La Paz, 3 de agosto (ANF).- La ley 351 afecta seriamente los derechos de las Organizaciones No Gubernamentales, que están a expensas de ser disueltas por el gobierno en cualquier momento y sus bienes incautados y que deben ajustarse a los planes de gobierno para poder ser reconocidas, denunció Marco Gandarillas, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información (CEDIB).
La ley es tan violatoria de los derechos de asociación, presentes en la CPE y normas internacionales, que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas, Maina Kiai, emitió un informe en mayo de este año en el que afirma que la ley “injustificadamente restringe el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó ante el Tribunal Constitucional una acción abstracta de inconstitucionalidad y espera todavía el fallo.
Además, en julio pasado, decenas de ONG presentaron una carta al Papa Francisco, en la que denunciaron el estado de “persecución” que enfrentan en Bolivia.
Gandarillas advirtió que durante el régimen dictatorial de Hugo Banzer, las ONG trabajaban aunque incomodaban al poder, pero hoy en día sólo existen si son reconocidas específicamente por el Estado.
Recordó que el Código Civil permite la asociación de hecho con requisitos simples como contar con estatutos e indicar la finalidad de la asociación, el patrimonio, las fuentes de sus recursos y las normas para el manejo o administración de éstos.
Pero el director del CEDIB advirtió que la ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas del 19 de marzo de 2013 y su Decreto Reglamentario 1597, de junio de ese año, obligan a las ONG a someterse a un cambio de estatutos en lineamiento al Plan Nacional de Desarrollo, a la Agenda Patriótica o a otras políticas gubernamentales. El Ejecutivo puede autorizar la creación de la entidad y puede también disolverlas e incluso incautar sus bienes.
Explicó: “Antes, el Estado sólo podía clausurar, cerrar, intervenir una ONG o fundación si cometía algún ilícito, y ello debía hacerse mediante proceso judicial”, explicó. Hoy se puede hacer a través de una orden ejecutiva”, como cuando el régimen decidió la disolución en Bolivia y posterior expulsión de la ONG IBIS Dinamarca. IBIS había tomado algunas acciones críticas con el gobierno de Evo Morales.
Según Gandarillas, tanto el CEDIB como otras entidades buscaron el reconocimiento de su personería jurídica bajo la nueva ley, pero a más de dos años de iniciados los trámites, éstos no culminan. “Y en el último debate con la ministra de entonces, Claudia Peña, de Autonomías, le preguntamos: ‘sí cumplimos todo, ¿tenemos la garantía de contar con nuestra personería?’. Y nos respondió: lean el artículo 14, nosotros nos reservamos el derecho de rechazar el trámite”, dijo el director de CEDIB.
La norma establece que el gobierno puede revocar la personalidad jurídica de entidades que: incumplan lo dispuesto por la presente ley (351) y sus reglamentos; realicen actividades distintas a las finalidades señaladas en sus estatutos; por necesidad o interés público, declarado por ley nacional; y por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales (gubernamentales) previo informe del Ministerio del área.
En criterio del investigador, existe una intención de no otorgar la renovación de personerías jurídicas a las ONG independientes, pues aquellas que se declararon progubernamentales ya cuentan con su reconocimiento, así como los entes internacionales que decidieron financiar a programas del gobierno y ONG de altos funcionarios.
“Ahí están la fundación Juan Evo Morales Ayma y otras que son de altos funcionarios del gobierno; ellas son autorizadas y se adjudican obras y consultorías”, señaló.
Activos pasan a manos del Estado
La norma establece que la revocatoria de personalidad jurídica podrá ser interpuesta por cualquier entidad pública, del nivel nacional, departamental o municipal o cuando se identifique la existencia de una de las causales mencionadas arriba, pero también incorpora las figuras de extinción, disolución y liquidación de la entidad, sin derecho a reclamo. Los activos pasan a manos del Ejecutivo en sólo 35 días desde la notificación.
Gandarillas dijo que el gobierno empezó con las ONG para ensayar estos cambios fundamentales a los derechos de las organizaciones porque son “las más vulnerables”. Recordó que innumerables dirigentes sociales y autoridades de la presente administración de gobierno se beneficiaron en el pasado del apoyo y trabajo de las ONG.
El Ministerio de Autonomías, dijo Gandarillas, rechaza los trámites de renovación de personerías jurídicas a aquellas entidades que no incluyan en sus estatutos aspectos como la disolución, extinción y liquidación. “En otras palabras, nos obligan a dar permiso para que nos intervengan”.
Congelamiento de cuentas
A título de que las ONG se hacían dinero a costa de los pobres del país, la norma establece la obligatoriedad de las organizaciones sociales, organizaciones ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, a registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente.
El director del CEDIB dice que a pesar que esta entidad se sometió a todos los controles de auditoría ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe) así como al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), las autoridades siempre consideran que la información es insuficiente.
“Muchas ONG pensaron en transformarse en cooperativas pero la ley establece que ellas son solo para algunos tipos de actividades como la minería, finanzas o servicios básicos. También han pensado en volverse empresas comerciales, pero las trabas son muchas”, contó.
Del miedo se pasó al terror –indica Gandarillas- al citar casos de algunas ONG a las que se les congelaron sus cuentas bancarias a solicitud del Ministerio de Autonomías.
A pesar de la situación crítica que se vivió tras la expulsión de IBIS Dinamarca en diciembre de 2013, acusada por el gobierno de injerencia política, el investigador señala que las ONG prefirieron callar y ceder, en lugar de organizarse.
“A este gobierno se le permitió hacer cosas que a otros gobiernos no se les permitió”, observa.
Carta al Papa
Decenas de ONG y fundaciones enviaron una carta al Papa Francisco para que use “sus buenos oficios” con el presidente Evo Morales para cambiar esta situación. La misiva señala que la ley 351 y su decreto reglamentario restringen y condicionan el funcionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) “a la discrecionalidad de los actores gubernamentales”. Por ejemplo, recuerda la misiva, “el gobierno puede revocar la personalidad jurídica de las OSC, cuando considere que éstas incumplen las políticas sectoriales del gobierno”.
Agrega la carta que “estas normas han amedrentado a las OSC del país ante el riesgo de la pérdida de su personalidad jurídica para trabajar. Muchas se han ‘silenciado’ para mantenerse en pie, otras han cerrado sus actividades, o se han convertido a otras modalidades jurídicas, para evitar el hostigamiento de parte del gobierno”.
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