La Paz, 14 de diciembre de 2025 (ANF).- El alcalde de Guanay, Víctor Ticona, denunció que la dirigencia de la zona Miguel Dolling y líderes de la Federación de Juntas Vecinales (FJV) ejercen un control violento y abusivo sobre vecinos del municipio, en la provincia Larecaja del departamento de La Paz, mediante avasallamientos, tráfico de tierras y actividades vinculadas a la minería ilegal. Según la autoridad municipal, estas acciones han generado un clima de miedo, caos institucional y destrucción de áreas productivas, mientras un reducido grupo de dirigentes se beneficia económicamente.
Ticona identificó a dirigentes de Miguel Dolling, entre ellos Rudy Arenas que cuenta con un proceso penal, como actores centrales de los avasallamientos, presuntamente en connivencia con la empresa minera Flormining.
“Son dirigentes agresivos, violentos, que han hecho todo lo que han querido”, afirmó el alcalde a ANF, al señalar que se estarían vendiendo terrenos de manera ilegal a 5.000 bolivianos por lote, configurando tráfico de tierras dentro del área urbana del municipio, sin ningún tipo de autorización municipal.
De acuerdo con la denuncia, los dirigentes habrían autorizado a la empresa minera a realizar movimientos de tierra sin permiso, bajo el argumento de trabajos de descolmatación del río. Sin embargo, tanto el alcalde como los vecinos aseguran que se trata de minería ilegal de oro. Estas acciones habrían provocado el avasallamiento de al menos 50 áreas de cultivos, enterrando plantaciones frutales y platanales con escombros, sin aviso ni coordinación con los productores afectados, con el objetivo de habilitar lotes para su posterior venta ilegal.
El alcalde también denunció un sistema de coerción sobre la base social de Miguel Dolling. Según Ticona, los dirigentes obligan a más de 200 personas a actuar en bloque, imponiendo multas de 200 o 500 bolivianos y forzándolas a cerrar la Alcaldía o movilizarse cuando alguien cuestiona sus decisiones.
“Si alguien habla en contra de ellos, obligan a sus bases a venir en masa y amenazan con tomar la alcaldía”, sostuvo, al anunciar que realiza una evaluación jurídica para sumarse a las denuncias presentadas por los vecinos afectados.
Las acusaciones del alcalde coinciden con los testimonios de los vecinos. Una de las afectadas por el avasallamiento de sus cultivos, describió a la dirigencia como “muy radical” y orientada a “oprimir y silenciar incluso a su propia gente”. Denunció abuso de poder, amenazas constantes y agresiones durante inspecciones.
“Una dirigenta me agarró de la mano y me reclamó por qué llevaba a la Policía”, relató a ANF, al recordar también la insensibilidad mostrada hacia una adulta mayor que lloraba por la destrucción de sus plantas y fue burlada por una dirigenta.
Otro vecino, calificó a los dirigentes de Miguel Dolling como “gente muy prepotente y abusiva”, que se cree dueña de las tierras sin contar con documentos legales. Los afectados aseguran que quienes se atreven a denunciar enfrentan represalias judiciales, incluyendo procesos impulsados por los mismos dirigentes, con presunta invención de pruebas y apoyo de sus bases, con el objetivo de paralizar las causas en su contra.
Los vecinos también denunciaron un sistema de control social basado en sanciones económicas y trabajos comunales obligatorios. “Hay mucha gente del mismo Miguel Dolling que no quiere denunciar porque tiene miedo”, afirmó otro vecino, al señalar que familias humildes que perdieron sus platanales bajo tierra, ordenado por sus propios dirigentes, se ven obligadas a “quedarse calladitas” para evitar castigos. Otros relataron hostigamientos constantes y presiones que los obligaron a abandonar sus plantaciones y la zona.
Complicidad de la Junta de Vecinos
En paralelo, el alcalde Ticona responsabilizó a dirigentes de la Federación de Junta de Vecinos (FJV) y de las OTB de beneficiarse de la minería ilegal y de apropiarse de recursos públicos. Denunció que un grupo tomó el control de la tranca de peaje municipal, cobra los ingresos y se queda con el dinero sin rendir cuentas.
“Con esos recursos controlan a la gente y a todo el municipio”, afirmó a ANF. Identificó además a Dagir Núñez, presidente de la FJV, como involucrado en procesos por minería ilegal, robo de minerales y contratos lesivos al Estado, y cuestionó la ejecución de pequeñas obras con costos inflados y sin fiscalización.
Ticona reconoció que el nivel de presión y criminalización lo llevó a reducir su participación directa en las denuncias, ante el temor de ser incriminado por los mismos actores que denuncia.
“Al que denuncia lo meten a la cárcel”, afirmó y responsabilizó por esta situación a la labor de la fiscalía.
Ticona también deslindó responsabilidad sobre los daños ambientales futuros por el inmenso movimiento de tierras por la minería ilegal y apuntó directamente a los dirigentes que autorizaron y se beneficiaron de los trabajos ilegales.
En tanto, los vecinos de Guanay exigen protección, justicia y la intervención de las autoridades competentes frente a lo que describen como un régimen de violencia, miedo e impunidad.
/LFC/
Articulo sin comentarios
