La Paz, 2 de junio de 2026 (ANF).- Don Pedro (70) con una mueca en la cara decide no comprar un brócoli que cuesta 29 bolivianos y Martha se queda con el deseo de llevar un pollo de 120 bolivianos. Su economía no les permite. Las protestas de hace 33 días y de ellos 28 de bloqueos asfixian la economía de las familias. Los sectores movilizados se niegan a dialogar y solo buscan el “derrocamiento de Rodrigo Paz”.
Con este martes son 33 días desde que la Central Obrera Boliviana (COB) declaró paro indefinido y 28 días desde que la Federación Tupac Katari inició el bloqueo de carreteras. Lo que empezó con un pliego petitorio laboral, sectorial y económico ha escalado a una crisis que pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Este domingo, la máxima organización de los trabajadores, en un ampliado, resolvió no ir al diálogo con el Gobierno y mantener sus medidas de presión: el bloqueo de caminos “inhumano” que impide la circulación de alimentos y las marchas que mantienen casi paralizado el aparato productivo.
Decisión que fue ratificada en un cabildo convocado este martes por una junta vecinal y donde participaron la COB y los sectores movilizados. Pese a la crítica situación, resolvieron mantener los bloqueos y no ir al diálogo con el gobierno.
El paro indefinido de la COB
Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, bajo el sol inclemente de El Alto, el 1° Mayo, con una bandera boliviana en la mano y un casco de minero que lucía brilloso declaró el paro indefinido.
“Se ha declarado el paro general indefinido movilizado para apoyar a nuestros compañeros movilizados hasta que atiendan nuestras demandas; si el gobierno no soluciona de manera inmediata, tiene que dar un paso al costado”, sentenció.
Mayo transcurrió entre marchas, enfrentamiento entre movilizados y efectivos del orden, destrucción de instituciones públicas, agresiones a ciudadanos ajenos a las manifestaciones, arrestos, detenciones, y violencia hacia los periodistas en cobertura. Los gremios de los periodistas y trabajadores de la prensa emitieron pronunciamientos para pedir al Estado protección de la labor periodística.
La conflictividad escaló a niveles impensables. El Gobierno convocó al diálogo, pero no ha tenido éxito y ha resistido todo el mes entre intentos de liberar las carreteras con la intervención policial y militar, y ejecutar corredores humanitarios.
La COB planteó su pliego el 1 de mayo con una larga lista de demandas en el que incluyó las siguientes: incremento salarial, reducción de salarios altos en el sector público, disminución de gastos estatales innecesarios, jubilación con el 100% del salario promedio, abrogación de la ley 1720, rechazo a privatizaciones o cierre de empresas estatales.
Además, un mayor presupuesto e ítems para salud y educación, convocatoria a elecciones judiciales, entrega obligatoria al Banco Central del 100% de las divisas provenientes de exportaciones privadas, rechazo a reformas que afectan la Ley General del Trabajo, exigencia de soluciones por la crisis y el problema del combustible adulterado.
El paquete de 10 leyes para la reactivación
El 9 de mayo, en medio del conflicto, el presidente Rodrigo Paz convocó a un Encuentro Nacional donde anunció la presentación de un paquete de 10 proyectos de ley para la reactivación económica y la transformación del modelo económico y político del país.
En el evento participaron líderes políticos de las organizaciones con representación en la Asamblea Legislativa, asambleístas nacionales y departamentales, gobernadores, alcaldes, entre otras autoridades. Hasta la fecha el único proyecto que se presentó fue el de Electricidad.
“Pero también tenemos que entender que 20 años y una democracia secuestrada nos ha generado una pérdida del sentido, del espacio de diálogo y los consensos”, señaló en relación a los 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Añadió que el desarrollo y progreso se debe lograr de forma consensuada y dialoga. “Eso no significa retroceder, significa que aquellos que todavía, bajo un dogma político nos bloquean las carreteras, los tenemos que vencer en la cancha democrática”.
