Cuando en 1846 Marx y Engels acuñaron el término alemán lumpenproletariat se referían a las clases sociales abandonadas por la sociedad, a aquellas sumidas en la marginalidad más desesperada, por fuera del sistema de producción. Un sector empobrecido hasta el límite, que incluía a indigentes, mendigos, delincuentes y desempleados. No es casual que la traducción de lumpen, palabra hoy incorporada al castellano, sea: harapos, andrajos.
El término “lumpen” asociado a la palabra “proletariado”, es un oxímoron. La figura retórica encierra una oposición flagrante: mientras el proletariado era una fuerza de trabajo que vivía de la venta de su capacidad de producir bienes o servicios, el lumpen sobrevivía de la mendicidad o de actividades delictivas.
Además de la exclusión económica y precisamente por no pertenecer a una clase social definida por su fuerza de trabajo, el lumpen carece de conciencia de clase y no se reconoce como clase explotada, por lo que carece de objetivos políticos compartidos y es fácilmente manipulable, como lo ha sido a través del tiempo en muchos países.
Desde la perspectiva de los marxistas, el lumpen es considerado políticamente inestable, que puede ser utilizado por sectores reaccionarios como carne de cañón. Un diccionario marxista que he consultado para escribir esta nota, usa esta definición: “Masa de desclasados, excluida y deslindada del proletariado, que se nutre económicamente de los tráficos ilegales, la economía criminal, la mendicidad, el patronazgo estatal o privado o una combinación de todas ellas”.
En el mismo diccionario encontré lo que Marx y Engels escribieron en “El manifiesto comunista”: “El lumpenproletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria; sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de vida está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras”.
Nada mejor que las fuentes originales citadas más arriba, para clasificar a quienes protagonizan la convulsión que se ha generado desde principios de mayo en Bolivia: quisiera mostrarse como un movimiento popular que lucha por reivindicaciones de clase, pero en realidad es una manipulación de unos pocos, a miles de sujetos sin conciencia de clase y fácilmente manipulables mediante amenazas de sanciones o de pagos con dinero mal habido.
Borregos chantajeados por dirigentes comunitarios o agitadores pagados por el crimen organizado, coludidos codo a codo para destruir al país. El oxímoron es evidente en Bolivia: por una parte los cabecillas que dicen representar a las fuerzas productivas (aunque no representan en realidad sino a un porcentaje ínfimo de la fuerza laboral), y por otra parte grupos de agitadores sin oficio ni beneficio, ni conciencia de clase, que provocan caos y zozobra con un reclamo que es un exabrupto digno de Ripley: la renuncia del presidente elegido democráticamente a fines de 2025, hace poco más de seis meses.
La diferencia con el lumpen descrito por Marx y Engels, es que este lumpen de nuevo cuño no marcha en harapos, no es la “corte de milagros” que fue caldo de cultivo para la Revolución Francesa, nada que ver. El lumpen de ahora, que comete actos vandálicos contra los ciudadanos, calza zapatillas de marca, lleva en el bolsillo teléfonos celulares de alta gama, viste buzos deportivos y pasamontañas. Y carece de conciencia de clase, aunque puede enarbolar consignas racistas y de odio de clase.
Más cerca de estos tiempos, lo que escribía Zygmunt Bauman también podría redondear la definición: “Los afectados por el virus del ‘lumpenproletariado espiritual’ viven en el presente y por el presente. Viven para sobrevivir (en la medida de lo posible) y para obtener satisfacción (tanta como puedan). Como el mundo no es para ellos un terreno de juego local ni tampoco algo de su propiedad (al haberse liberado de la herencia se sienten libres pero, en cierto modo, desheredados, como si les hubieran robado algo o alguien les hubiera traicionado), no ven nada de malo en explotarlo para su voluntad; para ellos, la explotación no es odiosa en la medida que tampoco lo es robar para recuperar lo que nos han robado.”
Mientras los dirigentes de la COB que incitan a estos grupos de choque y obligan a marchar o a bloquear a campesinos de bajo nivel educativo (más perdidos y asustados que perros famélicos en una procesión de Semana Santa), perciben del Estado jugosos sueldos que duplican los de los ministros o diputados, mientras se cubren debajo de guardatojos o ponchos wairuru flamantes, porque nunca en su vida han trabajado.
Los que lanzan fogosos discursos sobre la nación aymara (supuestamente predominante) y proclaman la aniquilación de todos los q’aras, deberían leer primero los resultados oficiales del censo de 2024: apenas el 14.1% de la población se reconoce como aymara. Imagino la rabia que les da tragar esa cifra que, de hecho, aparece disimulada en el informe final del censo.
