La Paz, 23 Mayo (ANF).- La nueva Ley de Minería contempla la creación de una entidad autárquica que administre y otorgue los contratos; según el trascendido será algo así como una Superintendencia de Minas que en el pasado dependía del Gobierno y a la que –una vez aprobada la nueva disposición–, tendrá que recurrir todos aquellos que pretendan una concesión estatal.
La propuesta viene de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), y la nueva entidad serviría para que los cooperativitas soliciten contratos de arrendamiento y eviten la aprobación legislativa; aunque –por supuesto– las empresas privadas continuarán dependiendo de una aprobación parlamentaria.
De esta forma y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) se limitará al sector productivo, puesto que también deberá solicitar áreas a la entidad autárquica a ser creada.
Sin embargo, la nueva entidad va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), que instruye a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el Artículo 158, parágrafo I, inciso 12 que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo”.
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