La Paz, 16 de diciembre de 2025 (ANF).- El viceministro de Transparencia, Marcelo García, informó que se identificó a un exfuncionario del área de contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que habría incrementado su patrimonio en aproximadamente 15 millones de bolivianos en un lapso de tres años, hecho que es investigado por presuntos actos de corrupción.
“Hemos identificado un caso de un incremento patrimonial de un exfuncionario público, que en un lapso de tres años aproximadamente ha incrementado su patrimonio en 15 millones de bolivianos; casualmente este funcionario era miembro de YPFB, casualmente era jefe de contrataciones”, afirmó García durante la conferencia de prensa.
La autoridad señaló que este y otros casos similares son analizados mediante investigaciones patrimoniales, que también alcanzan a personas vinculadas a exfuncionarios. “Estamos generando investigación patrimonial a los funcionarios y a las personas que hayan estado vinculadas con los funcionarios”, precisó.
65 entidades del Estado bajo observación
El viceministro informó que, hasta la fecha, 65 entidades del Estado fueron denunciadas por presuntos hechos de corrupción y desfalcos, por lo que todas sus autoridades y responsables serán convocados a rendir cuentas.
“Como parámetro, hasta el día de hoy son 65 entidades denunciadas; esas 65 entidades han tenido autoridades, responsables y personas que han tomado decisiones que han causado daño al Estado, por lo que todas ellas van a ser convocadas”, manifestó García.
Aclaró que las investigaciones no se limitarán a una gestión específica, ya que, según dijo, “la corrupción no tiene gestión, no tiene fecha de vencimiento ni plazo”.
En ese marco, anunció que incluso la compra del avión presidencial realizada en 2010 será investigada por presuntas irregularidades y sobreprecio. “Se tenía una denuncia de que el avión que costó más de 38 millones de dólares tenía un costo real de aproximadamente 28 millones; una contratación de esas características debió ser una licitación pública internacional”, recordó.
Directora de la ANH deberá rendir cuentas si se hallan responsabilidades
Respecto a la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el viceministro dejó en claro que no existe ningún tipo de protección para autoridades en ejercicio.
“Si existe alguna responsabilidad de esta funcionaria o de cualquier otra funcionaria, seguramente también tendrá que rendir cuentas, como cualquier otra persona”, sostuvo.
García precisó que la ANH no conforma directamente la Comisión de la Verdad, aunque será convocada como instancia facilitadora de información en el marco de las investigaciones.
Habilitan código QR para denuncias anónimas
Como parte de las acciones para fortalecer la transparencia, el Viceministerio habilitó un sistema de denuncias anónimas mediante código QR, dirigido a la población, funcionarios, exfuncionarios y particulares que tengan conocimiento de hechos de corrupción.
“No vamos a pedir que nos manden su nombre ni apellidos completos, no vamos a pedir la dirección de los denunciantes; a nosotros lo que nos interesa es el hecho, el hecho a investigar”, afirmó García.
Explicó que el código QR direcciona automáticamente a un correo electrónico oficial donde se reciben las denuncias, sin necesidad de que el denunciante se presente de manera presencial. “Queremos abrir la posibilidad de que todas las personas hagan conocer hechos de corrupción sin miedo”, remarcó.
Añadió que, tras la sistematización de las denuncias, YPFB encabeza la lista de instituciones denunciadas, con más de 73 casos registrados.
Comisión de la Verdad investigará sin distinción política
El viceministro explicó que las investigaciones se realizan a través de la Comisión de la Verdad, que está a cargo de la Procuraduría General del Estado, mientras que el Viceministerio de Transparencia actúa como Secretaría Técnica.
“Queremos que se evidencie que aquí no vamos a hacer persecución del partido A contra el partido B; vamos a investigar hechos independientemente de la ideología política o de la gestión que se trate”, afirmó.
Finalmente, García aseguró que el Gobierno busca instaurar una “era de la verdad” y garantizar el debido proceso para todos. “No vamos a generar ningún tipo de protección ni trato discrecional; todos tenemos que ser objeto de un debido proceso y, si se encuentran responsabilidades, todos tendremos que comparecer ante la justicia”, concluyó.
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