La Paz, 17 de septiembre de 2025 (ANF).- El diputado del MAS Rolando Cuéllar formalizó este miércoles ante la Fiscalía General del Estado una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce Catacora, en el marco del denominado caso Botrading. La denuncia apunta a presuntos sobreprecios e irregularidades en la importación de combustibles a través de contratos firmados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Este daño económico viene desde estos contratos. La escasez de diésel y gasolina que hemos sufrido los bolivianos está vinculada a Botrading y YPFB”, declaró Cuéllar en conferencia de prensa.
Cuéllar aseguró que la subsidiaria Botrading, constituida en Paraguay, es una “empresa fantasma” que firmó 12 contratos de suministro de diésel y gasolina, generando un perjuicio estimado en más de 250 millones de dólares al Estado boliviano. Señaló que una comisión mixta de la Asamblea Legislativa, en un informe emitido el 12 de septiembre, ya había revelado las irregularidades.
El legislador acusó a Arce de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, sosteniendo que el mandatario tenía conocimiento del caso desde 2023.
De acuerdo con la normativa vigente, el Fiscal General tiene un plazo de 20 días para analizar la proposición acusatoria y, en caso de admitirla, emitir un requerimiento que deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para autorizar un juicio de responsabilidades contra el presidente se requiere el voto de dos tercios de los asambleístas.
El diputado aseguró que existe consenso entre todas las bancadas para avanzar en el proceso: “Arcistas, evistas, androniquistas y opositores nos hemos unido para luchar contra la corrupción. A Luis Arce Catacora no lo salva ni Batman de este juicio de responsabilidades”, dijo de forma tajante.
Según Cuéllar, una ciudadana paraguaya, con un capital muy bajo llegó a facturar más de 830 millones de dólares a través de los contratos firmados con YPFB. Además, advirtió que recibió amenazas de muerte tras hacer pública su intención de enjuiciar al mandatario.
El diputado, considerado hasta hace poco aliado del gobierno, se convierte así en el primer legislador oficialista en impulsar un proceso judicial contra un presidente en ejercicio, marcando un nuevo punto de quiebre en el MAS y en la arena política nacional.
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