La Paz, 2 de abril (ANF).- Las cifras del coronavirus están a horas de superar el millón de contagios en el mundo y las 50 mil muertes. A su paso, esta pandemia ha resquebrajado la economía inclusive de grandes potencias y con mayor razón la de países en vías de desarrollo. Ante esto, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), sugiere encaminar acciones concretas de política pública.
“Se requiere atender con prioridad las necesidades de la población trabajadora antes que la ganancia de las empresas privadas y los capitales financieros, rompiendo la rigidez de las recetas neoliberales acerca del déficit público y el endeudamiento”, recomienda esta instancia ante las medidas asumidas desde el gobierno.
Diferentes líderes y gobernantes han tomado medidas frente a la expansión acelerada del coronavirus. Países en Sud América, como Bolivia, determinaron aislamientos obligatorios y cuarentenas en medio de la pobreza y extrema pobreza de miles de familias, muchas de ellas subsistiendo con ingresos mínimos en trabajos precarios e informales.
“Mientras la difundida ‘informalidad’ del empleo obstaculiza el cumplimiento de la cuarentena, su mayor precarización –como producto de la inactividad forzada de los trabajadores– puede convertirse en un agravante severo de la situación económica, en especial del empleo”, advierte el CEDLA.
A la par del anuncio de la extensión de la cuarentena nacional hasta el 15 de abril, la presidenta Jeanine Áñez dio a conocer que en apoyo de las personas más vulnerables se determinó la entrega de una “canasta familiar” de 400 bolivianos en efectivo, misma que comenzará a distribuirse desde este viernes a través de entidades financieras.
“La reducida magnitud del ‘bono familia’ no permite solventar ni siquiera una canasta básica alimentaria para una familia tipo, y el retraso en su pago contrasta con la intención gubernamental de vaciar las calles”, remarca el CEDLA.
Si bien los organismos internacionales anticiparon que esta emergencia continuará en el mundo hasta un mediano o largo plazo, las secuelas económicas ya son notorias en diferentes regiones. “La superación de esta crisis, debería ser, al contrario, un escenario para reactivar y potenciar la iniciativa y la participación de la sociedad civil, en un marco de respeto y garantía del más amplio ejercicio de los derechos humanos, sociales y políticos de todo el pueblo boliviano”, añade el pronunciamiento del CEDLA ante los efectos “abrumadores” de las crisis sanitaria y sus consecuencias económicas.
Advierte que el tiempo que dure la emergencia será un período de “escasa generación –sino de ausencia total– de ingresos para más del 70% de la población urbana y otra parte importante de los productores campesinos.
Acciones concretas
Entre las acciones concretas que se sugiere está gestionar el diferimiento del pago del servicio de deuda pública externa con organismos financieros internacionales y países acreedores, para liberar recursos de urgente necesidad, además de evaluar la condonación de impuestos a los sectores económicos más débiles, en dirección hacia una reforma tributaria más progresista.
Se debe considerar, asimismo, la compra y estocamiento de minerales por parte del Estado que “en el caso de los minerales tradicionales como el estaño, permita la estabilidad del empleo y la subsistencia de las empresas estatales, las cooperativas y las pequeñas empresas productoras, y en el caso de la producción aurífera, la obtención de ingresos fiscales, dado el creciente papel de refugio de este metal en la actual crisis”.
Alternativas para adecuar y/o reconvertir pequeñas industrias (proveedoras de insumos médicos, de bioseguridad, de alimentos y de otros bienes básicos) por el tiempo que dure la emergencia, con el objeto de garantizar el empleo, deberían ser evaluadas, lo mismo que la necesidad de establecer el seguro de cesantía para los asalariados, beneficio que en el corto plazo podría financiarse con los recursos acumulados en el Fondo de Colectivo de Riesgos del sistema de seguridad social.
Plantea el CEDLA utilizar los recursos descontados a los gobiernos subnacionales para incentivar a las empresas petroleras trasnacionales, sería otra alternativa para generar programas de empleo e ingresos de emergencia para la población pobre de los municipios.
Las autoridades deberían asumir también las modificaciones presupuestarias y otras medidas extraordinarias de mayor alcance, “con la seguridad de que están justificadas por la utilidad pública y el bien mayor de la salud del soberano”.
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