La Paz, 11 de diciembre de 2025 (ANF).- La tensión en Guanay crece mientras vecinos de distintos sectores acusan al alcalde Víctor Ticona de inacción y presunta complicidad frente a la minería ilegal y los avasallamientos urbanos que avanzan sobre cultivos, casas y espacios fiscales. Las denuncias provienen principalmente de habitantes de Wacawilo y Miguel Dolling, zonas donde empresas mineras —según los afectados— han destruido plantaciones y rellenado terrenos sin control estatal. Ticona rechazó las acusaciones y aseguró que su capacidad de acción está limitada por la Fiscalía y por dirigentes violentos que operan en la zona.
Jenny, una de las vecinas afectadas, afirmó que el alcalde “no los escucha” y que incluso sospechan que ha sido “sobornado por la minería ilegal”. Relató que el municipio se niega a aprobar los planos de sus terrenos y aseguró que Ticona tuvo “acciones” en la cooperativa Los Amigos II, señalada por destruir propiedades en Wacawilo. “No hay explicación para tanta indiferencia”, sostuvo en contacto con ANF.
La percepción de complicidad institucional también es compartida por Beverly Valencia, quien recordó que en Wacawilo madres y niños fueron agredidos cuando intentaron frenar un avasallamiento, a mediados de noviembre. Acusó al fiscal José Manuel Castro de negarse a recibir las denuncias y de “salir en defensa de los avasalladores”. “El interés de ellos es netamente minero, y la justicia está bloqueada”, afirmó a ANF.
Los reclamos se repiten en Miguel Dolling, donde las actividades de la empresa Flormining sepultaron sembradíos completos. Valentino Ríos afirmó que el alcalde no los atiende y que, pese a haber sido advertido antes de la destrucción de sus cultivos, “acciones concretas no ha tomado” hasta hoy.
“Me taparon plátano, palta y mandarina sin avisar. Avisamos a la Alcaldía y no hicieron nada. No tiene interés”, denunció en contacto con ANF.
Otro testimonio contundente es el de Diana Apaza, quien acusó al alcalde de permitir el avance de la minería ilegal por falta de control. Aseguró que Ticona sabía que Flormining no tenía autorización y que aun así dejó que la empresa instale un lavadero de oro y avance sobre tres predios. “Les han dejado hacer lo que han querido. No encuentro otra explicación que la corrupción”, señaló. Advirtió, además, que el relleno del río incrementará el riesgo de inundaciones graves.
“Con las lluvias la Alcaldía va a tener que reponer, se le ha dicho, pero no hace caso”. Se estima que al menos 50 parcelas de cultivo fueron sepultadas por la empresa minera Flormining, representada por Juan Carlos Quispe, que actúa con la complicidad del dirigente de Miguel Dolling, Rudy Arenas Aranda. Ambos cuentan con denuncia penal, sin embargo, siguen operando.
Juan, otro vecino perjudicado, sostuvo que el alcalde “no suena ni truena” y que su ausencia de autoridad es evidente. “Está bien metido en esto. La excusa de que se está recién enterando es tan tonta, tan absurda”, afirmó a ANF. Denunció que también sus cultivos fueron enterrados por actividades mineras realizadas en complicidad con la dirigencia local. “La corrupción es total”, concluyó.
Enrique Silva coincidió: aseguró que la Alcaldía, el Concejo Municipal y las autoridades cívicas están “mirando de palco” toda esta injusticia que se justifica por la explotación ilegal de oro que beneficia a unos cuantos. Perdió todos sus cultivos bajo cinco metros de tierra y piedra. “Actúan como si nada pasara. No hay control del Estado”, lamentó.
La versión del alcalde
El alcalde Víctor Ticona reconoció que no ha intervenido directamente en Miguel Dolling, pero justificó su posición señalando que la Fiscalía intenta incriminarlo luego de que presentara una denuncia contra la minería ilegal, el último trimestre del año pasado.
“Aquí, al que denuncia, lo meten a la cárcel”, afirmó en contacto con ANF. Añadió que, por esta razón, incluso debe presentarse en audiencias como sindicado y ya no puede usar la representación legal del gobierno municipal.
Ticona también culpó a los dirigentes de Miguel Dolling, a quienes describió como “agresivos y violentos”. Aseguró que obligan a las bases a marchar o cerrar la Alcaldía cuando alguien cuestiona sus actividades, imponiendo multas a quienes no acatan.
El alcalde criticó además la falta de acción de entidades de control como la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), a la que acusó de “proteger la minería ilegal” y de no hacer presencia en Guanay. Dijo que las comisiones del gobierno departamental tampoco acudieron a realizar inspecciones.
Sobre el tráfico de tierras, confirmó que dirigentes de Miguel Dolling venden lotes en 5.000 bolivianos y reiteró que esas acciones son ilegales debido a que la venta de terrenos está prohibida, más aun al tratarse de propiedad municipal.
Respecto a los daños denunciados, indicó que la Alcaldía se adherirá a la demanda presentada por las víctimas, una vez concluya el análisis técnico y legal.
Guanay enfrenta un escenario de anarquía local, entre denuncias de corrupción, advertencias de desastre ambiental y una pugna abierta entre autoridades y vecinos, donde la minería ilegal avanza sin control y donde ni el Estado ni el gobierno municipal logran —o pueden— imponer orden.
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