La Paz, 27 de marzo de 2026 (ANF).- Durante la Rendición Pública de Cuentas Final de la gestión 2025, el Ministerio de la Presidencia informó que se gestionaron 1.773 procesos penales a nivel nacional vinculados a delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. El reporte también da cuenta de la tramitación de 366 nuevas denuncias por hechos irregulares, en el marco de las políticas estatales de transparencia y control.
La información fue presentada por autoridades del área durante el acto oficial, en el que se expusieron avances en casos considerados de relevancia nacional, como Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), la doble vía El Sillar, el Fondo Indígena, BoTrading e YPFB. Según el informe, varios de estos procesos derivaron en la aplicación de medidas cautelares y detenciones preventivas contra personas involucradas.
En el ámbito económico, el Ministerio destacó la recuperación de 2.300.352 bolivianos provenientes de delitos de corrupción, recursos que fueron restituidos al Estado como parte de las acciones judiciales y administrativas impulsadas durante la gestión.
El director de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Iván Rodrigo Vaca Parrado, explicó que estos resultados responden a una estrategia integral que combina persecución penal, prevención y fortalecimiento normativo. En esa línea, se implementó un sistema de denuncias anónimas mediante código QR, con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano y resguardar la identidad de los denunciantes.
En el componente preventivo, el Ministerio reportó que 7.423 niños y adolescentes fueron alcanzados por la difusión de la serie “Trascender”, orientada a promover valores de transparencia. Asimismo, se desarrollaron 12 talleres de ética con la participación de 622 universitarios en distintos puntos del país.
Respecto al contexto internacional, se informó que Bolivia fue incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2025, por lo que se ejecuta un plan de acción para revertir esta situación. Entre las medidas adoptadas, se impulsa una modificación al Código de Procedimiento Penal, ya aprobada en la Cámara de Diputados.
Finalmente, desde la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) se anunció el inicio de un proceso de transparencia en 67 empresas estatales, con el propósito de visibilizar su situación técnica y financiera. El informe también recoge intervenciones de autoridades de Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación), Dirnoplu (Dirección del Notariado Plurinacional de Bolivia) y Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima), que coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y confianza institucional.
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