La Paz, 10 de julio (ANF).- El Estado boliviano, desde hace un año, adeuda los honorarios profesionales a los abogados Roberto Celedón Fernández y Matías Coll del Río, que asumieron la defensa de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en Chile el 19 de marzo de 2017. Este martes enviaron una nota al Consulado de Bolivia en ese país.
Se trata de una “autorización” que los juristas entregaron a Julio César Ramos Luna para que asuma la representación de ambos en las gestiones ante las instituciones del Estado Bolivianos respecto al pago de sus honorarios profesionales.
Para que “realice todas las gestiones que sean necesarias para procurar el pago de los honorarios profesionales adeudados por el Estado Plurinacional de Bolivia, a los abogados Roberto Celedón Fernández y Matías Coll del Río con motivo de la defensa jurídica realizada a favor de los nueve funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia detenidos en la República de Chile”, dice la nota.
La carta tiene fecha de recepción por el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia en Santiago de Chile, este 10 de julio. El diputado Amilcar Barral hizo la denuncia tras acceder a la nota de los juristas, calificó como “vergüenza” que el Estado boliviano no cancele desde hace un año lo adeudado a ambos abogados y exigió a la Cancillería cumplir con esta obligación.
Es una pena -dijo- que el Gobierno haya usado la detención de los nueve connacionales solo como un “show” al declararlos “mártires”, pero que en los hechos ni siquiera son capaces de cancelar los honorarios a los profesionales que asumieron la defensa de los funcionarios y militares.
“Estos señores van todos los días a la Cancillería (a través de una persona) y se hacen ocultar, vuélvase mañana, vuélvase pasado mañana, han recurrido al Consulado tampoco les quisieron recibir. Es una vergüenza la actitud de las autoridades”, protestó Barral.
El 19 de marzo de 2017 fueron detenidos en la frontera Bolivia-Chile siete funcionarios de la Aduana Nacional y dos militares, en el marco -según los bolivianos- de un operativo de lucha contra el contrabando.
Los funcionarios fueron detenidos en el penal de Alto Hospicio en la localidad de Pozo Almonte, fueron acusados por los delitos de robo con intimidación y violencia; portación y tenencia ilegal de armas; y contrabando.
El 28 de junio fueron liberados después de que el Gobierno pagara una multa equivalente a $us 48.000, incluida en la sentencia judicial emitida tras un juicio abreviado, en el que los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos y la justicia chilena decidió expulsarlos del país.
El documento presentado en el Consulado está firmado por Matías Coll del Río, con la dirección de su oficina y su RUT.
El año pasado la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya informó que en un acto solidario los 1.800 funcionarios aportaron dinero para pagar por la defensa y otros gastos de sus siete compañeros detenidos. En ese tiempo el Gobierno también manifestó que asumiría la multa y otro tipo de gastos.
/NVG/
