debido que “no es solo el Órgano Judicial el que cae en esta vorágine de actividad sospechosa, de actividad sancionadora sin justificaciones, sino también está Legislativo que es el que dicta las leyes”.
/ANF/
