La Paz, 16 de septiembre de 2025 (ANF).- El diputado nacional Rolando Enríquez Cuéllar anunció este lunes que formalizó ante la Fiscalía General del Estado la aplicación de la Ley 1350 de Arraigo, promulgada el 14 de octubre de 2020, la cual obliga a las principales autoridades salientes a permanecer en el país por un periodo de tres meses tras dejar sus cargos. Según el legislador, desde la fecha, el presidente Luis Arce Catacora y sus ministros no podrán abandonar territorio nacional.
Cuéllar explicó que la norma establece la prohibición de salida del país a presidentes, vicepresidentes, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales y departamentales, concejales, además de ejecutivos de entidades públicas o mixtas que administren recursos fiscales. La finalidad, recordó, es que las autoridades salientes rindan informes de gestión y se evite la impunidad en posibles actos de corrupción.
“Desde hoy el presidente y sus ministros quedan arraigados, no van a poder salir del país. Hemos formalizado también ante el Procurador General el embargo de cuentas y bienes de Luis Arce, su familia y su gabinete”, manifestó el diputado. Asimismo, anunció que mañana formalizará el juicio de responsabilidades en el caso Botrading contra el mandatario.
Enríquez Cuéllar era uno de los “defensores” de Arce durante gran parte del gobierno, sin embargo, dio un giro su posición y ahora se convirtió en uno de los más críticos del mandatario. Es más, es uno de los primero en pedir la aplicación de esa norma que obliga que las autoridades sean arraigadas.
Consultado sobre la participación de Arce en eventos internacionales, como la Asamblea General de Naciones Unidas o un control médico particular que tendría previsto en octubre, Cuéllar aclaró que el Jefe de Estado puede asistir únicamente a actos oficiales mientras se mantenga en funciones, pero no podrá hacerlo una vez que concluya su mandato el próximo 8 de noviembre.
El legislador agregó que el Presidente debe atenderse en el sistema público de salud en el país, "Arce está afiliado a la Caja Nacional y no puede gastar recursos del Estado en viajes o tratamientos privados. Si quiere revisiones médicas, debe hacerlas en Bolivia con nuestros médicos”, señaló.
Cuéllar también denunció un presunto intento de soborno a su persona, relatando que “la mercadería evaluado a 20 mil dólares para que este diputado apoye la corrupción, no presente el juicio de responsabilidades y nosotros vamos a denunciar a esta persona que realmente a nombre del presidente nos ha querido sobornar”, expresó.
Según el diputado, tras denunciar públicamente el hecho, el supuesto funcionario borró conversaciones y fotos de las ofertas enviadas por mensajería. “Querían tenderme una trampa para involucrarme en contrabando y desprestigiar mi lucha contra la corrupción”, afirmó.
La Ley 1350, promulgada durante la gestión de Eva Copa como presidenta de la Asamblea Legislativa, establece que las exautoridades nacionales deben permanecer en Bolivia al menos 90 días después de dejar el cargo, tiempo en el cual deben rendir informes de gestión a fin de garantizar transparencia y evitar fugas de implicados en hechos de corrupción.
El incumplimiento de esta disposición puede derivar en procesos penales contra los exfuncionarios.
Cabe recordar que el diputado Cuéllar fue uno de los más férreos defensores del presidente Arce dentro del oficialismo, pero recientemente decidió retirar su apoyo. Ahora, exige cárcel no solo para el mandatario, sino también para sus hijos, a quienes acusa de beneficiarse irregularmente de sus influencias.
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