La Paz, 9 de marzo de 2024 (ANF).- “Cómo vas a romper el patriarcado sin las trabajadoras sexuales, no lo vas a hacer, porque somos las primeras sujetas a esclavismo, a trata y tráfico, hasta a tortura”, dijo a ANF la activista Laura Álvarez quien cuestionó los discursos feministas que por un lado “te adulan” y por el otro “te están acuchillando”.
El trabajo sexual, al no ser reconocido como un oficio en las leyes, quienes lo ejercen carecen de todos los derechos laborales y por el estigma se les restan más derechos fundamentales como a la salud, a la educación, a una vivienda, a la confidencialidad. Son sometidas a todo tipo de abusos y de violencias de parte de los dueños de los locales, de la policía, de los clientes, de los funcionarios de salud, “sin que estas vulneraciones sean de interés de las autoridades”.
Pero la mayor vulneración ocurre a manos de los proxenetas y los tratantes, “que lamentablemente están en complicidad con algunas autoridades”. “Usan a la trabajadora sexual como algo desechable, la explotan al máximo, y cuando ya no les sirve, por la edad o porque enfermaron, las descartan o las matan”.
“Este 8 de marzo vamos a salir a marchar en nombre del feminismo, pero muchas viven del trabajo sexual, por eso se dice ‘sin putas no hay feminismo’, cómo vas a romper el patriarcado sin las prostitutas, no lo vas a hacer, porque somos las primeras sujetas a esclavismo, a trata y tráfico, hasta a tortura”, remarcó Álvarez.
Derechos vulnerados
Indicó que el primer derecho vulnerado es al trabajo. No se les brinda las condiciones adecuadas en los locales ni la seguridad necesaria. Pese a que pagan al dueño del local por un lugar limpio y con artículos renovados, siempre están en las peores condiciones y se quedan con el menor porcentaje de su trabajo. Los locales por lo general tienen baños en el peor estado, ropa de cama sucia, además de que no se goza de ningún tipo de bono o derecho laboral porque “el trabajo sexual no es considerado trabajo”.
El otro derecho que se vulnera, refirió, es el de la confidencialidad. Pese a ser un grupo en situación de alta vulnerabilidad, los medios de comunicación, la policía y autoridades las exponen. “Las trabajadoras sexuales no son solas, tienen familias, tienen hijos, tienen a su cargo adultos mayores, viven con papá, con mamá, son parte de una junta de vecinos, de un entorno social, pero se las quiere exponer”, apuntó.
Se le niega el derecho a la salud en el trabajo y el Estado tampoco tiene un presupuesto para ellas. Al no estar normado el trabajo sexual, los dueños de los locales, que son sus empleadores, no les brindan ninguna garantía.
“Si bien hay pruebas rápidas contra la sífilis, la hepatitis, el VIH y otras, no le garantizan a la trabajadora sexual, se siguen muriendo en etapa SIDA, por hepatitis y por sífilis, y el sistema de salud lamentablemente no contempla esto, no hay presupuestos para la trabajadora sexual, si apenas hay para el adulto mayor, qué va haber para la trabajadora sexual”, reflexionó Álvarez.
El acceso a la vivienda es otro derecho vulnerado. Al no estar contemplado como una cuestión legal laboral, difícilmente a la trabajadora sexual se le garantiza su acceso a una vivienda. “No pueden sacar un crédito de vivienda diciendo que sus ingresos son por trabajadora sexual”.
“La mayoría vivimos de alquiler, tenemos que estar rebotando casa por casa, esto hace que la trabajadora sexual se vuelva muy dependiente del alquiler y del anticrético, y a veces tenemos que estar inventándonos documentación para no decir que somos trabajadoras sexuales, sino el que te alquila no te va a dar, ‘yo no quiero contratos con trabajadoras sexuales’, te va a decir”, apuntó.
El derecho a una vida sin violencia es solo una ilusión. Las más de 18 formas de violencia tipificadas en la Ley 348 son sufridas por las trabajadoras sexuales.
“Sobre todo violencia sexual, entonces, tú te preguntarás para qué te metes a trabajadora sexual, o sea, ¿tengo que soportar violencia sexual? Es hasta contradictorio, pero está en la ley”.
Refirió que una forma de violencia económica ocurre cuando el dueño del local impone sus tarifas de trabajo, impone horarios, impone pago de cuotas cuando se les ocurre, obliga a la trabajadora a comprar profilácticos que deberían ser proveídos, las denigra, las obliga a trabajar por cupos que si no cumplen deben pagar.
Sara, una trabajadora sexual entrevistada por ANF, contó que incluso los dueños de locales disponen de ellas, sin ningún tipo de pago, para ofrecerlas a oficiales de policía que llegan al lugar para brindar protección. “Te dicen ‘quieres seguir trabajando acá, entonces hazlo, paga no hay’, y una se ve obligada a hacerlo y sin poder denunciar ni reclamar a nadie”.
Sara dice que los dueños de los locales no garantizan tu seguridad de personas externas. Por el contrario, muchas veces te agreden físicamente y en casos en que la queja llega a la policía, se pierde.
Además, a esta violencia se suma la obstétrica, cuando una trabajadora sexual acude a un hospital. “En el momento de dar a luz, a la trabajadora sexual no solo la van a tachar por ser mujer, sino que las enfermeras y los médicos se dan el lujo de calificarla, la exponen, ahí se enteran todos quién eres, comienzan a insultarte, a denigrarte, ‘quién te manda a ser puta, aguante pues ahora’, te obligan a hacer cesárea, te obligan a tomar remedios de todo tipo, si quieres la epidural como anestesia no te la dan”, remarcó Álvarez.
