La Paz, 23 de febrero de 2024 (ANF).- María Alejandra Gutiérrez, trabajadora sexual de la ciudad de El Alto, denunció la vulneración a sus derechos en un juicio penal al que calificó de parcializado y en el que, pese a no existir ninguna prueba en su contra, fue sentenciada a 10 años de cárcel por el delito de proxenetismo. Ella señala que no conoce a quien la acusa y el proceso en su contra se agilizó luego de que presentara denuncias en contra de autoridades y proxenetas.
Gutiérrez forma parte de la Asociación Integral de Mujeres Las Rosas de El Alto (ASMI) que pregona el ejercicio libre del trabajo sexual como una medida para liberar a sus compañeras de los abusos y extorsiones de los proxenetas y de las mismas autoridades implicadas en estos ilícitos que “por años viven del cuerpo de las mujeres” sin que exista, hasta el momento, ninguna posibilidad de cambiar esta situación.
“Es una sentencia de 10 años que me han dado y es injusto, porque una de las personas que me ha denunciado ni la conozco, en mi vida la he visto; a la otra si la conozco porque es dirigente de la OTN-B (Organización de Trabajadoras Nocturnas), estaba junto con Lily Cortez”, dijo a ANF.
Gutiérrez antes fue representante de la OTN-B en El Alto, pero por divergencias y cuestionamientos a la dirigencia, por los abusos que cometía, según denunció, se apartó y junto a otras trabajadoras sexuales fundó ASMI.
Señaló que como organización también hicieron una lucha frontal contra el proxenetismo y la trata y tráfico de personas que ejercen los propietarios de los clubes privados y de los lenocinios de El Alto en contra de las trabajadoras sexuales.
La presidenta de la Asociación de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual en Cobija-Pando (Asopep) e integrante de la Plataforma Latinoamérica de Personas que ejercen el Trabajo Sexual (Plaperts), Evelya Yucra, señaló que en la ciudad de El Alto existe conflictos entre algunas dirigentes con acusaciones de agresiones y proxenetismo que van para ambos lados. Lamentó que la policía se parcialice y no haga nada frente a la quema de locales como ocurrió con los saqueos a locales respaldados por la ASMI. Dijo que de esta situación lamentablemente participan algunas dirigentes, “que están metidas ahí, como si fueran dueñas de la calle”.
El caso
Gutiérrez fue denunciada en noviembre de 2021 por Magaly C. O. por el presunto delito de proxenetismo cometido en un local a la altura de la plaza Juana Azurduy, en la zona Villa Dolores de El Alto. Aunque en un principio identificó a otras personas como dueñas del local y a una de ellas como “mi proxeneta”, la fiscalía sospechosamente solo terminó procesando a Gutiérrez, incluso pese a que Magaly declaró que no la conocía. A Magaly le habrían impedido salir del lugar durante tres meses cuando fue a trabajar en limpieza y le habrían obligado a ejercer la prostitución. Además, acusa a Gutiérrez de haberla agredido y ser la dueña del local donde incluso habría otras mujeres, y menores de edad, retenidas en contra de su voluntad.
La otra denunciante es Mercedes S. P. y acusa a Gutiérrez de realizar cobros a las trabajadoras sexuales para que puedan ejercer, que incluso debían pagar por credenciales de forma obligatoria. Además, que fue agredida por Gutiérrez. Dirigentes de la OTN-B también son blanco de las mismas denuncias, incluso quien fuera su máxima dirigente, Lily Cortez, fue acusada por los mismos delitos.
Gutiérrez señaló en su defensa que ella no se encontraba en el local en noviembre de 2021 debido a problemas de salud, aunque reconoció el lugar como su centro de trabajo. Afirmó que nunca fue dueña de locales ni ejerció violencia contra alguna trabajadora sexual. No conoce a Magaly C. O. pero si a Mercedes S. P. cuando ocurrió la quema de lenocinios en la calle 12 de octubre en 2007.
Refirió que en 2021 fue elegida por más de 800 compañeras como representante de la Organización de Mujeres Trabajadoras (OMTE), agrupación que buscaba el ejercicio independiente del trabajo sexual puesto que “muchas de ellas eran explotadas por los dueños de los locales, quienes se quedaban con un porcentaje de lo que ganaban las trabajadoras”, además, “ellos no permitían que se ejerza el trabajo de forma independiente”. Pero la sigla fue rechazada por la gobernación, donde se tramitaba la personería jurídica que les sugirió la sigla ASMI.
Gutiérrez explicó que en una de las asambleas generales se quedó en que se otorgarían credenciales a las trabajadoras sexuales a un costo de 20 bolivianos, “pero nunca se les vendió para lucrar, y si alguna persona no quería adquirir la credencial, no existía represalia alguna”.
Conclusión fiscal
La investigación fiscal determinó que el inmueble ubicado en la zona Villa Dolores estaba ambientado exclusivamente para el trabajo sexual; que Gutiérrez era dirigente de la organización ASMI, aunque aún no contaba con la personería jurídica.
Que Gutiérrez cobraba por las credenciales a las trabajadoras sexuales. Sus testigos ratificaron que el costo era de 20 bolivianos y no de cantidades exorbitantes como señalaron las denunciantes.
