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Economía

IBCE califica de "injerencia" críticas del representante de la FAO sobre biocombustibles

En paralelo el Gobierno autorizó a través del DS 3784 al Comité Nacional de Bioseguridad, evaluar en los próximo 60 días, dos eventos de soya transgénica para destinarse a la producción de biocombustibles.
19 de Abril, 2019
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Gary Rodríguez, gerente General del IBCE. Foto: ANF
Gary Rodríguez, gerente General del IBCE. Foto: ANF
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La Paz, 19 abril (ANF).- El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a través de su gerente general, Gary Rodríguez calificó de “injerencista”, la posición del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia, Theodor Friedrich por calificar de fatal, la decisión del Gobierno boliviano de apostar a los biocombustibles.

“El señor de la FAO no conoce tanto nuestro país que lanza una aseveración temeraria e injerencista, criticando una política de Estado, cuando somos soberanos en las decisiones que más convenga al pueblo boliviano, para disminuir la importación de diésel y gasolina fósil que han significado 1.250 millones de dólares por importación disminuyendo nuestras reservas”, afirmó.

Rodríguez calificó de desafortunadas las declaraciones de Friedrich, por considerarlas fueron a título personal de “un empleado de la FAO, que se ha expresado de manera indebida en Bolivia, criticando una política de Estado que tiene que ver con los biocombutibles, con el bioetanol desde el año pasado y los bicocombustibles desde este año”. 

El Representante de la FAO, de origen alemán y experto en agricultura de conservación señaló respecto a la apuesta al modelo de los biocombistibles que “esa es una decisión fatal; no ayuda a la alimentación del país, no ayuda al medioambiente, no ayuda al cambio climático, es una decisión que realmente no creo que debería apostarse”.

Sin embargo, Rodríguez dijo que las aseveraciones de Friedrich no coinciden con la posición oficial de la FAO que “alienta a los biocombustibles, sin poner en riesgo la seguridad alimentaria”.

Citó que el año 2008, la Cainco y el IBCE le entregaron al Gobierno un estudio sobre biocombustibles sostenibles. “Demostramos la factibilidad técnica, económica y ambiental, y que cada departamento de acuerdo a sus propias vocaciones agroproductivas genere bioetanol y biodiesel”.

Dijo que el documento de 400 páginas fue fruto de foros departamentales y encuentros nacionales con participación de los sectores agroproductivos y académicos de las diferentes regiones.

Friedrich advirtió que las consecuencias de habilitar tierras para los biocombustibles conllevan la degradación del medioambiente, mayor afectación de las áreas forestales y más cambio climático.

“También habrá una baja en la producción de alimentos porque también la productividad puede bajar”, señaló en el salón Gandarillas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Las declaraciones del nuevo representante de la FAO en Bolivia, no solo generó reacciones adversas del IBCE, también el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, y el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez lamentaron su posición frente al modelo de los biocombustibles implementado en en el país. 


Liberación de dos eventos de soya 

En paralelo el Gobierno aprobó el decreto supremo 3784 del 17 de abril por el cual autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad, evaluar en los próximo 60 días, dos eventos de soya transgénica para destinarse a la producción de biocombustibles.

El artículo único de la norma establece: “de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal – biodiesel”.

La disposición transitoria establece que para dar cumplimiento al presente decreto supremo, en un plazo de hasta sesenta 60 días calendario computables, a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados.

El Gobierno respalda su decisión al artículo primero del decreto supremo 24676 del 21 de junio de 1997, que aprueba el reglamento 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Reglamento sobre Bioseguridad, con sus respectivos anexos que forman parte integrante del mismo. 

“Que la Ley 1098 del 15 de septiembre de 2018, establece el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de insumos y aditivos, y diésel oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía”, señala la parte considerativa.

/JMC/ 

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    IBCE injerencia FAO