La Paz, 14 de julio de 2026 (ANF).- Las mujeres con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual o mental, constituyen la población en mayor situación de vulnerabilidad frente a la violencia sexual en Bolivia, según advirtió Javier Salguero, exdirector del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis). El exfuncionario alertó que estos hechos ocurren de forma recurrente en distintos espacios y evidencian graves falencias en la protección estatal.
Salguero sostuvo que las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad enfrentan un riesgo “doble o triple” de sufrir delitos sexuales en comparación con el resto de la población. Explicó que las agresiones no solo se producen en las calles, barrios o comunidades, sino también dentro del entorno familiar, donde muchas veces permanecen ocultas.
Asimismo, denunció que existen casos de violaciones múltiples y abusos cometidos incluso por efectivos policiales, particularmente cuando mujeres con discapacidad son detenidas en celdas bajo prejuicios que las califican de personas con problemas de alcoholismo o consumo de drogas.
“Las mujeres con discapacidad son la primera población en situación de vulnerabilidad que sufre violaciones en Bolivia”, afirmó Salguero en contacto con ANF, quien advirtió que la falta de intervención oportuna favorece la repetición sistemática de los abusos.
El exdirector de Conalpedis señaló que esta cadena de violencia puede derivar en consecuencias extremas, como desapariciones, feminicidios o embarazos producto de violaciones, especialmente en mujeres con discapacidad mental que posteriormente enfrentan la maternidad sin apoyo institucional ni condiciones adecuadas.
Aunque la legislación boliviana establece que la discapacidad constituye un agravante en los delitos sexuales, Salguero consideró que la aplicación de estas normas es insuficiente. También cuestionó la burocracia para registrar a las personas con discapacidad, situación que, a su juicio, dificulta la implementación de políticas públicas de prevención y protección.
El especialista lamentó además la ausencia de información actualizada sobre esta problemática. Recordó que el último estudio integral fue realizado por la Defensoría del Pueblo en 2012 y publicado entre 2015 y 2016, y sostuvo que, lejos de mejorar, la situación se habría agravado hasta 2026.
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