La Paz, 11 de junio del 2026 (ANF).- Carlos Alarcón, diputado de Unidad, cuestionó la actuación del Gobierno frente a los bloqueos que se mantienen desde hace más de 40 días y sostuvo que las autoridades del Gobierno deberían ser objeto de futuros procesos por omisión, al no haber adoptado medidas para restablecer la transitabilidad y evitar pérdidas humanas y económicas en las carreteras.
Sectores radicales que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mantienen tomadas varias carreteras del país, principalmente en el occidente boliviano. La situación que se arrastra desde el mes pasado provocó una crisis humanitaria por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible en el departamento de La Paz.
A pesar de que la Constitución Política del Estado garantiza la libre transitabilidad por el país, el Gobierno decidió no intervenir todos los puntos de bloqueo para liberar y dejar pasar a las personas atrapadas en las carreteras, algunos de ellos enfermos que fallecieron buscando atención médica.
El legislador afirmó que la población se encuentra atrapada entre las acciones de los bloqueadores y la falta de respuesta estatal para levantar los bloqueos; por ello, una vez que se resuelva el conflicto, se tendrá que buscar a los responsables de los daños.
“Estamos siendo utilizados como carne de cañón de la violencia criminal de los bloqueadores y de su dirigencia. Y estamos pagando como carne de cañón la inacción y la omisión del Gobierno. A los criminales y bloqueadores, hay que cobrarles la factura por acción; y al Gobierno, por omisión. ¿Cómo puede ser que nos tengan en este estado más de 40 días?”, cuestionó en entrevista con la ANF.
Alarcón señaló que, tras la abrogación de la denominada “Ley Copa”, el presidente tenía la posibilidad de recurrir a mecanismos constitucionales para enfrentar la situación con una declaratoria de estado de excepción, pero decidió dilatar más la medida enviando un nuevo proyecto de ley a la Asamblea.
El Legislativo aprobó con celeridad, como pidió Paz, ese proyecto de ley, pero el mandatario decidió no aplicar la medida hasta ahora.
El parlamentario insistió en que existen responsabilidades diferenciadas entre quienes promueven los bloqueos y quienes, desde el Gobierno, no actúan para recuperar el Estado.
“Si es que concretamente se afectó la salud o la vida de esos 13 fallecidos, ahí obviamente tendrán que demandarle a los a los promotores, organizadores y los directores de los bloqueos (…). Pero también debería de enjuiciarse a las autoridades; como decía, hay la ley, hay todo (para desbloquear), pero por omisión no lo hacen”, sostuvo a este medio.
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