La Paz, 29 de abril del 2026 (ANF).- La Cámara Forestal de Bolivia emitió un comunicado para alertar que el Decreto Supremo 5613 promulgado por el presidente Rodrigo Paz abre la posibilidad de revertir derechos forestales que trabajan en la conservación para luego otorgarlos a “un minúsculo grupo” de personas que se hacen pasar por campesinos e indígenas, que tienen intereses políticos y económicos.
El sector cuestionó la legalidad del decreto porque estaría violando la Constitución Política del Estado y pone en riesgo la paz social y la estabilidad jurídica del país. Según la entidad, la norma establece mecanismos que podrían derivar en la reversión de derechos forestales consolidados, afectando a actores que actualmente desarrollan actividades de conservación.
Uno de los puntos más observados es el inciso d) del artículo 5, con el que se pretende reconocer ocupaciones de hecho en áreas bajo derecho forestal.
El artículo 5 de ese decreto instruye a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) a revisar las concesiones forestales maderables y no maderables en un plazo no mayor a 90 días y ese informe deberá ser entregado a comunidades campesinas e indígenas.
“El informe emitido por la ABT permitirá revertir concesiones para que el Estado posteriormente pueda convertirlas en Tierras Fiscales Disponibles y seguir el procedimiento de dotación en favor de comunidades campesinas e indígenas de acuerdo a la normativa vigente”, dice parte de ese artículo.
El sector también alertó sobre posibles impactos ambientales porque las disposiciones podrían facilitar el cambio de uso de suelo en zonas donde, por mandato constitucional y por la Ley del Plan de Uso de Suelo (PLUS), no está permitido el desarrollo de actividades agrícolas, lo que incrementaría el riesgo de deforestación.
“La Cámara Forestal de Bolivia exhorta al Gobierno nacional a reconsiderar esta norma y, en su lugar, debería promover un diálogo nacional de orden técnico e institucional que garantice la seguridad jurídica, el desarrollo y la sostenibilidad ambiental, ya que el país prácticamente tiene saneado todo el territorio nacional. Corresponde en todo caso concebir una política de Estado post saneamiento. Caso contrario, este tipo de situaciones no permitirán el desarrollo sostenible ni la estabilidad jurídica para los bolivianos”, dice el pronunciamiento.
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