La Paz, 7 de marzo de 2026 (ANF).- Ni la ley ni las promesas de protección han logrado frenar el asesinato de mujeres en Bolivia, que cada vez va en aumento y es más brutal. En apenas dos meses de este 2026, la violencia machista ha silenciado la vida de 19 víctimas, dejando familias fracturadas y niños desprotegidos.
La condena máxima por feminicidio en el país es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, según la normativa penal. Sin embargo, las sentencias severas no han logrado detener la violencia: los asesinatos continúan y, con el tiempo, parecen volverse más planificados y crueles.
El feminicidio es la manifestación más extrema de violencia contra la mujer. Estos crímenes no solo arrebatan una vida: también dejan consecuencias devastadoras, como niñas y niños huérfanos, familias disgregadas, profundas heridas en la salud mental y el agravamiento de la pobreza.
En la mayoría de los casos, son los padres y las madres de las víctimas quienes cargan con el peso de la tragedia y deben peregrinar durante años en busca de justicia.
Casos que duelen
Las autoridades reportaron cinco asesinatos violentos. Una de las víctimas tenía 37 años, era madre de dos hijos —de 14 y 9 años— y estaba embarazada de cinco meses. El principal sospechoso es su expareja, de quien se había separado hacía cinco meses.
El agresor tenía una orden de alejamiento por violencia, pero burló la medida e ingresó al domicilio de la víctima la madrugada del 4 de marzo. Allí la atacó y le asestó más de 60 puñaladas hasta quitarle la vida. El hombre aún es buscado por la justicia.
Ese mismo día, otra mujer fue asesinada de forma violenta en la ciudad de El Alto. La víctima tenía 16 años y fue estrangulada por su excuñado, identificado como Joel A. Ch., de 23 años, quien ya fue capturado por la Policía.
El crimen ocurrió después de que la adolescente regresara de su colegio alrededor de las 13:00. Cámaras de seguridad registraron al agresor cuando ingresó y salió de la casa de la menor.
Tiempo después, una familiar encontró a la joven sin vida, acostada en su cama y cubierta con frazadas.
“Él (agresor) me mandó unos videos donde confesaba que estaba obsesionado con mi hermanita, la menor. Decía que no podía vivir sin ella y que por eso se había ido de la casa (…) Necesitamos justicia, que le den 30 años de cárcel”, imploró una de las hermanas de la adolescente.
Mayra, de 32 años y madre de dos niños de 14 y 7 años, fue asesinada en la ciudad de La Paz por su pareja, Reyderman J. P. L., de 37 años. El crimen ocurrió el 27 de febrero en una vivienda ubicada en la zona de Calacoto, en el macrodistrito Sur.
Según las investigaciones preliminares, la víctima ingresó al departamento de su agresor, donde fue golpeada y estrangulada. Tras cometer el crimen, el hombre introdujo el cuerpo en una bolsa de yute y lo trasladó en su vehículo hasta el sector de Charquini, donde abandonó el cadáver.
El presunto feminicida guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro, mientras continúan las investigaciones.
“Queremos que esta persona se pudra en la cárcel (…) Mayra fue muy querida, tenía dos hijos. Reyderman era su novio; le arrebató la vida, la ahorcó y sacó su cuerpo en una maleta para abandonarlo a dos horas de La Paz (…) Le prometí a ella que iba a luchar por justicia, por sus hijos”, declaró Alejandra R., amiga de la víctima, en el programa Sin Concesiones de Radio Fides.
Alejandra contó que Mayra era de nacionalidad venezolana y trabajaba como manicurista. No tenía familiares en Bolivia.
Otros dos casos de feminicidio que conmocionaron a la población se registraron en Oruro y Potosí. En el primer caso, una joven de 17 años fue hallada muerta en el municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro. La víctima presentaba una herida punzocortante a la altura del pecho. Junto al cadáver, las autoridades encontraron a su bebé de apenas cuatro meses llorando.
Las investigaciones señalan que el presunto autor del crimen es la expareja de la víctima y padre de la niña, quien habría planificado el asesinato junto a su actual pareja. Ambos ya fueron detenidos por las autoridades.
En el municipio de Arampampa, en el departamento de Potosí, una mujer de 27 años y su hija de un año también fueron halladas muertas en una represa del lugar. El principal acusado es un hombre de 61 años, quien fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Miguel de Uncía.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima había quedado viuda hace apenas un mes y acudió a su suegro para reclamar el pago de una deuda de 2.000 bolivianos. Sin embargo, el hombre presuntamente la asesinó.
La mujer dejó a tres niños en la orfandad.
Las cifras
Desde el 1 de enero hasta el 5 de marzo, la Fiscalía reportó 19 asesinatos de mujeres en el país. La mayoría de los casos se registró en La Paz, con nueve hechos, seguido de Oruro con tres; Cochabamba y Santa Cruz reportaron dos casos cada uno, mientras que Beni, Potosí y Tarija registraron un caso respectivamente. Los departamentos de Pando y Chuquisaca no reportaron feminicidios en ese periodo.
Según datos del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, el 78% de las víctimas conocía a su agresor.
La información de esa entidad señala que los crímenes fueron cometidos principalmente por esposos, parejas, exparejas, enamorados o personas del entorno cercano de las víctimas.