El gobierno también anunció que pretende trabajar en una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
Enncuentro nacional en Cochabamba. Foto: ABI mayo 2026
Pacto entre la COB y los Ponchos rojos
Para el 11 de mayo la tensión aumentó. La COB, la dirigencia de los Ponchos rojos, el senador Nilton Condori (disidente de la alianza Unidad) suscribieron un pacto de unidad en el que ratificaron su rechazo a las medidas del Gobierno y anunciaron que no firmarían ningún acuerdo mientras no se concrete la renuncia de Paz.
También acordaron que la COB no firmaría ningún acuerdo con el Gobierno y que estarían del lado del “pueblo” hasta la renuncia del jefe de Estado.
Aunque el Gobierno aún no presentó todos los proyectos de ley, Argollo sin ninguna prueba exclamó que el “paquetazo de 10 leyes es para someter al pueblo, quiere privatizar el agua, la electricidad, el gas”.
Esta narrativa se ha difundido por las comunidades campesinas que han asumido como una “verdad absoluta”, pese a que el Gobierno dijo que no tiene ninguna política de privatización.
El senador Condori señaló que se suma a las movilizaciones para no “traicionar a mi pueblo”, para acabar con los “ladrones políticos” y la “elite ociosa” que “sufre algún transtorno mental”, se refirió de manera peyorativa.
La marcha campesina y la abrogación de la Ley 1720
Aunque la protesta más dura empezó en mayo. En abril, el cálido sol pandino despedía a una caravana de marchistas desde el norte boliviano (8 abril), con la consigna clara: la abrogación de la ley 1720. Antes de la movilización las organizaciones habían pedido frenar su tratamiento en el legislativo porque no fueron consultadas.
Esta ley “permitía el cambio voluntario de la pequeña a mediana propiedad rural para que pueda ser registrada como garantía para acceder a créditos bancarios”, el riesgo advirtió el dirigente Faifer Coájera era el latifundio, la pérdida de patrimonio y la falta de consulta. Los comunarios temían que sus tierras fueran mercantilizadas, primeramente, para luego perderlas.
El senador Branko Marinkovic impulsó la norma al extremo de acusar a la movilización de ser financiada por organizaciones no gubernamentales (ONG), incluso amenazó con investigarlas. El Gobierno no solo la promulgó, sino que lo hizo en un acto con los agroindustriales, lo que reforzó la idea de que a futuro sería una norma que beneficie a ese sector empresarial.
Los marchistas que traían el cansancio de la caminata, combatiendo contra las inclemencias del tiempo y las adversidades corporales que la naturaleza de la altura trae inminentemente, llegaron el 4 de mayo.
Tras días en La Paz, los marchistas de manera pacífica pidieron al Gobierno atención a su demanda. La presión logró su objetivo. El 13 de mayo, fue promulgada la norma legislativa que abrogó la Ley 1720. “Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la Ley 1720 fue abrogada”, afirmó el presidente Rodrigo Paz.
La abrogación de la norma puso fin a este conflicto. Aunque el resto de los sectores mantuvieron sus amenazas hasta que en mayo todo estalló.
En la ciudad de La Paz algunos sectores se organizaban para realizar un cabildo, el 11 de abril, convocado por el senador Nilton Condori, quien demuestra permanentemente no tener límites en sus declaraciones decía: “Bolivia necesita una revolución, (que) podría ser por vía institucional o derramamiento de sangre”, dijo a la red Bolivisión.
El cabildo concluyó con 15 demandas: Titulación de tierras para el sector campesino, reversión de tierras en concesión, reducción salarial al 50% de la Asamblea Legislativa, eliminar la renta vitalicia para exmandatarios, eliminar los escaños de diputados y senadores suplentes y abrogar la ley sobre propiedad agraria 157 y anular el proyecto de ley antibloqueos.
