Movilización potosina por calles de La Paz. Foto: ANF
La Paz, 21 de julio (ANF).- Después de 71 días, desde que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anunciaran un paro cívico en ese departamento, en demanda de la respuesta a un pliego de 26 puntos, varios de los cuales datan del año 2010, el diálogo se abrió a fuerza de presión de un conflicto que se trasladó a la sede de gobierno.
A cinco años de que detonara uno de los conflictos regionales más prolongados, el departamento de Potosí, esencialmente minero, se levantó nuevamente en 2015 exigiendo el cumplimiento de sus demandas. Comcipo articuló la movilización que sumó a otros sectores con el pasar de los días.
La reactivación del conflicto
De acuerdo a un monitoreo realizado por la Unidad de Análisis de Conflicto de la Fundación UNIR y un seguimiento de ANF, el conflicto potosino se inició el 11 de mayo, cuando los demandantes anunciaron un paro cívico “movilizado” de 24 horas para el miércoles 13, junto con medidas de presión.
El 13 de mayo, los demandantes cumplieron lo anunciado y se acató el paro de 24 horas. Las actividades educativas fueron suspendidas, los mercados y comercios de la cuidad estuvieron cerrados, mientras que las instituciones públicas fueron las únicas que realizaron sus actividades, pero a puertas cerradas. Se registraron bloqueos en algunas calles de la ciudad.
Tres días después, los demandantes amenazaron con retomar las medidas de presión, y advirtieron con un paro indefinido desde el jueves 28 de mayo. Después de varias ratificaciones a la determinación, el día fijado, los cívicos cumplieron la primera jornada del paro anunciado.
El 29 de mayo, los demandantes cumplieron el segundo día de paro, en paralelo a marchas de protesta por el centro de la ciudad que obligaron a cerrar bancos y entidades públicas.
Tregua de dos días
En fin de semana, 30 de mayo, los cívicos potosinos decidieron declarar un cuarto intermedio por dos días, y anunciaron la radicalización de sus medidas de presión, sí es que las autoridades gubernamentales no se presentaban durante esa jornada en la cuidad de Potosí para resolver el conflicto.
El 31 de mayo, los demandantes esperaron a los ministros y anunciaron la suspensión del paro hasta el viernes 5 de junio para facilitar diálogo, fecha en la cual, los cívicos anunciaron que esperarán nuevamente hasta el viernes 12 de junio, para reunirse con los ministros de Minería, Salud, Educación e Hidrocarburos.
Ante la falta de respuesta del gobierno, el 17 de junio, el Comité Cívico mantuvo el cuarto intermedio de la huelga general indefinida y anunció una marcha hacia la ciudad de La Paz.
El 19 de junio, los demandantes anunciaron que la marcha a la ciudad de La Paz partiría el miércoles 24 a las 9:00 de la mañana, fecha que fue cambiada dos días después para el viernes 26 de junio.
Inicio de la marcha a La Paz
Como lo planificaron, los cívicos iniciaron su marcha rumbo a La Paz el 26 de junio. Mientras que los campesinos de la provincia Chayanta, advirtieron que no permitirían el paso de los marchistas.
Sin embargo, el 29 de junio, los 16 marchistas cumplían su cuarto día de caminata hacia la sede de gobierno, y ya se encontraban en Machacamarca.
El 30 de junio, los cívicos marcharon por quinto día hacia la sede de gobierno; más sectores se pronunciaron a favor de la medida y pidieron alimentos y medicamentos para los marchistas.
El 1 de julio, los demandantes pasaron la tranca de Oruro rumbo a la ciudad de La Paz, y anunciaron reforzar la movilización. Un día después, los cívicos llegaron a Caracollo con la esperanza de arriba a la sede de gobierno en los próximos días.
El 3 de julio, ante la falta de atención gubernamental, los marchistas anunciaron nuevas medidas de presión, así como el paro indefinido en Potosí.
Tres días después, los cívicos arribaron a la ciudad de El Alto. En Potosí, el paro cívico indefinido ya era un hecho. Se masificaron los piquetes de huelga de hambre y varios puntos de bloqueo.
Conflicto se traslada a la sede de gobierno
El 7 de julio, luego de 12 días de marcha, los potosinos llegaron a la sede de gobierno, mientras que la policía evitó el ingreso a la Plaza Murillo, por lo que se concentraron a descansar en la plaza San Francisco.