La edad promedio de las mujeres asesinadas es de 35 años, con mayor incidencia en el grupo de entre 20 y 30 años, que concentra el 33,33% de los casos. Dos de las víctimas eran menores de 20 años; cinco tenían entre 31 y 40 años, y seis superaban los 41.
Los 19 feminicidios registrados en el territorio nacional dejaron al menos 18 niños, niñas y adolescentes en la orfandad.
En 2025, Bolivia cerró la gestión con 81 asesinatos violentos de mujeres. El departamento de La Paz encabezó la lista con 31 casos, seguido de Santa Cruz con 17, Cochabamba con 13, Potosí con 8, Oruro con 6, Tarija con 3, Chuquisaca con 2 y Beni con 1.
“El Estado ha descuidado la lucha contra la violencia hacia la mujer”.
La representante de la organización de familiares de víctimas de feminicidio en Bolivia, Michelle Shaw, afirmó en entrevista con la Agencia de Noticias Fides que el sistema de justicia continúa fallando en la protección de las mujeres.
Según señaló, la impunidad y la falta de seguimiento a las denuncias permiten que la violencia escale hasta sus formas más extremas. Asimismo, cuestionó la falta de personal capacitado, las demoras procesales y decisiones arbitrarias dentro del sistema judicial, factores que —dijo— desincentivan la denuncia y dejan a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.
“Por más que el sistema sea punitivo o más sancionador, el problema radica en el propio sistema de justicia. Quienes lo administran dilatan los procesos, ya sea por actos de corrupción o por ineficiencia. La víctima tiene que soportar todo tipo de burocracia y muchas no resisten ese desgaste y terminan desistiendo de sus denuncias (…). Se debe reestructurar el sistema de justicia para proteger a las víctimas de violencia antes de que se llegue a un desenlace fatal”, remarcó.
La activista agregó que el incremento de feminicidios se atribuye a la inoperancia de las instituciones estatales y a procesos burocráticos que desgastan, desamparan y revictimizan a las mujeres víctimas de violencia, hasta el punto de hacerlas desistir de la denuncia.
“El Estado, como garante de derechos, ha descuidado la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esto es claramente visible y se refleja en escalofriantes cifras de asesinatos. La justicia tiene desafíos y retos para frenar estos crímenes, y la Policía debe fortalecer la prevención y gestionar mayores recursos y presupuesto para evitar ser señalada como una institución negligente o carente de recursos, no solo económicos, sino también humanos”, indicó.
Por su lado, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, afirmó que la Ley 348 debe aplicarse de forma correcta y que es necesario insistir en la prevención para desnaturalizar la violencia machista.
Sánchez agregó que los gobiernos, tanto el central como los locales, deben unir esfuerzos para erradicar el maltrato hacia la mujer, ya que —según considera— en los últimos tiempos la violencia ha escalado a niveles cada vez más brutales.
“Tiene que haber la prevención y para eso se debe trabajar con las unidades educativas porque la violencia no se acaba cuando uno crece, la violencia se está naturalizando y se debe impulsar la desnaturalización desde el gobierno central y los gobiernos municipales”, señaló.
Sánchez coincidió con Michelle Shaw, representante de familiares de víctimas de feminicidio, al advertir sobre las fallas en el sistema de justicia. Agrega que las mujeres se enfrentan a la revictimización y cuestionamientos cuando denuncian a su agresor antes la Policía y Fiscalía.
Policías y personas del IDIF en un caso de feminicidio. Foto: Fiscalía.
Rossana, la artista que lucha por vivir
La cantante Rossana M. fue víctima de una brutal agresión presuntamente perpetrada por Erick P.V., su pareja y padre de sus hijos, con quien mantenía una relación de 11 años. El hombre le disparó en la cabeza y la artista permanece internada en terapia intensiva debido a un traumatismo cráneo encefálico.
El intento de feminicidio ocurrió el pasado 17 de febrero. La madre de la cantante, Roxana Piza, relató que su hija se debate entre la vida y la muerte.
“Sus dos hijos, de 4 y 10 años, presenciaron todo”, alertó Piza en una entrevista con el programa Sin Concesiones. La mujer aseguró que Rossana venía sufriendo humillaciones y maltratos desde hace tiempo y que, además, su pareja le prohibía mantener contacto con su familia.
“Él la había apartado de la familia. En el último tiempo andaba muy triste y no decía nada. A veces escuchaba bulla en su departamento y cuando iba me decían que estaban jugando”, relató. Según la madre, fueron sus nietos quienes le contaron que Erick golpeaba a su hija hasta hacerla desmayar.
Roxana Piza pide justicia para Rossana, quien en 2012 representó a Bolivia en el festival de Viña del Mar, en Chile. La joven no solo dedicó su vida a la música y a los escenarios, sino también a la ingeniería.
Ante la gravedad de su estado, la familia de la artista lanzó una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos de tratamiento y medicamentos necesarios para salvar su vida.
Las recientes cifras de feminicidios generan alarma y preocupación entre activistas, quienes advierten que los crímenes se están cometiendo con niveles cada vez más extremos de violencia y saña. Por ello, piden a las autoridades no ignorar las denuncias previas, realizar seguimientos adecuados y responder de forma inmediata a los casos de violencia.
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