No sigamos engañándonos. Queda claro que el pequeño grupo de dirigentes que manipula a grupos de choque tiene un solo objetivo: no perder los privilegios prebendales adquiridos durante los gobiernos de Evo Morales, que supo domesticarlos como a los perritos de Pavlov. No quieren una transformación de la sociedad, sino su propia inclusión en el aparato del Estado. Son dirigentes corruptos, sin representatividad laboral, que constituyen en sí mismos una categoría social de capataces sin base productiva, o empresarios ilegales sin empresas, que se juegan las últimas cartas de la impunidad ejercida mediante el chantaje.
El gobierno les teme, pero podría controlarlos sin violencia cortando los beneficios que eroga el erario. Ni siquiera es necesario tocar la Constitución Política del Estado que fabricó Evo Morales entre gallos y medianoche. Bastaría un par de decretos o leyes complementarias (que hagan algo, además de viajar, los ociosos de la Asamblea Legislativa), para suspender los privilegios: declaraciones en comisión, sobresueldos, financiamiento de sedes sindicales y de medios de difusión que sólo sirven para promover el vandalismo. Pueden incluso cesarlos por incumplimiento de deberes e inasistencia al trabajo, como en cualquier país donde hay leyes.
Si todos los que marchan y bloquean en las ciudades fueran trabajadores, ya hubieran sido despedidos de las empresas luego de un mes de ausentismo. Podemos estar seguros de que no pertenecen al sector de trabajadores asalariados, son apenas lumpen oportunista.
Contrariando el pedido de algunos sectores de que se dicte un Estado de Excepción que podría resultar en muertos (con los que dirigentes racistas y fascistas quieren alfombrar las carreteras), se deben tomar primero medidas de desbloqueo sin armas letales: con agua. Saquen de una vez los camiones Neptuno para dispersar con potentes chorros de agua a los manifestantes y marcar con pintura indeleble a los agitadores de primera fila.
Tomen presos y abran prontuarios de aquellos más belicosos. La población tiene derecho de saber quiénes son, qué oficio tienen (probablemente la mayoría de los agitadores no tiene oficio), con qué dinero se mantienen y pagan sus zapatillas deportivas y sus celulares, desde qué lugares llegan a La Paz, dónde se refugian en las noches, etc. La Policía tiene que ponerse las pilas y hacer el trabajo de inteligencia que le corresponde, que hasta ahora no hace, pues a veces libera a los vándalos sin siquiera ficharlos ni cobrarles los destrozos causados.
Como he escrito en semanas anteriores, me preocupa sobremanera la soledad del Poder Ejecutivo frente a estos conflictos provocados y financiados que pretenden asfixiarnos. En esta lucha contra el vandalismo y la irracionalidad, tanto el Poder Legislativo, como los gobernadores y los alcaldes (la manga de cobardes que hemos elegido en el occidente del país) han dejado solos a los ciudadanos. Las excepciones son honrosas: tímidas declaraciones de Revilla (que parece escondido debajo de su cama), o Reyes Villa en Cochabamba, y algunas acciones aplaudidas del alcalde Dockweiler. Pero ninguno de ellos hace nada por desbloquear las ciudades que están bajo su responsabilidad.
No estoy seguro si su inacción es por pusilanimidad o por oportunismo. No dan la cara, no se constituyen en parte acusatoria de los vándalos. Sólo aparecen para hacer algunas declaraciones blandengues, pura retórica de “paz y convivencia”.
Sólo el gobierno central trata de resolver los conflictos, pero sus energías se agotan y crecen las divisiones internas, mientras la opinión pública ya perdió la paciencia y sufre las consecuencias: se cuentan 22 mártires inocentes entre los choferes que fallecieron en sus camiones y los enfermos que no pudieron pasar los lugares de bloqueo para llegar a un hospital.
La extorsión y el chantaje se ha impuesto en las carreteras. Los productores de frutas, verduras o huevos que han logrado pasar la semana pasada por lugares bloqueados, cuentan cómo tuvieron que pagar por un “derecho de peaje” en el mejor estilo de las mafias que controlan territorios.
Ya basta de tolerancia. Al principio algunos querían hacernos creer que había cierta legitimidad en los reclamos de los marchistas o bloqueadores, hasta que muy consecuente con su egolatría y cobardía habituales, el cacique del Chapare se reveló como articulador del caos. En sus discursos expresó claramente “cómo” debían continuar los relevos en los bloqueos y acusó de traidores a quienes, por cansancio, pérdida de apoyo de sus bases o falta de pago, decidieron suspenderlos.
El repudio de la población se ha generalizado. Es el momento de hacer rendir cuentas a los instigadores y rechazar de plano las extorsiones de la COB, que todavía pretende aparecer como representativa de los trabajadores, cuando en realidad ya no representa a nadie.
No al chantaje y no a la impunidad.
El autor es escritor y cineasta
