La Paz, 9 de abril de 2024 (ANF).- Fundación TIERRA cuestionó la actuación de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gonzalo Hurtado Zamorano y René Yván Espada, que en “tiempo record” emitieron la sentencia 1016/2023-S4 que “obliga” a consolidar 21.000 hectáreas de tierra a favor de la familia de Branko Marinkovic y, prevé no “invocar nuevas nulidades”.
En su sentencia “No se limitaron a ordenar la vigencia de la resolución cuestionada, sino que además determinaron no invocar nuevas nulidades. Prácticamente, están obligando a titular las 21.000 hectáreas”, dice la institución a través de un comunicado en el que observó la actuación de los magistrados.
Además, la sentencia que despierta susceptibilidades “salió en tiempo record desde que llegó a manos de los mencionados magistrados el 4 de mayo del 2023 hasta su emisión el 28 de diciembre del mismo año”, es decir se pronunciaron en ocho meses, coincidentemente tres días antes de que su mandato concluyera.
El fallo dejó sin efecto la Sentencia Agroambiental Nº S2 61/2022, así como todos los actos posteriores emitidos en ejecución de la misma. La decisión favorece a la empresa Laguna Corazón S.A. en su demanda de titulación de 21.000 hectáreas del predio Tierras bajas del norte que se encuentra en el municipio de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.
Los magistrados ordenaron a través de su fallo la vigencia de una resolución administrativa 0143/202 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fue emitida durante el gobierno de Jeanine Añez (2020), la resolución que hizo valer el TCP -además- fue resultado del “uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo”, que se constituyen en delitos penales. Toda vez que la resolución salió -precisamente- cuando Marinkovic era ministro de Economía y Finanzas.
“Lo que hace el TCP es respaldar una resolución que favorece con 21.000 hectáreas a la familia del entonces Ministro de Estado, Branko Marinkovic, desconociendo de esa manera todos los trabajos técnicos y jurídicos llevados a cabo por el INRA durante más de 17 años (2002-2019)”, criticó Fundación TIERRA.
Para la institución experta en temas agrarios, la actuación de ambos magistrados “despierta razonables dudas y objeciones”, en consecuencia, pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional “iniciar una investigación parlamentaria para identificar delitos, enjuiciar a las autoridades judiciales y establecer las sanciones correspondientes”.
Asimismo, ratificó su denuncia que presentó en 2020, cuando alertó de la irregular dotación de 33.480 hectáreas de tierra a favor del entonces ministro de Economía y Finanzas, Branko Marinkovic.
En esa oportunidad, la organización señaló que el INRA estaba a punto de consolidar a favor de Marinkovic, ministro de Economía, dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria ‘Laguna Corazón’ de 12.480 hectáreas en la provincia Guarayos y la Empresa Agropecuaria ‘Tierras Bajas del Este’ de 21.000 hectáreas en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas.
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