La Paz, 10 de agosto (ANF).- La corporación minera internacional Orvana con base en Canadá, advirtió que está en riesgo una inversión que realiza a través de su filial la Empresa Minera Paitití (Emipa), a causa de conflictos laborales con un grupo de 68 trabajadores que exigen su reincorporación, pese a que no está generando ingresos.
Juan Gavidia ejecutivo de la corporación minera Orvana visitó el país para expresar su preocupación ante las autoridades nacionales del sector, “debido a la puesta en riesgo de una importante inversión que esta firma se encuentra desarrollando” a través de su filial Emipa.
“Estamos realizando una inversión muy importante en nuestro proyecto Óxidos, además de trabajos de exploración y prospección en otras zonas. Sin embargo, esas inversiones están en riesgo por el accionar de un grupo de 68 extrabajadores, que ha iniciado hace varios meses una labor de acoso judicial a la empresa y sus ejecutivos, tanto en el ámbito laboral como en el penal”, alertó Gavidia.
La empresa minera tiene sede en Santa Cruz, detalló que, en los últimos 18 años, ha generado más del 70% de los ingresos de este departamento por regalías mineras, o sea 360 millones de bolivianos, además de otros 47 millones para el municipio de San José. Mientras que en impuesto para el TGN generó Bs 362 millones y Bs 31 millones en patentes mineras destinadas al desarrollo y exploración.
“Bolivia requiere hoy más que nunca inversiones en todos los ámbitos, considerando la crisis de su producción y mercados de gas, así como la necesidad de reactivar su economía, uno de cuyos pilares es la minería. Sin embargo, en lugar de atraer inversiones, hay quienes lamentablemente las ahuyentan, boicoteando así los esfuerzos de reactivación”, lamentó el ejecutivo de Orvana.
Según explicó Gavidia, EMIPA se encuentra sufriendo acoso por parte de un grupo de extrabajadores, que desde 2020 presionan a la justicia para ser favorecidos con fallos que, en caso de ser ratificados, ocasionarían la quiebra de la empresa y la cancelación de su proyecto de procesamiento de Óxidos, que supone una inversión de Bs 83 millones en los próximos años, de los cuales ya se han invertido 22 MM.
“Este acoso, con presiones públicas a las instancias judiciales, ha desembocado en la inadmisible situación de que actualmente el Gerente General de EMIPA esté arraigado y con medidas cautelares, pese a ser un destacado profesional del ámbito minero. Estas presiones dañan a la empresa y pueden decidirnos a declarar su quiebra y abandonar nuestras inversiones en Bolivia”, expresó Gavidia.
Antecedentes del caso
EMIPA es un complejo minero-metalúrgico del país, construido con una inversión en infraestructura y equipamiento pesado de Bs 475 millones. La generación de fuentes de empleo directo de EMIPA llegó hasta 253 personas y mantuvo en actividad a más de 400 contratistas de forma simultánea.
“Toda actividad de explotación de recursos naturales no renovables tiene ciclos de vida determinados por la potencialidad y rentabilidad de los yacimientos. En el caso de EMIPA, este ciclo se cumplió en noviembre de 2019, después de explotar la mina subterránea Don Mario, la mina a cielo abierto Don Mario y los yacimientos Cerro Félix y Las Tojas”, sostuvo Gavidia.
“Llegamos a procesar hasta 2.200 toneladas diarias de mineral a pesar de un constante aumento de los costos de operación y de un considerable costo laboral, ya que nuestros trabajadores eran los mejor pagados del sector en Bolivia. Este hecho, además de factores técnicos propios de un yacimiento complejo, contribuyó a la decisión de suspender operaciones y encarar un nuevo ciclo”, puntualizó.
Explicó que la suspensión no ha significado el cierre de la empresa, sino una reducción de las actividades para concentrarse en el proyecto de procesamiento de Óxidos, que consiste en el aprovechamiento de más de 2 millones de toneladas de mineral complejo ya minado y en reserva que tiene contenidos metálicos.
Hasta el momento de la efectiva puesta en marcha de este proyecto, EMIPA no está generando ni generará ningún tipo de ingreso, “motivo por el que redujo todos sus costos y gastos y se vio obligada a prescindir de trabajadores, técnicos y administrativos que conformaban un equipo humano valioso, pero diseñado para actividades productivas extractivas”, precisó Gavidia.
“De esta forma, procedimos a la desvinculación paulatina de parte del personal, cumpliendo todas las condiciones que la ley exige, destinando más de $us 6 millones al pago de beneficios sociales, cuyo monto líquido promedio por persona asciende a más de Bs. 169.000, sin contar los quinquenios anteriores”, refirió.
“La gran mayoría de los extrabajadores aceptó este pago de beneficios y el cambio de ciclo de forma serena y racional; sin embargo, desde abril de 2020 los trabajadores que ahora presionan a las autoridades judiciales ocuparon durante varias semanas, de forma irregular, en plena emergencia sanitaria y rompiendo la cuarentena, el campamento de Mina Don Mario”, sostuvo.
“Este grupo reducido y radicalizado sigue llevando a cabo una campaña de hostigamiento judicial contra EMIPA, con todo tipo de demandas y chicanerías para forzar su reincorporación; frente a ello, hemos expuesto a la justicia que los yacimientos se han agotado y es materialmente imposible mantener actividades como antes, por lo que dada la causal de fuerza mayor imprevisible e inevitable para las partes, la desvinculación fue justificada y los pagos de beneficios sociales previstos por la norma se han cumplido oportunamente”, comentó.
“Todos los niveles de gobierno municipal, regional y nacional han sido notificados de nuestra clara voluntad de continuar invirtiendo en Bolivia en los próximos años. Asimismo, han verificado nuestro estricto apego a las normas nacionales. Sin embargo, en caso de que el hostigamiento judicial de algunos extrabajadores continúe, dichas inversiones y proyectos, que tanto necesita el país, podrían quedar en nada en los próximos días”, concluyó Gavidia.
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