En Potosí se cumplía el segundo día de paro cívico y se registraban 15 puntos de bloqueo; mientras que en el Concejo Municipal se instaló un piquete de huelga.
El jueves 9 de julio, los demandantes permanecieron en la ciudad de La Paz, marcharon por el centro y bloquearon algunas calles cercanas a la plaza Murillo; en la UMSA, seis personas instalaron su huelga de hambre. Ratificaron que únicamente dialogarían con el presidente Evo Morales.
Entre tanto, en Potosí continuaba el paro indefinido. Anunciaron que en las próximas horas trabajadores mineros se dirigirán a la sede de gobierno, y piden que más potosinos se unan a la demanda.
El 10 de julio, los potosinos marcharon nuevamente por el centro paceño e intentaron ingresar a la plaza Murillo, mientras que la policía impidió su ingreso al área. Fue cuando se generó una jornada de amague y convulsión social con cuatro cívicos heridos y cinco detenidos. Se cumplió el quinto día de paro cívico en Potosí.
El departamento de Potosí cumplía el 13 de julio, el octavo día de paro cívico, mientras los demandantes en La Paz bloqueaban la avenida Mariscal Santa Cruz desde tempranas horas de la mañana. La medida de presión era reforzada con la llegada de 200 personas procedentes de Potosí. El presidente Evo Morales, se fue a Uyuni, lugar donde condicionó el diálogo que no se dio, pues la dirigencia potosina se encontraba en la sede de gobierno.
En horas de la noche, los potosinos lograron ingresar a la plaza Murillo pero fueron reprimidos inmediatamente por la policía; el saldo, 15 personas detenidas y tres heridos en enfrentamiento violento que emplea gases por parte de los miembros del orden, y detonantes por parte de los movilizados.
Nueva tregua por fiestas julianas
El 14 de julio, seis dirigentes fueron liberados en horas de la mañana en La Paz. Se anunciaba que suspenderían las movilizaciones hasta el viernes, por respeto las fiestas julianas, sin embargo, se declararon en emergencia y con vigilia instalada en inmediaciones de la UMSA. En Potosí, se cumplía el noveno día de paro. Se registraron movilizaciones y bloqueo de calles.
Dos demandantes que permanecían en huelga de hambre fueron dados de baja por su crítico estado de salud el 15 de julio.
En La Paz, los dirigentes continuaron en vigilia en predios de la UMSA y avenidas céntricas. En Potosí, el 17 de julio se cumplía el décimo tercer día de paro indefinido. El desabastecimiento de productos básicos incrementaba. Se reanudaron las movilizaciones en la sede de gobierno, mientras que la huelga de hambre continuaba.
El mismo día, el vicepresidente Álvaro García Linera se reunió con los alcaldes de Potosí, pero Comcipo no llegó a la cita porque insistió en que la reunión debía ser con el Presidente. Salió un pronunciamiento a favor del diálogo.
El 20 de julio, en Potosí se cumplía el décimo sexto día de paro indefinido con movilizaciones y bloqueos, y la profundización del desabastecimiento de productos de primera necesidad. La asamblea de la potosinidad rechazó una vez más el dialogo con los ministros e insistió en reunirse con el primer mandatario, así como la continuidad de las movilizaciones.
En La Paz, la marcha se masificó con la llegada de cientos de mineros que hicieron detonar dinamitas a su paso por el centro paceño, mientras que la plaza Murillo reforzó su seguridad con efectivos de élite y neptunos. Por la noche, el gobierno acusaba a la dirigencia potosina de planificar su ingreso a plaza Murillo, aprovechando la oscuridad.
El ministro de la Minería, César Navarro, lanzó la advertencia del cierre de la Empresa Minera Manquiri, si el conflicto potosino continuaba. Dijo que no era un condicionamiento al cese de movilizaciones, pero aseguró que las consecuencias serían muy graves de persistir con el paro y la toma de la minera estadounidense.
Apertura al diálogo
El martes 21 de julio, el presidente Evo Morales prefirió cumplir su agenda presidencial sin ninguna variación. No se reunió con la dirigencia potosina, la cual aceptó el diálogo con los ministros, bajo el compromiso de que sea el mandatario el que firme el acuerdo final. El ejecutivo rechazó cualquier mediación del Defensor del Pueblo, pero aceptó a la Iglesia católica como mediadora.
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