La Paz, 16 de octubre de 2025 (ANF). - La objeción del Ejecutivo de promulgar el proyecto de ley de Suspensión Temporal de Embargos y Diferimiento de Créditos Productivos y de Vivienda Social generó molestia en los prestatarios, que anunciaron movilizaciones si no se promulga esa norma. Mientras que la Conamype rechazó su aprobación y advirtió que solo provocará un mayor endeudamiento.
“Es indignante que se objete el proyecto de ley que ellos han presentado, al parecer hay un acuerdo con las entidades financieras para que no se apruebe. Nosotros vamos a convocar a un ampliado después de las elecciones para declararnos en huelga de hambre, el ministro no puede hacerse la burla”, advirtió la secretaria ejecutiva de la Asociación de Prestatarios, Maritza Villarroel, en declaraciones a la ANF.
En ese sentido, la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Helen Rivero, afirmó que los cambios que se realizaron a la norma no beneficiarán a los más de 1 millón de prestatarios, incluso advirtió que provocará un mayor endeudamiento porque los intereses se acumularán.
“Nosotros hemos trabajado en mesas técnicas con el Ministerio de Economía y hemos respaldado la norma porque estábamos de acuerdo que iba a haber un diferimiento, ahora esa palabra lo han cambiado por un ‘periodo de gracia’ lo cual nosotros lo rechazamos. Si hacemos el periodo de gracia nos estamos sobreendeudado, ese no era el objetivo de la norma”, señaló.
El miércoles, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de Diferimiento con modificaciones y lo remitió al Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, objetó la norma ya que con los ajustes solo beneficiará a los clientes que enfrentan problemas de pago y se encuentran en mora.
Las observaciones
Rivero explicó que el ‘diferimiento’ era un aplazamiento en el pago de las cuotas durante seis meses, es decir, no iban a pagar el capital ni el interés del préstamo. Mientras que un ‘periodo de gracia’ establece que los intereses se acumularán y deberán ser cancelados cuando el prestatario inicie con el pago del crédito.
“Por ejemplo, hay personas que pagan interés de 3.000 bolivianos, si lo multiplicamos por seis, se hace un monto alto y ¿van a poder cancelar ese monto para vigentar sus créditos? no van a poder cancelar. Entonces, eso ya no es ayuda”, puntualizó.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, observó una segunda modificación ya que se incluyó “clientes en mora” por lo que la norma solo beneficiará a aquellos que tienen problemas en el pago de los créditos, mientras que el resto no podrá acceder a ese beneficio.
La medida podía beneficiar a más de 1,4 millones de prestatarios que representa al 62% del total de los clientes. De esa cantidad, 100.071 están en la categoría de crédito de vivienda, 1.319.991 en operaciones de microcrédito y 12.960 en créditos a unidades pequeñas.
Empero, con el cambio anteriormente señalado la cantidad de beneficiarios se reduce a 45.000 prestatarios, es decir, alcanza al 2% del total. De los cuales, 3.163 tienen créditos de vivienda, 40.279 en microcrédito y 768 en créditos a unidades pequeñas.
Por otra parte, de acuerdo al procedimiento legislativo cuando la cámara revisora realiza cambios a una determinada norma debe remitirlo a la cámara de origen, que en este caso es Diputados, para su revisión, sanción y posterior remisión al Ejecutivo.
A criterio de la dirigente de los prestatarios, solo se hicieron enmiendas de forma al proyecto de ley y no cambios centrales por lo que consideró que no existe la necesidad que sea devuelto a la Asamblea Legislativa.
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