La Paz, 24 de abril de 2026 (ANF).- Ante el avance de la marcha de organizaciones indígenas y campesinas hacia La Paz, el Gobierno informó que presentó una acción de inconstitucionalidad para que se establezca si la Ley 1720 de conversión de tierras es o no constitucional; además, anunció que también pedirán una medida cautelar para paralizar la aplicación de esa norma mientras no se tenga un fallo.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, explicó que los campesinos le pidieron, en las reuniones que sostuvo con ellos, que se abrogue la ley por ser inconstitucional. La propuesta del Ejecutivo fue que consultarán esa figura al Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Nosotros respetamos el ordenamiento jurídico del país y hay un Tribunal Constitucional. Entonces, lo que hemos hecho, hemos solicitado al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad”, afirmó.
La autoridad detalló que, mientras se espera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo analiza reforzar la solicitud con medidas cautelares para suspender temporalmente los efectos de la norma.
“Si no nos llega la respuesta en estos días, vamos a reforzar con una segunda solicitud de cautelar esa norma, que quede suspendidos sus efectos”, señaló.
La Ley 1720, promulgada por el presidente Rodrigo Paz a fines de marzo y vigente desde el 10 de abril, permite la reconversión voluntaria de tierras para facilitar el acceso al crédito formal en los bancos hipotecando las pequeñas tierras. Sin embargo, sectores de Beni y Pando rechazan la norma y exigen su abrogación.
Paredes indicó que, además de este punto, el Gobierno avanzó en otros acuerdos con los movilizados, como la agilización de la titulación de tierras pequeñas y comunitarias, auditorías a procesos de dotación y la modernización del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
“El grueso son demandas auténticas, legítimas, y por eso nosotros hemos actuado en ese sentido”, sostuvo.
Pese a estos avances, la marcha continúa rumbo a la sede de Gobierno, en medio de condiciones climáticas adversas, mientras los sectores movilizados insisten en la anulación de la norma y en soluciones estructurales sobre la propiedad de la tierra.
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