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Economía

Sala Constitucional de Santa Cruz admite acción popular contra el DS 5503 que elimina la subvención a los combustibles

El recurso fue interpuesto por el abogado Wilmer Vásquez y la audiencia fue fijada para el viernes 9 de enero a las 13:00, y será virtual.
6 de enero, 2026 - 23:47
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El abogado Vásquez que interpuso los recursos contra ambos decretos. Foto: ANF
El abogado Vásquez que interpuso los recursos contra ambos decretos. Foto: ANF

La Paz, 6 de enero de 2026 (ANF).- La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió una acción popular en contra del presidente Rodrigo Paz Pereira por el Decreto Supremo 5503, que prevé las medidas económicas y sociales para responder a la "emergencia económica".

El recurso fue interpuesto por el abogado Wilmer Vásquez y la audiencia fue fijada para el viernes 9 de enero a las 13:00, y será virtual. Es en contra del presidente del Estado, Rodrigo Paz; la Asamblea Legislativa Plurinacional; el Tribunal Constitucional Plurinacional; la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.

“Se admite la presente acción popular a cuyo efecto, teniendo en cuenta las audiencias programadas con antelación, considerando que se deben diligenciar comisiones instruidas en la ciudad de Sucre y la ciudad de La Paz”. El objetivo es anular el decreto que establece la eliminación de la subvención a los combustibles.

Vásquez sostuvo que son decretos supremos que violan la Constitución Política del Estado, en relación al decreto 5503 y 5515. Contra el decreto de carácter económico fue interpuesto en Santa Cruz, mientras que en contra de la norma que faculta al mandatario a gobernar desde el exterior de manera virtual, presentó el recurso en La Paz.

“No podemos a puro decretazo saltar la Constitución”, sostuvo el abogado en declaraciones a los medios de comunicación.

El Decreto Supremo 5503 está vigente desde el 17 de diciembre, prevé una serie de medidas económicas y sociales, entre ellas la eliminación de la subvención a los combustibles.

La norma ha provocado una serie de medidas de presión de la Central Obrera Boliviana (COB), que exige su abrogación. 

/ANF/

 

 

 

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