La Paz, 5 de junio de 2025 (ANF).- Las promesas de los partidos políticos de transformar el sistema penitenciario boliviano no encuentran eco entre quienes viven día a día el encierro. Desde el penal de San Pedro de La Paz, internos denuncian que ni el oficialismo ni la oposición han sido capaces de detener la corrupción, la violencia y el abandono que reinan en las cárceles del país.
Martín, uno de los internos que conversó con ANF, es claro en su desconfianza. Dice “eso que proponen los partidos políticos es difícil de cumplir. Es difícil que cambie esta situación porque es todo un sistema estructurado de corrupción. El que llega aquí se corrompe automáticamente, sobre todo la policía”.
La crítica de Martín apunta directamente al uso político del sistema penitenciario. Asegura, un hecho que pervive desde hace décadas, que el partido político que gane “va a acomodar a su gente en todos los cargos de Régimen Penitenciario. Desde la policía hasta el director nacional, como ocurre actualmente con Juan Carlos Limpias, que es masista”.
Las acusaciones no paran ahí. Martín también denuncia al actual director del penal de San Pedro, Paulo Adhemir Santos Mengoa, un conocido funcionario entre los internos en el sistema penitenciario.
“Todos son del MAS, y continúan las mismas prácticas de corrupción, continúan las extorsiones, se roba la plata a la gente que ingresa a la cárcel con los cobros forzados y obligatorios, y todas las autoridades saben de eso”, refiere.
Julio, otro interno, describe el patrón con el que operan las autoridades penitenciarias. Recuerda que cuando ingresó el coronel Santos Mengoa los primeros días hizo operativos, requisas y decomisos. “Pero solo fue para cuidar las apariencias. Luego de dos semanas todo volvió a la normalidad”.
Según Julio, “sigue la venta de alcohol, la venta de drogas, la gente sigue borracha, las torturas a los ‘pensionistas’ —los que deben pensiones alimenticias— para sacarles plata, las extorsiones de los ‘disciplinas’ —reclusos que se dedican a la seguridad— y nadie hace nada”, dice a la ANF.
“La venta de todo esto es legal dentro del penal. Nadie les dice nada. Las mujeres salen borrachas de la cárcel, cualquier día”, asegura Julio. “A la hora de salida de las visitas siguen cobrando, siguen golpeando al que no tiene dinero”.
Javier, otro de los reclusos, pone cifras a una economía informal que perdura impune entre rejas: “La bolsita de alcohol de unos 150 mililitros antes costaba 25 bolivianos, ahora cuesta 30. Hasta la droga hicieron subir, antes costaba 5, ahora 8”, señala a esta agencia de noticias.
Juan, por su parte, ofrece una visión más estructural sobre el problema carcelario. Refiere que el gobierno del MAS nunca se interesó sinceramente por los internos, “por tratarnos como seres humanos, siempre fuimos tratados como basura, como desechos humanos, como moneda de cambio”.
Juan denuncia que el abuso y la extorsión continúan, donde delegados, policías y autoridades penitenciarias son los más beneficiados. “Régimen Penitenciario se beneficia de esos cobros que supuestamente van a mejorar la infraestructura”.
“Se obliga al interno a pagar la refacción de los baños, de la cocina, hasta del toldo que han puesto afuera del penal. Es dinero cobrado con llanto a los familiares, forzados a pagar para que no sigan torturando a sus hijos, a sus esposos”, agrega.
Manuel confirma esa lógica perniciosa. Habla del edificio de más de cuatro pisos construido en la sección Guanay. “Todo el dinero ha salido del dolor y lágrimas de los internos y sus familiares a quienes han extorsionado. Hasta salón de fiestas tiene, y lo administra el delegado como si fuera suyo”.
El uso político de los internos también se evidencia cuando son utilizados como fuerza de choque del gobierno del MAS para reprimir u hostigar a quienes son considerados presos políticos que representan una piedra en el zapato para el ejecutivo. Los internos son obligados a realizar protestas en contra de estos internos políticos para forzar la aplicación de castigos o cambios de penal, como cuenta Manuel.
“Eso pasó últimamente con el general Zúñiga en Cochabamba, y lo mismo hicieron con César Apaza y con Luis Fernando Camacho para llevarlos a Chonchocoro”, refiere.
Estas voces internas contrastan con el discurso de los partidos políticos, que en el marco de la próxima elección general presentan ambiciosos planes de reforma carcelaria.
Nueva Generación Patriótica (NGP) propone una reforma estructural en tres fases, que incluye tribunales itinerantes, centros modulares, celdas inteligentes y una Defensoría del Preso independiente.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) apuesta por estrategias centradas en reeducación y reinserción, con apoyo de la cooperación internacional.
El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) enfoca su propuesta en la humanización del sistema penal, proponiendo reformas legales profundas que limiten la detención preventiva y profesionalicen al personal penitenciario.
El MAS-IPSP plantea una “reingeniería penitenciaria” que incluye programas de educación técnica y estímulos para que empresas contraten a exreclusos. No obstante, los críticos señalan que su propuesta representa un continuismo del modelo actual.
El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, observa con escepticismo las propuestas de todos los frentes y dice que “ningún partido político propone la salida de los policías de las cárceles, que es uno de los principales focos de corrupción. Tampoco la habilitación de casas de trabajo, como manda el Código Penal.
“No mencionan la necesidad de una carrera penitenciaria ni el incremento del personal rehabilitador. Las cárceles son basureros humanos y no se puede seguir en lo mismo”, denuncia Llanos en contacto con ANF.
Para Llanos, los políticos desconocen la realidad carcelaria y considera que las propuestas son escritas solo por técnicos y abogados que no fueron ni a visitar estos lugares.
El exdirector también advierte sobre la propuesta de militarizar las cárceles. “El Ejército no puede asumir esta tarea. No conocen la conducta humana. La cárcel no es un cuartel. Es peor poner a un militar en esas labores”.
Aunque rescata la mención a la justicia restaurativa en algunas propuestas, lamenta que “la confunden con mediación”.
Mientras tanto, dentro de los penales, la cotidianidad sigue marcada por la ilegalidad y el abandono. “Aquí no hay ley”, dice Julio. “Aquí hay billete, y si no lo tienes, te torturan o te dejan sin visitas”.
“Las visitas son lo único que nos da tranquilidad y esperanza”, dice Martín. “Pero hasta eso se ha vuelto negocio”. Las visitan deben pagar por ingresar y por salir del penal, cada una a 10 bolivianos. Por eso, muchas familias han optado por solo enviar encomienda a sus parientes presos.
“Los partidos prometen, pero ninguno se mete de verdad”, dice Manuel. “Ninguno se atreve a tocar el corazón del problema: la corrupción interna”.
En palabras de Ramiro Llanos, “las cárceles están condenadas al olvido mientras sigan siendo tratadas como vertederos sociales. No se puede reformar un sistema sin cambiar a quién y cómo lo administra”.
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