La Paz, 21 de junio de 2026 (ANF).- El feminicidio no termina con la muerte de una mujer. Sus consecuencias se extienden hacia sus hijos, familiares y comunidades, generando una crisis social que combina dolor psicológico, precariedad económica y obstáculos institucionales para acceder a la justicia. Así lo analizaron Eulogia Tapia, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres; Mary Marka, delegada titular del Consejo Ciudadano de la Mujer del municipio de La Paz; y Freddy Huaraz, experto y consultor en temas de violencia.
Para Tapia, el feminicidio representa la desaparición del principal soporte emocional y organizativo dentro de una familia. Explicó que, cuando una madre es asesinada y el padre queda privado de libertad, los hijos quedan en una situación de desprotección profunda, sin la contención que antes les permitía sentirse seguros.
“Los niños pierden su nidito”, señaló Tapia en el programa de Sumando Voces, al referirse al impacto que sufren los huérfanos de feminicidio. La especialista advirtió que una de las consecuencias más dolorosas es la separación de hermanos, debido a que muchas familias de acogida —principalmente abuelos o tíos— no cuentan con recursos suficientes para asumir la crianza de varios menores.
A esta ruptura familiar se suma el trauma psicológico. Tapia sostuvo que muchos sobrevivientes atraviesan procesos de duelo complejos que no reciben atención adecuada, debido a la falta de centros especializados y de acompañamiento permanente para enfrentar las secuelas de la violencia extrema.
Desde una perspectiva económica, Marka explicó que el feminicidio también representa una pérdida para el desarrollo del país. Recordó que desde 2013 se registraron más de mil mujeres víctimas de este delito, muchas de ellas en edad productiva y reproductiva, lo que implica la pérdida de su aporte laboral y económico.
La representante del Consejo Ciudadano de la Mujer señaló que, tras un feminicidio, la carga económica suele trasladarse a las familias. Indicó que cerca del 70% de los gastos relacionados con la sobrevivencia de los huérfanos y el acceso a la justicia son asumidos por familiares, mientras que el apoyo estatal continúa siendo limitado.
La situación se agrava durante los procesos judiciales. Marka describió estos trámites como un “viacrucis” para las familias, que deben cubrir abogados, transporte, fotocopias y otros gastos durante años. Relató que existen casos en los que las audiencias fueron suspendidas cientos de veces, afectando especialmente a familias rurales que deben viajar constantemente para buscar justicia.
Además, algunas familias terminan endeudándose para sostener los procesos legales, mientras otros familiares pierden sus empleos por las reiteradas ausencias laborales. Incluso, según Marka, se han reportado situaciones donde los familiares deben asumir costos básicos vinculados a procedimientos forenses por supuestas limitaciones presupuestarias.
Huaraz cuestionó que las respuestas estatales se hayan concentrado principalmente en castigar al agresor, sin abordar las causas estructurales de la violencia. Señaló que normas como la Ley 348 y la Ley 1680 presentan avances, pero todavía enfrentan problemas de aplicación.
Advirtió que, en algunos casos, los beneficios destinados a huérfanos de feminicidio no llegan de manera oportuna porque dependen de una sentencia ejecutoriada contra el responsable, un proceso que puede extenderse durante años.
/FC//smr
Articulo sin comentarios