El panorama para esta fecha era ya alarmante. La ciudad de La Paz había sido cercada. Los alimentos no llegaban con regularidad, después tampoco los insumos médicos y oxígeno medicinal. El caos ahora venía acompañado de un silencio que dejaba interrogantes.
Evistas marcharon y presionan la renuncia de Paz
Mientras en la ciudad la tensión crecía con las frecuentes manifestaciones y enfrentamientos entre movilizados y la policía. Desde Caracollo, una marcha denominada “Por la vida” convocada por sectores afines al expresidente Evo Morales partió el 12 de mayo y llegó a La Paz el 18 para sumarse a las demandas de la COB.
Todas las marchas confluyeron ese día en la urbe paceña. Fue el día más violento que vivió la población desde que iniciaron las protestas. Enfrentamiento entre policías y movilizados, destrucción de instalaciones estatales y empresas como Mi Teleférico, agresiones, uso excesivo de dinamitas, petardos y gases lacrimógenos. Un descontrol de la violencia.
El telón de fondo era irreversible. Los bloqueos iban en aumento. La policía llegó a reportar al menos 150 puntos en al menos siete departamentos, aunque la mayor concentración sigue en la ruta La Paz-Oruro; hacia Copacabana y otras regiones.
El cerco: crisis de alimentos, medicamentos y muertos
Don Pedro pregunta los precios de varios productos en el mercado del Cruce de las Villas.
– Todo está caro ¿Qué vamos a hacer? Se pregunta en voz alta. La vendedora responde que todo llega caro, lo hace con un dejo de lamento.
Los precios de los productos de la canasta familiar se dispararon, “están por las nubes” dijo una ama de casa mientras se quejaba por la falta de alimentos y la incomodidad de hacer fila por más de tres horas solo para comprar un pollo en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.
La vendedora proporcionó los precios de “espanto”: un brócoli a 29 bolivianos, la zanahoria, los tomates, la cebolla, la libra de cada producto a 10 bolivianos, la unidad de los pimentones a 5 bolivianos, similar precio un ramito de apio.
El consumo de cualquier tipo de carnes es un “lujo”. Un pollo que pesa poquito más de dos kilos supera los 120 bolivianos, la cabeza de lomo de carne de res 150 bolivianos, el kilo de carne molina especial 100 bolivianos. El maple de huevo oscila entre 60 y 75 bolivianos.
Pero no solo es un problema de alimentos, sino de insumos médicos, oxígeno medicinal, libre circulación de ambulancias en situaciones de emergencia. La intolerancia en los puntos de bloqueo provocó la pérdida de vidas.
En su informe preliminar del 1 al 24 de mayo, la Defensoría del Pueblo da cuenta de 321 personas arrestadas, 23 heridas y siete fallecidas en medio de los conflictos y bloqueos.
De los siete fallecidos, cuatro perdieron la vida por no tener atención de salud oportuna producto de los bloqueos, un movilizado murió por arma de fuego durante el corredor humanitario del sábado 24 de mayo bajo circunstancias aún no muy claras y dos son bajas dentro de los movilizados, pero no se cuenta con informe médico claro y están bajo investigación.
El Gobierno tiene un registro de decesos de cuatro fallecidos, tres de ellos por la no atención ya que las ambulancias no lograron pasar debido a los bloqueos y uno fallecido por arma de fuego, el caso está en investigación.
A estos datos se suma la muerte de un chofer en la carretera. Zulema reportó la muerte de su esposo que quedó atrapado en un punto de bloqueo en La Paz. La víctima sufrió 32 días con mala alimentación y sin medicación.
“Mi esposo falleció ayer en La Paz, en El Alto. Esta mañana he ido al aeropuerto, pero no hay vuelos. Desde ayer estoy buscando vuelos, porque ayer todavía estaba respirando y me ha dicho: no vengas, voy a estar bien”, contó hasta el llanto.
