La Paz, 15 de junio del 2026 (ANF).- Un grupo de ciudadanos argentinos que supuestamente son parte de una misión de observación en derechos humanos denunció que la Dirección General de Migración les impidió ingresar a Bolivia y los obligó a retornar a Santa Cruz para después ser expulsados.
Los extranjeros señalaron que llegaron a Bolivia invitados por parlamentarios bolivianos, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales para desarrollar una misión de observación en el contexto de conflictividad que se arrastra por 45 días.
El grupo de argentinos ingresó inicialmente por Santa Cruz, donde declaró en una "misión de derechos humanos" y continuaron el viaje hacia La Paz mediante otro vuelo de conexión.
Sin embargo, al arribar al aeropuerto de la ciudad de El Alto, funcionarios de Migración retuvieron a la delegación y les comunicaron que el ingreso fue revertido.
Los argentinos convocaron a su cónsul para que abogue por ellos, pero las autoridades bolivianas condujeron a la delegación hacia un vuelo con destino a Santa Cruz para que después se procesa a su expulsión.
La senadora Ana María Crispín confirmó que un grupo de legisladores bolivianos gestionó la invitación para que esa delegación llegue al país, pero lamentó que no pudieron tener contacto con ellos debido a la intervención de las autoridades migratorias.
"Los que hemos solicitado la presencia somos 10 parlamentarios, entre diputados y senadores, y no tenemos la lista de los que han venido, porque ni siquiera tuvimos la oportunidad de encontrarnos", dijo la legisladora desde el aeropuerto de El Alto.
La senadora también cuestionó el procedimiento aplicado por Migración y sostuvo que ni siquiera los parlamentarios que promovieron la visita pudieron acceder a información directa sobre la situación de los ciudadanos argentinos.
Hasta el momento, la Dirección General de Migración no emitió una versión oficial sobre las razones que motivaron el rechazo del ingreso de la delegación ni precisó si existió alguna resolución administrativa que respaldara la medida.
Durante las semanas de conflicto, se denunció que una diputada argentina de izquierda y otros extranjeros estuvieron participando en las actividades de los sectores movilizados. Esas actuaciones fueron calificadas como injerencistas por el gobierno.
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