La fiscalía no probó que Gutiérrez sea propietaria del inmueble ubicado en la zona Villa Dolores o que tenga algún local en el interior, ni que en el inmueble se haya encontrado menores de edad ejerciendo la actividad sexual; sin embargo, presentó acusación fiscal por el delito de proxenetismo el 25 de enero de 2023 y en julio del mismo año, el Tribunal de Sentencia Segundo de la ciudad de El Alto, conformado por los jueces Ingrid Geraldine Medina Blanco, Katty Loretta Viricochea Ríos, Omar dante Rocabado Imaña y Eliseo Chavarría emitieron una sentencia a 10 años de cárcel a cumplirse en el penal de Obrajes.
Gutiérrez ve en el fallo una represalia por su interés de buscar la independencia de sus compañeras, que durante su gestión frente a ASMI ya alquilaban algunos inmuebles y departamentos para ejercer el trabajo sexual de forma independiente.
Advierte serías contradicciones en las declaraciones de la denunciante Magaly que indicó en un inicio fue retenida por un mes, en otra declaración indicó que fue por tres meses, en otra dice seis meses.
“Yo jamás en mi vida he tenido este caso, la juez le ha preguntado ¿conoce a la señora? No la conozco, solamente de nombre, ha dicho, pero entonces ¿cómo sabes que es ella?, le ha preguntado y responde: porque todos le decían Viviana”, que es el nombre de trabajo de Gutiérrez.
En el proceso Gutiérrez denunció a la fiscal Roxana Carrizales que liberó de culpa a las otras tres denunciadas y dueñas de locales, una de ellas reconocida como la proxeneta por Magaly y apuntó su acusación solo contra ella. Señala que Carrizales actuaba en favor de los grandes proxenetas de El Alto que veían en Gutiérrez una amenaza que buscaba liberarlas del yugo de opresión y control. Además, según su denuncia, Carrizales era pareja de un proxeneta.
“El interés de los grandes proxenetas es que las chicas no se independicen, porque ya no van a poder manipularlas, nuestra idea era que entre tres o cuatro compañeras agarren un departamento y trabajen para ellas, sin estar sometidas a la trata ni al proxenetismo, lo estábamos haciendo, durante un año han trabaja así las compañeras, estábamos tramitando la personería jurídica, la licencia de funcionamiento del Sedes, pero siempre nos han puesto peros, los grandes proxenetas nos ven como competencia”, indicó.
Denunció también, como ya es recurrente, la complicidad de la Policía con los grupos de proxenetas de El Alto, unos 9 que administran 38 clubes privados y lenocinios. Dijo que cuando las trabajadoras sexuales presentan denuncias por los abusos, los policías hacen desaparecer las denuncias.
“Nosotras hemos hecho las denuncias sobre eso en su momento, a la Unidad de Trata y Tráfico, al teniente Gutiérrez, le hemos entregado carpetas completas de denuncias y no ha movido nada, él nos ha dicho: ustedes saben, platita pues”, señaló.
Las denuncias llegaron en mayo de 2023 hasta la Fiscalía General del Estado con la entrega de hasta seis carpetas a su máxima autoridad Juan Lanchipa, institución que una semana después pidió más pruebas que fueron entregadas.
La dirigente Evelya Yucra ratificó el grado de corrupción en el tema de las trabajadoras sexuales y la complicidad entre proxenetas y autoridades de la policía, intendencia y el Sedes en la ciudad de El Alto.
“Aquí hay autoridades metidas, yo tengo evidencias de que las mismas autoridades piden coimas, empezando desde la policía, intendencias, Sedes, se ha presentado denuncias con nombre y apellido y no han hecho nada; se ha quemado locales a los que ASMI había avalado como organización y la policía pese a que estaba por el lugar no hizo nada por impedirlo” para favorecer al otro grupo, indicó.
Dijo que la actual exigencia de los requisitos de las instituciones alteñas solo ratifica y fomenta el proxenetismo debido que exigen que las trabajadoras sexuales deban pertenecer a un local con dueño, situación de la que lamentablemente participan algunas dirigentes, “que están metidas ahí (en el negocio), como si fueran dueñas de la calle, dan pena esas compañeras”.
“Al ir a mi control en El Alto, al CRVIR (Centro de vigilancia, información y referencia), me han pedido croquis de un lenocinio donde voy a trabajar, teléfono, nombre del dueño del local, pero ¿si yo quiero trabajar independientemente?: está prohibido, eso me ha dicho la licenciada que hace los kárdex para las recién llegadas”, señaló.
Cuestionó que esta situación empuja a sus compañeras a trabajar en las calles y de forma clandestina y convirtiendo a El Alto en tierra de nadie, en un lugar sin autoridad y bajo el control de las mafias de la trata.
“Yo creo que aquí está faltando la regulación del trabajo sexual, sí o sí tiene que haber la eliminación del carnet sanitario porque eso hace que vulneren los derechos de mis compañeras, y eso no solo ocurre en La Paz, es a nivel nacional”, apuntó.
Pidió que se empiece a parar las vulneraciones a los derechos humanos de sus compañeras, que se regule el trabajo sexual para que laboren en buenas condiciones, “porque el trabajo sexual en un lugar clandestino se ejerce en pésimas condiciones: en locales sucios, donde hay tiradero de cervezas”.
Instó al presidente del Estado, Luis Arce, al Ministerio de Salud y Deportes, al MCP (Mecanismo de Coordinación País), que recibe recursos del Fondo Mundial, que de una vez velen por los derechos de sus compañeras, que se encuentran a expensas de los abusos de las autoridades corruptas.
“Las autoridades nacionales hacen caso omiso a las denuncias que presentamos”, enfatizó.
/LFC/