Además, los bloqueos han provocado desabastecimiento de combustible, lo que ha obligado al sector transporte a reducir sus servicios. También se declararon en emergencia. La población de La Paz y El Alto debe caminar kilómetros para llegar a sus fuentes laborales y tras una jornada de trabajo llegar cansados a sus hogares.
El Gobierno ha informado que hay muchas cisternas paradas en los puntos de bloqueo, entre tanto en las estaciones de servicio las colas son enormes. La provisión es fluctuante.
Operativos de desbloqueo y corredores humanitarios
El Gobierno ejecutó con las fuerzas del orden un operativo de desbloqueo el 9 de mayo. Un corredor humanitario se realizó, el sábado 23 de mayo, entre la Policía y las Fuerzas Armadas, para desbloquear la carretera La Paz – Oruro. El objetivo permitir el ingreso de alimentos, oxígeno medicinal e insumos médicos. Aunque lograron despejar las vías, los movilizados volvieron a tomar las carreteras.
“Estamos para hablar con los bloqueadores y que este corredor humanitario tenga éxito. Vamos a ir acompañando todos los puntos de bloqueo y vamos a ir levantando de buena manera, conversando con la gente y levantando como tiene que ser”, manifestó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
A principios del mes de mayo, el analista e historiador Robert Brokcmann y el economista Armando Ortuño, en el programa “Hablar de Bolivia con una taza de café” en radio Fides, coincidieron en que la situación podría tener un escenario aún más complejo en el venir de los meses.
“Hay una lentitud exasperante en la elaboración de leyes y en la resolución de problemas (…) Hay una serie de problemas que no se resuelven”, dijo Brockmann. Mientras que Ortuño indicó que se “tiene que aclarar con mucha mayor eficacia el horizonte al que quiere llegar” refiriéndose al Gobierno.
En medio de la crisis económica, La Paz está “paralizada”, una parte de El Alto con grupos de movilizados, aunque no toda la ciudad. Las consecuencias son a otras regiones como Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, donde ya hay puntos de bloqueo. El panorama cada vez es más crítico y los acercamientos de Paz no tienen resultados concretos.
Diálogo
Las mesas de diálogo muestran un matiz nada esperanzador pese a los esfuerzos de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Las organizaciones han condicionado ir al diálogo si se dejaba sin efecto las órdenes de aprehensión. La justicia concedió una tutela en una acción de libertad y se dejó sin efecto la orden contra el dirigente Mario Argollo y Vicente Salazar.
Pese a que se levantaron los mandamientos, las organizaciones resolvieron rechazar el diálogo y mantener su única consigna: renuncia del presidente Rodrigo Paz. Sin cumplir su compromiso.
Además de los dirigentes sindicales visibles en el conflicto, el gobierno señala al expresidente Evo Morales como el autor de estar digitando las movilizaciones, más aún cuando planteó un adelantamiento de la administración gubernamental.
El vicepresidente Edmand Lara se puso del lado de los movilizados y justificó las protestas, en medio de críticas al gobierno de Paz. Sin embargo, la anterior semana impulsó que la Asamblea Legislativa medie para el diálogo con los sectores, de esa manera se conformó una comisión a la que convocaron al Ejecutivo, representado por el ministro José Luis Lupo y la ministra Beatriz García. Han transcurrido los días y no se vislumbra ningún escenario de diálogo.
Las organizaciones movilizadas fueron aliadas de los gobiernos del Movimiento al Socialismo, tenían espacios de poder en la estructura del Estado: ministerios, viceministerios, empresas estatales, entre otras entidades. Con el cambio de gobierno los “privilegios políticos se perdieron”.
Don Pedro espera que esta situación termine para que los precios de los productos de la canasta familiar vuelvan a los precios de antes del conflicto; mientras doña Martha exhortó al gobierno y a los movilizados sentarse y resolver este conflicto para frenar el sufrimiento por el que atraviesa la población.
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