La Paz, 11 de junio de 2025 (ANF).- A menos de tres meses de las elecciones generales del 17 de agosto, en Bolivia, una población históricamente vulnerada vuelve a ser ignorada por completo en las propuestas de los partidos políticos. Las trabajadoras sexuales, que enfrentan violencia, discriminación y condiciones laborales inhumanas, no aparecen siquiera mencionadas en los programas de gobierno de las principales agrupaciones que buscan llegar al poder.
“Hice una revisión de varios programas políticos y, efectivamente, ninguno menciona a las trabajadoras sexuales. Se habla en general de derechos humanos o de derechos reproductivos, pero no hay una sola propuesta dirigida a este grupo que trabaja en condiciones de altísimo riesgo”, denunció Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), en contacto con ANF.
Herrera señaló que la omisión no es casual ni inocente. “Desde las propuestas, invisibilizan a sectores como el de las trabajadoras sexuales. En la práctica, la Ley de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación no se aplica de forma integral: solo toca a ciertos grupos, y este no es uno de ellos”.
Entre los partidos que no han incluido a este sector en sus propuestas están Nueva Generación Patriótica (NGP), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz Pereira, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) de Eva Copa, MAS-IPSP con Eduardo del Castillo, Libertad y Progreso de AND, APB-SUMATE de Manfred Reyes Villa, Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, Libertad y Democracia de Jorge Quiroga Ramírez, y La Fuerza del Pueblo.
La omisión es grave. Según Claudia Daniela Fernández, dirigenta de la Organización Social de Trabajadoras Sexuales de Oruro (Otrasex-Oruro), esta exclusión sistemática es una forma directa de discriminación: “Al no considerarnos los partidos dentro de sus planes de gobierno, nos están discriminando. Ninguno nos ha planteado alternativas ni nos ha consultado sobre nuestras necesidades. Es como si no existiéramos”, dijo a ANF.
Fernández relató la situación dramática que viven muchas de sus compañeras. Dijo que en este momento tienen a una de ellas con el brazo quebrado, al haber sido atropellada por un minibús, y no tienen de dónde sacar fondos para curarla. “Esa es nuestra realidad”.
La falta de representación política no es el único síntoma del abandono. Las trabajadoras sexuales, como grupo, enfrentan un estigma profundo y una violencia estructural que las reduce a ciudadanas de cuarto nivel.
“Hay una estructura patriarcal tan arraigada que ni siquiera se reconoce su trabajo como tal. Son vistas con desprecio. La narrativa de lucha contra la discriminación solo alcanza a los sectores que representan fuerza económica o política, como los mineros, los gremiales. A las trabajadoras sexuales no las consideran porque no les aportan votos”, cuestionó Herrera.
La dirigenta de Otrasex-Oruro indicó que su organización tiene alrededor de 500 afiliadas solo en Oruro, pero estima que en todo el país hay al menos 10.000 mujeres que ejercen el trabajo sexual, además de algunos varones.
Entre sus demandas está el reconocimiento de su trabajo, la creación de un seguro de salud digno y una caja mortuoria. “Cuando una compañera muere, muchas veces no tiene familia, y somos nosotras quienes tenemos que ir a pedir ayuda a la alcaldía, a la Defensoría del Pueblo. Ni siquiera los locatarios (dueños de los locales donde trabajan) que se benefician de nuestro trabajo se hacen responsables”, denunció Fernández.
Las trabajadoras sexuales no tienen ningún derecho laboral reconocido, pero sí quienes trabajan con ellas. “Hay garzones que trabajan en los mismos locales que nosotras, y ellos tienen finiquito. Nosotras trabajamos cinco, diez, hasta 25 años, y no tenemos nada. Nada”, lamentó Fernández.
Herrera respaldó esta denuncia: “No hay un solo dato que muestre que estas personas encuentran justicia. Si hacemos un análisis del porcentaje de denuncias por vulneración de derechos, no debe haber ni el 1% que haya prosperado”.
A esto se suma la violencia institucional. Herrera aseguró que cuando son detenidas por la policía, el trato es abusivo, discriminatorio y arbitrario. “Cualquier denuncia que ellas presentan no avanza. Se la desecha”.
La situación es aún más crítica por la exposición a redes delictivas. Herrera explicó que en su entorno hay trata de personas, tráfico de órganos, narcotráfico, y “muchas veces ellas están en el centro del fuego cruzado, o incluso son involucradas sin haber hecho nada”.
El trabajo sexual no está reconocido legalmente como tal en Bolivia. Esa omisión legal repercute en todas las áreas de sus vidas: no pueden acceder a salud digna, a educación, a vivienda, ni siquiera pueden sacar un crédito porque no pueden decir que sus ingresos proviene del trabajo sexual.
Además, las condiciones en las que trabajan son indignas. Baños sucios, ropa de cama en mal estado, ambientes fríos sin calefacción y nula protección frente al humo y el alcohol que son parte del día a día.
“Nosotras mismas tenemos que poner carbón para calentarnos. Por eso nos enfermamos de los pulmones, de los riñones, de la matriz. Nadie se preocupa”, relató Fernández.
La Ley 348 establece más de 18 tipos de violencia contra las mujeres. Según testimonios, las trabajadoras sexuales sufren casi todas.
“Además del maltrato físico, hay violencia psicológica, sexual, económica. Y muchas veces viene de quienes deberían protegerlas: policías, clientes, médicos”, agregó Herrera.
En 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un informe titulado Criminalización del Trabajo Sexual, con recomendaciones claras al Ministerio de Salud, a la Policía y a los gobiernos departamentales. Ninguna ha sido cabalmente implementada.
Las denuncias por la vulneración de sus derechos siguen sin respuesta. Las trabajadoras sexuales han cursado cartas al Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, el Senado, e incluso a medios de comunicación. La respuesta ha sido el silencio.
Para Herrera, esta indiferencia institucional es reflejo del lugar que la sociedad asigna a las trabajadoras sexuales: “Son vistas como lo peor, como personas que no merecen derechos. Ni siquiera como ciudadanas de segundo nivel”.
Los medios de comunicación también tienen una cuota de responsabilidad. “Cuando una trabajadora sexual es asesinada, muchos medios abordan el caso desde el prejuicio, reforzando el estigma”, lamentó Herrera.
La dirigenta de Oruro reiteró que hasta el momento ni un solo partido político las ha convocado para participar en talleres, debates o consultas. “Ni siquiera para escucharnos. Es como si no existiéramos”.
El Ministerio de Trabajo tampoco reconoce su labor. “Cuando vamos a reclamar por pagos que no nos hacen los locatarios, nos toca pelear para que nos atiendan”, dijo Fernández.
Las trabajadoras sexuales piden ser incluidas en las políticas públicas. Piden que se las reconozca como trabajadoras con derechos laborales, salud, vivienda.
El primer paso es simple: ser nombradas. Ser consideradas en las propuestas políticas, porque “si no estamos en el programa de gobierno, no estamos en el país, no existimos para el Estado”, señalaron.
En una democracia que se precia de representar a todos, la omisión deliberada de un grupo social vulnerable no es solo negligencia. Es una forma de violencia institucional que perpetúa el estigma, la precariedad y la exclusión, concluyó Herrera.
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