El otro derecho vulnerado es a la educación. “Si bien no voy a decir que soy trabajadora sexual para entrar a un instituto, de alguna forma alguien te reconoce, puede haber un alumno que ha sido cliente, un profesor, un director y se va aprovechar de aquello, te comienzan a hostigar, se van a aprovechar de ti, entonces, el derecho a la educación se ve coartado para una trabajadora sexual”.
Y la mayor vulneración al derecho de las trabajadoras sexuales ocurre con la trata y tráfico. La trabajadora a veces por necesidad o por desconocimiento de la ley, indica Álvarez, es sujeta de trata y tráfico, y “el tratante no te respeta como ser humano, te ve como un objeto de generar plata y te tacha de edad, cuando ya cumples los 25, 28, 30 años, ya no sirves, y si te tengo que matar, te tengo que matar y te hago desaparecer, y si tengo que desaparecer a tu familia, igual lo voy a hacer”.
Sin tener a quién quejarse
Álvarez y Sara lamentaron que muchos derechos de las trabajadoras sexuales se ven vulnerados por culpa de las mismas dirigentes de las trabajadoras, que pasan a una situación de privilegio al asociarse con los dueños de locales y proxenetas y considerarlos parte del gremio. Denunciaron que los proxenetas les ofrecen bonos mensuales de hasta 3.000 dólares, como mínimo.
“Aquí no te defiende nadie, aquí una se tiene que defender por sí sola, por ejemplo yo me voy a quejar que el dueño me ha maltratado, me voy a quejar a la organización de trabajadoras nocturnas (OTN), la organización no va hacer nada porque la organización recibe plata del dueño del local, y a la que directamente van a agredir va ser a mí, no me van a dejar trabajar, van a intentar que me aburra, me van a maltratar, entonces es en vano quejarse, aquí una se queja y no pasa nada, es mejor quedarse callada y no hacer nada; a una agresión del dueño, a una agresión del cliente, incluso a una agresión en el Sedes, no puedes hacer nada, te tienes que quedar callada, se puede decir que una se queda callada por su mismo bien, porque si te quejas, es peor”, contó Sara.
En casos de chicas que terminan totalmente golpeadas por algún cliente o el dueño del local, dijo Sara, lo que a veces hace el dueño es resarcirle a la trabajadora con algo de dinero y no hay denuncias. “Nunca un dueño de local ha entrado a la cárcel por pegarle a una chica, nadie dice nada, los mismos policías están en confabulación con todo esto”, enfatizó.
En casos de apuñalamiento, donde está en riesgo la vida de la trabajadora, denunció Sara, sus dirigentes lo que hacen es negociar con el agresor a cambio de dinero y no pasa nada, dinero que incluso no entregan a la víctima. “Si ellas mismas hacen eso, a quién nos quejamos, a nadie”.
Y cuando las voces de las trabajadores sexuales confrontan a los grupos de poder que lucran de este oficio y los identifican con nombres y apellidos, son sujetas a procesos penales armados en concomitancia con funcionarios y autoridades judiciales como ocurrió con Alejandra Gutiérrez, a quién acusaron de proxenetismos y la sentenciaron a 10 años de cárcel, sin existir ninguna prueba fehaciente, denunciaron.
En 2020, la Defensoría del Pueblo elaboró un informe sobre “Criminalización del Trabajo Sexual” en el que hizo recomendaciones al Ministerio de Salud y Deportes para fortalecer las políticas nacionales y los programas de salud orientadas a la prevención, diagnóstico, vigilancia epidemiológica y tratamiento de las ITS y del VIH en las personas trabajadoras sexuales; adoptar un nuevo instrumento de control médico “Libreta de Salud” acorde con el derecho de reserva y principio de confidencialidad, entre otras.
Recomendó a la Policía y en particular a la Fuerza Anticrimen (FELCC) desarrollar los patrullajes de prevención y control de delitos relacionados con la Trata de Personas y el Proxenetismo, en el marco del respeto a los Derechos Humanos de las personas trabajadoras sexuales; desarrollar procesos de capacitación y sensibilización al personal de la FELCC – en particular a las policías mujeres–, a fin de desarrollar los operativos de control en el marco del respeto de los derechos humanos de las trabajadoras, entre otras.
Recomendó a los nueve gobiernos autónomos departamentales, sus Sedes (Servicio departamental de Salud) y CDVIR (Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia), a adoptar un nuevo instrumento de control médico Libreta de Salud, acorde al derecho de reserva y principio de confidencialidad, respecto a la información de la persona trabajadora sexual; desarrollar procesos de capacitación y sensibilización al personal de los Sedes y del CDVIR sobre una atención sin discriminación y sin estigmatización, entre otras.
Sara y Álvarez indicaron que ninguna de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo se ha cumplido, y pese a que cursaron varios oficios a autoridades de la Cámara de Senadores, de Diputados, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Gobierno, Juzgados, Defensoría del Pueblo, y hasta medios de comunicación, en defensa de sus derechos, solo recibieron silencio y desinterés.
“El estigma a las trabajadoras sexuales, la forma como las ven, como lo peor de la sociedad, como lo más bajo, es tal, que no merecen ningún tipo de derechos, ni siquiera una respuesta”, expresó Sara.
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